societat-i-conflicte-social-al-segle-xix-20-728[2] Incendi del vapor Bonaplata

TIEMPO DE LUCHA OBRERA (1854-1856)

TIEMPO DE  LUCHA OBRERA

El nacimiento del sindicalismo

Lluís Miró i Solà

ADVERTENCIA: El autor de este escrito no autoriza su reproducción por ningún medio, aunque ésta se llevara a cabo sin finalidad de lucro. Las citas deberán indicar el nombre del autor, el título y que el escrito ha sido editado por la web SEGLEDINOU.CAT en el año 2017.

societat-i-conflicte-social-al-segle-xix-20-728[2] Incendi del vapor Bonaplata

  1. Algunos antecedentes de la lucha obrera.
  2. Las huelgas de las selfactinas (1854)
  3. La intervención del Estado: la ejecución de Josep  Barceló Cassadó.
  4. De la huelga general de julio de 1855 al final del bienio progresista.
  5. Aproximaciones para el análisis. 

Mis colegas, retirados del negocio, solían decirme: “Desengáñate, los hombres de nuestra clase debemos apoyar el gobierno a todo trance. El orden es lo primero”. Lo chusco es que hablaban de buena fe. Para ellos el orden consistía en que no anduviéramos a tiros por las calles, más que se minasen los cimientos de la sociedad con el sistemático quebrantamiento de todas las leyes naturales y positivas. No veían los cuitados que todo esto era sembrar tempestades para lo venidero. Josep Coroleu
Memorías de un menestral de Barcelona (1792-1854).

Yo quiero libertad total; libre, el fabricante, para admitir y despachar [trabajadores]. Pascual Mádoz. Las Cortes. Debate del 19 de mayo de 1855.

Es ya notorio que casi siempre que la autoridad ha intervenido en la cuestión del trabajo industrial […], lo ha hecho con notable desacierto, acumulando combustible en la mina que más o menos tarde había de reventar. Joan Mañé i Flaquer. Necrológica de Josep Sol i Padrís. Diario de Barcelona, de 28 de julio de 1855.

Hay la manía, señores, de gobernar demasiado. Laureà Figuerola Ballester. Las Cortes. Debate de 19 de mayo de 1855.

Engels estableció que la primera forma de revuelta del proletariado contra la gran industria fue la criminalidad, es decir los obreros que mataban a los patronos […] después demostraba que se trataba de una forma embrionaria y no demasiado eficaz; la segunda forma, a un nivel superior, fue la destrucción de máquinas. Tampoco ésta llegaba demasiado lejos puesto que las máquinas inutilizadas eran substituidas por otras […] cuando la revuelta toma conciencia es con la constitución de la asociación, el sindicalismo en sentido original. Víctor Goldschmidt.  Diálogo con Michel Foucault. “Sobre la Justícia Popular. Un diálogo sobre el Poder y otras conversaciones”. Alianza Editorial. Madrid, 1981.

Madrid n’est pas encore une capital et cela est parce que depuis quarante ans l’Espagne n’ha pas un gouvernement sérieux […] Londres, Paris, Bruxelles. Berlin, Vienne, referment l’élite des arts, de la science, du commerce, de l’industrie […] A Madrid il n’y a que des employés, et le gouvernement […] La Catalogne inquiète sérieusement aujourd’hui les espagnols […] et l’on s’aperçoit avec effroi que ses intérêts ne sont point ceux de toute la Péninsule. Il y a en Espagne un Manchester sans avoir un Londres… Journal de Madrid. 17.7.1855

1. Algunos antecedentes de la lucha obrera.

Constan determinadas acciones contra los telares mecánicos, llamados genéricamente ”selfactinas”[1] , ocurridas en la década de los años veinte del siglo XIX, en Alcoi y durante las décadas posteriores en diversas poblaciones catalanas. Jaume Vicens Vives, en “Industrials i polítics”, así como Ferran Soldevila, en “Història dels catalans[2] , nos explican que las primeres acciones obreras se produjeron en el llano de Barcelona durante los años 1823 y 1827.

En el primer suceso, grupos de desesperados, de miserables, también llamados “hombres de la blusa”, asaltaron y saquearon los almacenes de los hacendados y comerciantes que pudieron encontrar. No sabemos que estos revoltosos plantearan formalmente alguna reivindicación.

En el segundo episodio, ocurrido en 1827, aparece la simiente que desde entonces ha originado la acción sindical: la reivindicación de la limitación de la jornada laboral y de mejor salario, así como del reconocimiento del derecho de asociación, a fin de pactar colectivamente con los patronos las condiciones de trabajo. Concretamente, el grupo de hiladores y tejedores que entonces levantó su voz lo hizo mediante una reclamación escrita que dirigió al capitán general, Carlos Llauder, protestando por el aumento de las tiradas de hilo y tela, el incremento de la jornada laboral sin retribución adicional y, en definitiva, las amenazas por parte de la patronal de rebajar los jornales y despedir los trabajadores que no admitieran sus dictados. Al cabo de los años, el 2 de julio de 1834, fabricantes y tejedores acordaron delimitar la producción diaria de un trabajador en un número de canes determinada [3] .

Las bullangas barcelonesas de la década de los treinta y en concreto, la del año 1835, presentaban un trasfondo importante de reivindicaciones obreras. Los revoltosos no solamente incendiaron iglesias y monasterios, sino que también pegaron fuego a centros fabriles. La quema de la fábrica Bonaplata ha sido la más recordada.

En febrero de 1842, la Asociación de las clases trabajadoras dirigió a los diputados de las Cortes un manifiesto mediante el cual denunciaba que los obreros estaban sometidos a condiciones de trabajo y de vida infames. La asociación agrupaba a blanqueadores, “capçadors” (¿remachadores?), zapateros, pintores, carpinteros, hiladores, tejedores, impresores, tintoreros y serradores.

Imagen idílica de una fábrica textil catalana.
Imagen idílica de una fábrica textil catalana.

Los alzamientos populares de 1842 y 1843- la “jamancia”- fueron sostenidos con las armas por los más desfavorecidos y entonces algunos operarios industriales dirigieron partidas de republicanos que luego enlazaron su lucha con la de los “matiners” – por ejemplo, fue el caso de la partida de Noi Baliarda, de Sant Andreu-.

Durante los primeros ocho años de la década moderada (1845-1853), Ramón María Narváez- “el espadón de Loja”- ejerció la dictadura, disfrazada, a duras penas con apariencias parlamentarías y basada, en la práctica, en el estado de excepción eterno, la corrupción administrativa y financiera, la censura cultural y política, así como en la militarización de la gobernación.

En plena guerra de los “matiners” (1846-1849), el Diario de Barcelona sintetizaba la opinión publicada en un periódico progresista: “nuestra edad es la de las máquinas… nada se hace ya directamente a mano… se persigue al artesano en todos los talleres y se le reemplaza con agentes inanimados mas espéditos y robustos… la lanzadera se ha escapado de las manos del artesano, es lanzada por los dedos de hierro que le dan un impulso más vivo… el marinero recoge sus velas y depone sus remos y manda a otro cuyo impulso, cuya fuerza es inagotable, que le lleva a través de los mares sobre sus alas de vapor… el poder de la raza humana ha recibido con esto un aumento portentoso y es muy satisfactorio el pensar que con una cantidad dada de trabajo estamos mejor alojados, mejor vestidos, mejor alimentados. Deja empero al examen de los economistas las mudanzas que deba ocasionar esta nueva fuerza en el sistema social y lo que debe resultar, en definitiva, de esta acción incesante, que, aumentando la mole de las riquezas, propenden a acumularlas mas y mas en las mismas manos y à aumentar la distancia que separa el rico del pobre”.

Durante este periodo, las autoridades, el gobierno y los grandes industriales temían el incremento del número de los obreros parados porque muchos de ellos se alistaban a las partidas armadas de rebeldes, fueran carlistas o republicanas. Constantemente, las autoridades acusaban a los revoltosos- sobre todo, a los carlistas- de los ataques e incendios de fábricas. El general Ramón Cabrera tenía en cuenta los efectos de esta acusación y en el mes de julio de 1848 proclamó lo siguiente: “Catalanes! Ya hace algún tiempo que me encuentro entre vosotros y en mi amada patria […]. Escuchadme, jamás el más magnánimo príncipe pensó en destruir vuestras fábricas e industria […] Catalanes! Sabéis de sobra que yo soy feliz de haber nacido entre vosotros…”

Durante el año 1854 hubo dos huelgas correlativas. La primera se inició el 23 de marzo en la fábrica de los hermanos Muntades, radicada en Sants y se extendió rápidamente por todo el llano barcelonés. La represión de la autoridad llevó ochocientos obreros a presidio y entonces, a partir del 2 de abril, disminuyó la resistencia de los trabajadores, aunque el malestar se mantuvo hasta el día 15 e incluso hasta algunos días más tarde.

La segunda huelga se desarrolló a partir del mes de mayo y desembocó, después que el líder obrero Josep Barceló fuera ejecutado, en la huelga general de julio de 1855.

La huelga de julio de 1854 ha sido la de más renombre histórico puesto que, a menudo, ha sido considerada por los historiadores españoles como una especie de apéndice del levantamiento militar de los generales Leopoldo O’Donnell y Dulce- con el asentimiento del general Baldomero Espartero- que puso punto final a la década del gobierno de los liberales moderados y que se conoce con el nombre de “Vicalbarada”. Es decir, la segunda huelga de las “selfactinas” se produjo en un momento de crisis política, habiendo caído el último gobierno moderado, presidido por Bravo Murillo, cuando parecía que el poder central perdía fuelle y algunos optimistas incluso pronosticaban el cambio de régimen.

El enfrentamiento clasista constituía una evidencia que se mostró rudamente en los numerosos alborotos que surgían en la ciudad condal y en los pueblos más cercanos, así como en los de las comarcas de el Vallès, el Baiges y Alt y Baix Llobregat, los cuales se reproducían en otras ciudades más alejadas de la capital (Valls, Reus…). Precisamente, la industrialización y la existencia de un numeroso proletariado, así como la vecindad de Cataluña con Francia- según insistían los sucesivos capitanes generales en sus informes- originaron que en el Principado arraigaran los idearios republicano y socialistas- el primero, plantado por Abdó Terradas y los segundos por Proudhon, Luis Blanc y sobre todo, por Cabet.

La situación de injusticia a la cual estaban sometidos los trabajadores no se debía únicamente a la opresión de las fuerzas estatales-concretamente, del ejército, aunque ocupara el país- sino que, en primer término, la dominación abusiva fue mantenida por la clase de los potentados industriales y grandes propietarios catalanes. El cambio constante de capitanes generales, cada uno de los cuales solamente permanecía en el cargo algunos meses, se explica por la capacidad de entendimiento que cada uno demostraba con la Junta de Fábricas y con los miembros de las clases dirigentes autóctonas, en relación a la voluntad intervencionista oscilante de las autoridades de Madrid. Manuel Pavía Lacy y Fernando Fernández de Córdova fueron capitanes generales sucesivos de Cataluña durante la guerra de los “matiners” (1846-1849) y mantuvieron una discusión en Las Cortes, en el curso de la cual Fernández de Córdova afeó a Pavía que hubiese gobernado la “provincia” catalana según el dictado de los industriales y aseguró que el gobierno del Estado no podía permitir que allá hubiera “otro gobierno”.

2. Las huelgas de las “selfactinas” (1854).

Los episodios de las huelgas de las “selfactinas” del año 1854 se significaron, en primer lugar, por los grandes disturbios y ataques a las propiedades industriales que protagonizaron los obreros y otros miembros de las clases sociales más desfavorecidas, aunque la prensa no publicó demasiadas noticias al respecto. Las redacciones de los periódicos procuraron disimular el carácter general del seguimiento que obtuvieron estas huelgas, así como los asaltos, incendios y desordenes que se producían por todas partes.

10fenix[1]El periódico del 25 de marzo de 1854 explicaba que durante la tarde del día 23 se produjo un conato de incendio en una fábrica de la calle Carretes de Barcelona y comentaba que constituía una circunstancia digna de mención que éste fuera el tercer conato sucedido en tres días seguidos y en el mismo establecimiento.

El periódico del día 30 anunciaba la circular que el gobernador civil dirigía a los alcaldes de las poblaciones de la provincia de Barcelona, mediante la cual establecía disposiciones en relación al “cese de trabajo” que afectaba a las fábricas. En la misma gacetilla, el periodista informaba que el conflicto se había iniciado alrededor del día 25 en dos fábricas de Sants- una de las cuales, la de los hermanos Muntades, posteriormente se convirtió de La España Industrial-. El diario del día 31 confirmaba que se mantenía la situación de “suspensión de trabajo” y que por dicha razón las calles estaban ocupadas por gentes que vagaban sin hacer nada de provecho.

En la edición de día 1 de abril, el periodista, después de alabar el carácter laborioso de los catalanes, a la vez que sugería que esta virtud quedaba desmentida por los huelguistas, reconocía que en Barcelona abundaban las grandes concentraciones de obreros y explicaba que durante la jornada anterior éstos se habían reunido en la calle Fernando, la Rambla y lugares céntricos, cercanos a los mencionados. Añadía que una comisión de regidores municipales se presentó ante los manifestantes para parlamentar con ellos y procurar un medio que garantizase la solución de los conflictos laborales. También el gobernador, vestido de uniforme y montando a caballo, se acercó a los huelguistas con la misma voluntad. El gobernador discurseó a la multitud prometiendo que se preocuparía de que los trabajadores fueran tratados con justicia, si respetaban el orden público. El periodista señalaba que la actitud de los manifestantes era pacífica y se refería a los mismos con la expresión “la apreciable clase obrera”. Pero, en la misma fecha del día 1 de abril, el gobernador, Melchor Ordóñez, emitía una Orden de tres artículos compeliendo los empresarios a abrir las puertas de las fábricas, mandaba a los trabajadores que reanudaran sus labores- exactamente, a las dos de la tarde- y amenazaba con encarcelar a los desobedientes.

Con fecha del 2 de abril, el gobernador emitía otra Orden, de seis artículos, para conminar a los poseedores de armas blancas y de fuego, con permiso o que carecieran del mismo, incluidos los armeros y comerciantes, a que las entregasen a la autoridad. El gobernador avisaba que se llevarían a cabo inspecciones domiciliarias y que serían detenidos y encarcelados los infractores de su ordenanza. Ordoñez, en la misma fecha, todavía emitió una tercera Orden, reiterando la primera, exigiendo a los obreros que volvieran a sus puestos de trabajo y previniéndoles que si no obedecían les impondría graves sanciones, entre las cuales, les amenazaba con el fusilamiento. Mediante la misma regulación preveía penas de carácter económico para los empresarios que, por miedo, mantuvieran cerrados sus establecimientos y siguieran pagando los salarios a los huelguistas.

La prensa del 4 de abril consideraba que la huelga había terminado y que, en consecuencia, se había recuperado la normalidad en las calles aunque lamentaba las pérdidas económicas ocasionadas. Pero, en fecha del día 7 hubo un conato de incendio en el vapor que se conocía como “de Armengol”, radicado en la calle Riereta, de Barcelona, y a la mañana siguiente, se produjo otro incendio en la fábrica del señor Anchón, situada en la calle de Sant Pere y que se levantaba en el solar del antiguo convento de los Mínims, destruido por los revoltosos de 1835- en el mismo lugar que ahora se encuentra el Palau de la Música- y adherida, pared con pared, a la iglesia de Sant Francesc de Paula [4] . El Diario de Barcelona informó de este hecho y el gacetillero afirmó que el fuego de había originado en la fábrica y que luego penetró en la iglesia, por el lugar donde se encontraba el altar. El periodista recordaba que durante la jornada que se produjo el incendio no había soplado una brizna de viento, dando a entender que las llamas habían sido provocadas. El fuego se consideró especialmente peligroso puesto que alrededor de la fábrica perjudicada, por el lado de la calle Jonqueres, radicaban otras.

Pero el periódico del día siguiente hacía saber que el señor Anchón se quejaba de la gacetilla publicada en relación al incendio de su establecimiento ya que garantizaba que éste se había originado en la iglesia. Eso, según opinaba el autor de la queja, resultaba una evidencia ya que él mismo había revisado las dependencias de la fábrica situadas en la pared que compartía con la iglesia y comprobó el origen del fuego. Pero los razonamientos de Anchón no resultaban demasiado convincentes, sobre todo porque se empeñó en discutir la función de un calentador de la empresa, situado en la pared que daba al recinto sagrado, alegando que su función no era la que le atribuía el periodista, sino que servía para secar los tintes que se aplicaban a las telas. Está claro que la utilidad verdadera de la máquina no tenía relación con el descubrimiento del origen del fuego. En cualquier caso, Anchón se refirió a unas balas de algodón amontonadas cerca del calentador que no resultaron quemadas. El Diario de Barcelona se defendió de la queja del propietario mediante la publicación de la nota del rector de la parroquia que había fundamentado la noticia. El sacerdote testificaba que en la noche del incendio oyó una explosión en la fábrica y que luego presenció cómo las llamas penetraban en la iglesia por detrás del altar.

Lo cierto es que el fuego surgió en la fábrica de Anchón pero el propietario quiso cargar la culpa a la iglesia vecina. ¿Qué razones le impulsaron a mentir?. Supongamos que la póliza del seguro de la fábrica no cubría la indemnización de los daños por incendio provocado y ciertamente, ésta es la causa más probable de la posición que adoptó el dueño. Pero también debemos constatar que, en general y como principio, los fabricantes deseaban que los problemas laborales se arreglaran en casa y por lo dicho, la disimulación de los causantes de los incendios provocados en talleres y fábricas se repitió en lo sucesivo. Recordemos que el mismo gobernador civil confesó que muchos propietarios, habiendo cerrado sus fábricas, seguían pagando el sueldo a los huelguistas. La autoridad consideraba que esta actitud se debía al miedo que sentían los fabricantes. Aunque no podemos menospreciar la declaración de locaut por parte de los empresarios, ¿cuál fue la causa de que continuaran pagando los salarios a los huelguistas?.

En todo caso, los industriales sabían que, en primer término, les correspondía la solución del problema laboral, y que otra cosa diferente era el orden público. A los grandes propietarios no les gustaba nada la intervención de los poderes públicos en las relaciones laborales, que consideraban un asunto privado, aunque no menospreciaban la ayuda en la “negociación” que les facilitaban las fuerzas del orden y el ejército mediante la represión violenta de los obreros en la calle. Por eso es muy probable que Anchón, dejando a un lado que no le interesara que, a los efectos del seguro, se descubriera que el fuego que afectó su establecimiento había sido provocado, también le conviniera la excusa de la propagación de las llamas desde la iglesia vecina a fin de proteger alguna “negociación” firmada, en curso, o previsible. Además, la carga de la culpa a la parroquia constituía una excusa grata a los obreros. Por lo tanto, quizá Anchón se quiso ahorrar otro tipo de incendio que consideró de peores consecuencias.

Fábrica de indianas.

Efectivamente, casi coincidiendo con el fuego de la fábrica de Anchón y de la iglesia de Sant Francesc de Paula, el Diario de Barcelona del día 11 de abril anunciaba que, después que una comisión de regidores del ayuntamiento visitara al capitán general para pedirle que se legalizaran las asociaciones obreras y que las retribuciones de los trabajadores textiles se basara en las canas de hilado que produjeran y no en el número de piezas, dicha autoridad había admitido formalmente la libertad de asociación y liberó muchos presos que habían sido detenidos por alborotadores. Enseguida, diecinueve asociaciones obreras, representadas por sus líderes más significados, dirigieron al capitán general una exposición escrita con sus reivindicaciones. Uno de los firmantes de la misma, en representación de la asociación de hiladores de algodón, fue Josep Barceló Cassadó.

Adivinamos por informaciones indirectas que el malestar de los obreros debió prolongarse después del 2 de abril – fecha “oficial” del cese de la huelga- aunque a partir de entonces no aparecieron noticias de desordenes e incendios de centros fabriles. El Diario de Barcelona del día 29 de abril, comentando un artículo del periódico madrileño “Correspondencia autógrafa”, empezaba la glosa con las siguientes palabras: “Poco después de los lamentables sucesos de Barcelona…” Por lo tanto, en esta fecha, “los lamentables sucesos” ya habían ocurrido. Con fecha del 10 de mayo el mismo periódico de la ciudad condal informaba que las armas depositadas en manos de la autoridad habían sido retornadas a sus propietarios.

Consideramos, a los efectos de esta explicación, que el levantamiento obrero del mes de marzo de 1854, constituyó el precedente inmediato de la huelga que la Comisión de las clases obreras convocó el 14 de julio del mismo año.

Es evidente que la segunda huelga general del año 1854 fue convocada por las asociaciones obreras aprovechando la crisis política que se manifestó con el pronunciamiento del general Leopoldo O’Donnell en fecha del 28 de junio y el enfrentamiento armado que se produjo entre los insurrectos y el ejército leal en Vicálbaro (actualmente, un barrio de Madrid). Nadie sabe con certeza quien ganó aquella batalla- si es que alguien salió victorioso de la misma- pero lo seguro es que los insurrectos no fueron derrotados y se retiraron a La Mancha, ganando tiempo para encontrar soportes.

Entonces, en fecha del 14 de julio, los dirigentes obreros catalanes declararon el boicot a las “selfactinas” y esto originó que los trabajadores en huelga, aprovechando la agitación política y militar, volvieran a incendiar fábricas y talleres.

El Diario de Barcelona de 16 de julio publicó la primera noticia que indirectamente se refería a la huelga. Esta noticia, titulada “Pronunciamiento de la Guarnición y el pueblo de Barcelona”, explicaba que durante la madrugada los militares destinados en Barcelona se habían levantado a favor de los generales O’Donnell y Dulce, gritando “¡muerte a los ladrones!”, vitoreando la Constitución y a Espartero y cantando el himno de Riego. Tres mil soldados ocuparon la ciudad y se concentraron en la plaza de Sant Jaume- por entonces, llamada de la Constitución-. A las 7 de la mañana se pronunció la compañía de cazadores del regimiento de San Quintín, a las órdenes de un brigadier. El periódico refería la manifestación de ciudadanos que, junto con las autoridades municipales y militares, se llevaría a cabo en la misma plaza para mostrar adhesión al alzamiento militar y celebrarlo. El capitán general Ramón De la Rocha se presentó ante la multitud con una actitud que revirtió en pacífica. Habiendo transcurrido tres años, en la sesión de las Cortes del día 19 de mayo de 1857, De la Rocha confesó que en aquella ocasión se dirigió pomposamente a la plaza de Sant Jaume con la intención de reprimir el movimiento popular que se producía en el centro de la ciudad puesto que pensaba que los manifestantes deberían haberse limitado a mostrar su apoyo a los generales insurrectos, sin traspasar esta línea, pero que al darse cuenta de la magnitud de la protesta y del carácter revolucionario “socialista” que se manifestaba, en vez de enfrentarse a la gente, prefirió controlarla poniéndose al frente. Ahora bien, lo cierto es que De la Rocha, que hasta entonces había reprimido con mano dura a los trabajadores y a la población en general, cuando tomó la determinación de presentarse ante el ayuntamiento para “unirse” a los manifestantes barceloneses, se ahorró su proclamación personal, formalmente expresada, de adhesión a los insurrectos de Vicálbaro.

La corporación municipal se reunió con las autoridades militares y nombró una junta provisional de gobierno, formada por regidores, ciudadanos notables y jefes militares. A su vez, la junta designó comisiones de regidores (alcaldes de barrio) cuya misión consistía en recorrer los barrios y parlamentar con los vecinos, a fin de calmarlos y que se retiraran a sus domicilios.

El día anterior, el mismo periódico había garantizado que en Barcelona reinaba la paz más absoluta pero ahora, atendiendo a la nueva situación política, el periodista se sentía con la libertad suficiente para explicar que un poco antes de la última medianoche- es decir, durante la madrugada del día 15- cuando todavía duraba la manifestación a favor de los insurrectos, algunos grupos de individuos habían pegado fuego a las fábricas de Pere Arnau y de Josep Castells- pero solo ardió la primera- asaltaron almacenes y agredieron a personas. Después, el periodista informaba del fusilamiento de tres hombres en la Rambla de Santa Mònica, cerca de las Atarazanas y de algunos disturbios que, por esta razón, se habían producido. Posiblemente los muertos eran obreros, aunque el periódico no aclaraba las razones del sacrificio.

En el asalto e incendio de la fábrica de hilados de algodón de Pere Arnau resultaron muertos éste y su esposa. Los hijos sufrieron heridas graves. El establecimiento radicaba al lado del cuartel de las Atarazanas pero los soldados no pudieron prestar ayuda a los Arnau porqué tenían órdenes de no abandonar sus puestos. El médico Miguel Pusalgas, en el compendio que escribió sobre la epidemia de cólera que asolaba las ciudades, recordó los sucesos de la noche del 14 al 15 de julio de 1854: “Turbas de plebeya gente atacaban la propiedad y la vida del pacífico, no solo con amenazas, sino con hecho del puñal y con la tea incendiaria. Llegó a tanto el desmán, que además de asesinar alevosamente a Don Pedro Arnau y a su hijo Don Francisco e incendiar su fábrica, inutilizaron las máquinas llamadas selfactinas”.

En el día 17, la junta de gobierno distribuyó tropas por los barrios de Sant Antoni y de Santa Madrona, así como también las envió a Sant Andreu y a otras poblaciones cercanas a Barcelona, a fin de proteger las fábricas amenazadas por grupos de obreros. El capitán general, Ramón De la Rocha, emitió un bando de dos artículos. El primero decía lo siguiente: “Serán pasados por las armas en el término de 6 horas, previo juicio sumarísimo por la Comisión Militar de esta plaza, a todo el que cometa o intente pegar fuego a un establecimiento fabril o casa particular; así como los que atenten contra la seguridad de las personas”. El segundo añadía a lista de los merecedores de la pena capital los ladrones que cometieran robos por un valor superior a 20 reales. Otros tres individuos fueron fusilados en la Rambla de Santa Mónica. Los paseantes se asustaron al oír la descarga ya que no sabían que había sucedido.

Leopoldo O’Donnell.
Leopoldo O’Donnell.

Durante el 18 de julio se publicaron los nombres de un montón de pueblos del Principado que, representados por sus respectivos alcaldes y corporaciones, se adhirieron a la insurrección militar. La prensa publicó el “Manifiesto de los generales O’Donnell, Dulce y Mesina”, mediante el cual los sublevados intentaban justificar que, teniendo en cuenta la desastrosa situación del país, no existía otro medio para salvarlo que derrocar al gobierno mediante las armas: “… el principio social de la legalidad ha desaparecido […] así la seguridad personal […] siendo deportados sin forma de juicio, los ciudadanos más respetables; otros desterrados a países extranjeros […] Y entre tanto se cobran los impuestos sin autorización siquiera de las Cortes […] para atender a esta deuda flotante con que tanto tiempo se ha burlado la fe pública; para cubrir los desfalcos pasados y llevar a cabo nuevas compras de ferro-carriles a los especuladores […] ¿Hay modo de negar el pago?; ¿Hay medio de impedir tanta y tan funesta iniquidad, muerta la imprenta, muertas las Cortes, la Nación entera en estado de sitio? […] La hay: pero es en la fuerza de las armas.”

Asalto del palacio de Ma. Cristina de Borbón.
Asalto del palacio de Ma. Cristina de Borbón.

En la misma fecha estalló la revuelta popular en Madrid. La multitud enfurecida asaltó los palacios del marqués de Salamanca, del conde de San Luis y de María Cristina de Borbón, madre de la reina. El levantamiento se contagió a Valladolid y a otras poblaciones del centro y del norte de España.

En Barcelona, grupos de descontrolados formados por “hombres de la blusa”, armados de bastones, horcones, petróleo y pistolas, persiguieron y en ocasiones lincharon a personas de buena posición y a aquellas que reconocieron como miembros de la ronda policial de Jeroni Tarrés, a las órdenes del comisario Ramón Serra Monclús [5]. El jefe de la policía “secreta” barcelonesa huyó y se refugió en Perpiñán. Su lugarteniente, autor de montones de crímenes – entre los cuales se recuerda especialmente el asesinato del político y periodista republicano, Francesc de Paula Cuello- permanecía encarcelado, esperando la sentencia del juicio por el homicidio de Ros d’Espolla. Una multitud se manifestó ante la cárcel exigiendo que se diera muerte a Tarrés.

Actuación de la ronda de Tarrés. La estampa seguramente representa el asesinato del político republicano Francesc de Paula Cuello.
Actuación de la ronda de Tarrés. La estampa seguramente representa el asesinato del político republicano Francesc de Paula Cuello.

El periódico informaba que durante el día 19 los grandes establecimientos fabriles catalanes continuaban en “suspensión de trabajo”. El periodista afirmaba que si las clases sociales catalanes no se mantenían unidas, eso facilitaría la oportunidad fácil y cierta a los enemigos del progreso y la prosperidad para que se derribara el edificio que todos juntos habían construido con tantos trabajos y sacrificios. En esta misma fecha, el gobernador civil ordenó a los alcaldes de la provincia de Barcelona que alertasen a somatén ya que una partida de gente armada recorría el territorio pegando fuego a los establecimientos industriales.

El Correo de Barcelona del día 21 aseguraba que en Barcelona siempre había existido gente de mal vivir y que esta escoria, amparándose en la confianza pública, cometía fechorías. Pero la mayoría pensaba- añadía el periodista- que los malhechores no pertenecían a ningún partido político y que, simplemente, permanecían al margen de la ley. En realidad, la chusma pretendía avergonzar a los ciudadanos decentes- grupo formado por el pueblo, los trabajadores y los menestrales- aunque ciertamente, los buenos ciudadanos responderían a este reto inscribiendo el lema “respeto a la propiedad” en las puertas de los templos, fábricas y casas particulares porque – concretaba el periodista- todas las propiedades eran sagradas. En este mismo artículo descubrimos la primera acusación escrita respecto la implicación de los carlistas en el movimiento obrero, la cual devino habitual y reiterativa a partir del día 2 de julio de año siguiente, cuando, coincidiendo con la convocatoria de la huelga general, Marçal, los Tristany y otros jefes carlistas, intentaron reeditar la guerra de los “matiners”. El periodista del Correo de Barcelona, exclamaba: “¿Sabéis quienes son éstos?. Son los mismos que en 1843 […] cegaron y extraviaron buenos instintos en daño de la libertad y del país, son aquella fracción de facciosos […] verdugo de vuestros padres que incendió los pueblos y cubrió de sangre nuestros campos; es el partido de Cabrera y de los trabucaires”.

El Diario de Barcelona consideraba que había llegado el momento de divulgar el artículo de un periódico británico que reservaban de antiguo, titulado “Trabajo contra capital” porque las reflexiones que contenía resultaban aplicables a la situación vivida en Cataluña. No citaba la fuente ni el autor, ni el traductor del escrito. El autor se refería a una protesta o huelga de carpinteros de Notthingam contra la mecanización en la fabricación de molduras y en resumen argumentaba que el progreso mecánico y la lógica del sistema capitalista seguían inexorablemente su camino. El articulista argumentaba que los huelguistas podían conseguir que los trabajadores boicoteasen las nuevas máquinas pero no podían impedir que los dueños de las empresas dejasen de ser constructores (es decir, empresarios). Usando una prosa despectiva, trataba a los obreros críticos de “campeones del derecho del trabajo” y consideraba que eran cortos de entendederas ya que, en caso contrario, hubieran tenido en cuenta el precedente de los huelguistas de Preston, los cuales, junto con otros artesanos, tuvieron que enfrentarse a los empresarios que habían decidido “no sucumbir a la dictadura de los trabajadores”, aunque esta actitud les produjera sensibles daños en su economía. En cualquier caso – seguía razonando el articulista- los empresarios de Preston estaban dispuestos, en el caso de que no hubieran podido mantener sus empresas, a invertir en otros lugares, incluso en el extranjero. Por todo ello, los carpinteros de Notthingam forzosamente debían elegir entre la vuelta al trabajo o la beneficencia (textualmente, “la casa de los pobres”).

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El Diario de la Tarde de Manresa, en su edición del día 19, denunciaba la aparición de una partida armada que recorría los pueblos industriales del llano de Bages (Navarcles, Sampedor, Sallent y otros) pegando fuego a las fábricas. Cuatro miembros de esta partida, después que hubiesen robado un montón de naranjas, se subieron a la diligencia que recorría el trayecto entre Barcelona y Manresa y habían sido detenidos por los guardias de la escolta.

La prensa informaba que en Valencia, durante la jornada del día 19, la empresa constructora que llevaba a cabo las obras del canal del Turia había sido atacada por incendiarios. Los asaltantes pegaron fuego al almacén, a las carretillas de transporte y a la madera amontonada. De paso, quemaron los puentes del rio y del ferrocarril, así como robaron las herramientas de los trabajadores. La Guardia Civil les persiguió y les ocasionó un herido y un par de muertos.

La prensa del día 22 de julio informaba del acuerdo de la junta provisional de gobierno de la provincia de Barcelona sobre el procedimiento de indemnización a favor de los dueños de establecimientos industriales, o de otro tipo, que hubiesen resultado perjudicados por la destrucción de edificios, maquinaria u objetos valiosos. La percepción de la indemnización quedaba condicionada a que los reclamantes se comprometieran a invertir la cantidad que pudieran percibir en la reposición de los inmuebles y muebles perjudicados.

Una partida de gente armada entró en Sarrià durante el día 23 y asustó a los vecinos aunque el periódico no concretaba que hubiese cometido ninguna tropelía.

En la misma fecha el Diario de Barcelona divulgaba el estudio de M.Joseph Garnier, ordenado en cuatro capítulos, titulados “El poder productivo de las máquinas”, “Efectos económicos y morales de las máquinas”, “Objeciones que se han formulado contra las máquinas” y “Las máquinas son útiles a la sociedad y el trabajo, en general”. Básicamente, Garnier sostenía que el progreso técnico liberaba al hombre y por lo tanto, impulsaba el progreso social.

Continuaban las adhesiones de los municipios catalanes al alzamiento del general O’Donnell y ahora también se le unían muchas ciudades del resto de territorios españoles. Después de que Zaragoza se pronunciase a favor de los alzados y el manifiesto de su Junta Provisional se refiriera al pronunciamiento de Cataluña, la Junta homónima de la ciudad condal presumió que el pronto triunfo de los sublevados se debería al rápido apoyo que les había otorgado Barcelona y a la adhesión de los catalanes.

Una nota firmada en el día 21 por seis industriales de Vilanova i la Geltrú, descubría que sus establecimientos industriales habían sido objeto de ataques incendiarios ya que mediante este escrito agradecían emocionadamente la ayuda que les había prestado la autoridad municipal y una buena parte de los trabajadores, protegiendo los centros. No obstante, confesaban que no se habían podido ahorrar algunos daños. Este tipo de escritos de agradecimiento que pretendían enmascarar la gravedad de los incendios provocados, o exculpar a los agresores- ya que nunca se referían a las causas de la destrucción- se repitieron en muchos casos idénticos.

Con fecha del día 23, un grupo de representantes de los trabajadores manresanos presentaron la exposición de sus reivindicaciones.

La Junta provisional de gobierno reguló el procedimiento de reclamación y de pago de las indemnizaciones destinadas a cubrir los daños ocasionados de forma violenta en las propiedades privadas. En primer lugar, los interesados debían solicitar la indemnización presentando la relación de los bienes perjudicados. Dicha solicitud sería objeto de comprobación a fin de asegurar que los bienes destruidos que señalaba lo habían sido por causa de la violencia desencadenada durante el periodo de huelga. En segundo lugar, los peritos nombrados por las autoridades certificarían la concurrencia del requisito, caso por caso y luego enviarían al gobernador civil una segunda declaración jurada de los bienes que deberían ser indemnizados. El gobernador, no obstante, podía informarse reservadamente al respecto, en los supuestos que lo considerase pertinente. Concluida la valoración, se procedería a resolver provisionalmente el procedimiento. La regulación preveía una especie de recurso contra la propuesta de valoración, el cual consistía en un acto de conciliación entre peritos y afectados. La resolución definitiva correspondía al gobernador.

Durante el mediodía del 24, se produjo un conato de incendio en la fábrica de cartas de juego situada en la calle Mercaders de Barcelona. El periódico no mencionaba la causa del fuego.

El Barcelonés, periódico liberal progresista, volvió a ser publicado, después de la suspensión gubernativa ordenada por el gobierno moderado de Bravo Murillo y el Diario de Barcelona, en la edición del día 25, le resumía un artículo que aquel dirigía a la clase obrera. El articulista recomendaba a los trabajadores perjudicados por la introducción de nuevas máquinas que mirasen atrás en el tiempo y que entonces caerían en la cuenta de que por cada operario que estaba ocupado diez años antes, ahora lo estaban veinte. El incremento notorio de la ocupación se debía- según la opinión del articulista- a las máquinas modernas ya que la facilidad en la producción que éstas conllevaban había facilitado la instalación de nuevos establecimientos fabriles. Enseguida, el redactor enlazaba este argumento con otro teñido de patriotismo: considerando que si se mantenía el boicot a las fábricas se acabaría arruinando toda la industria, los obreros forzosamente debían escoger entre permitir que el país cayera en manos de la producción extranjera- lo que les conduciría a la muerte por inanición- o volver a los puestos de trabajo.

Por fin, Ramón De la Rocha admitió la negociación con los representantes de los trabajadores y con fecha del día 25 acordó con éstos la prohibición de las máquinas “selfactinas”. La orden del capitán general sorprendió a los industriales que se opusieron inmediatamente al cumplimiento de la misma. La determinación de La Rocha y la reintroducción de la Milicia Nacional [6], decidida por el gobierno provisional de los partidarios de Espartero y O’Donnell preocuparon a los potentados.

En la misma fecha del día 25, el Diario de Barcelona reproducía el manifiesto “¡Abajo las murallas!”, mediante el cual se exigía que se publicara el Decreto ordenando la demolición “… de este circo de piedra que nos aprisiona e impide el desarrollo del que ha de ser el pueblo más importante del Mediterráneo”.

También en la misma fecha, la Junta provisional dejaba sin efecto los pasaportes para viajar al interior de la península y a las islas.

Continuaban las ardientes declaraciones de adhesión a los militares insurrectos, firmadas por las corporaciones locales. Las últimas ciudades adheridas al nuevo gobierno fueron las de Igualada y Vilafranca del Penedès.

El gobernador civil ordenó al presidente de la Junta de Fábricas de Cataluña que a las 5 horas de la mañana siguiente todas las fábricas abriesen las puertas y pusieran en funcionamiento la maquinaria. Se justificaba en el hecho que una comisión de trabajadores le había visitado para expresarle su voluntad de volver al trabajo. El gobernador avisaba que él mismo inspeccionaría el cumplimiento de la ordenanza que promulgaba.

Inmediatamente, la prensa publicaba el bando del gobernador mediante el cual aplicaba la orden del capitán general que prohibía las “selfactinas”, originada en la petición que le había dirigido la asociación de hiladores- capitaneada por Josep Barceló. El capitán general decía, a modo de justificación, que había fabricantes que, desde tiempo atrás, habían vuelto a emplear las antiguas máquinas porqué se habían percatado de los perjuicios que las nuevas originaban a los trabajadores.

Ramón De la Rocha- todavía en el día 25- también tomó la decisión de suprimir la imposición conocida como “derecho de puertas” que gravaba los artículos que se introducían en Barcelona, incluso los de consumo. Este impuesto era especialmente impopular y había sido la causa de muchos desórdenes e incluso de revueltas[7] .

Llegaron a Barcelona las noticias de la batalla que se desarrollaba en las calles de Madrid entre las tropas fieles al gobierno y la población rebelde. Poco a poco, los soldados saltaban las barricadas y se juntaban con el pueblo.

Manuel Gutiérrez de la Concha.
Manuel Gutiérrez de la Concha.

Con fecha del día 26, Ramón De la Rocha lamentó que los turbulentos propagasen mentiras. Se decía que el capitán general se había embarcado en la nave Lepanto huyendo de la ciudad, que los soldados de la guarnición desertaban y se juntaban con los obreros en huelga y que se repartían armas a los ciudadanos en la plaza de Sant Jaume. El capitán general afirmaba que todas estas habladurías resultaban interesadas y amenazaba con la presencia, a su lado, del general Manuel Gutiérrez de la Concha, el cual estaba dispuesto a la acción. El capitán general debió creer que Gutiérrez de la Concha- llamado por la prensa servil de Narváez, “el pacificador de Cataluña”- era un personaje que atemorizaba a los catalanes ya que, justo cinco años antes, había terminado la guerra de los “matiners” mediante la saturación militar del Principado. Lo cierto es que, hasta entonces, Gutiérrez de la Concha, amigo de Narváez, había permanecido en el destierro de Canarias. Posiblemente, O’Donnell lo llamó para enviarlo a Cataluña donde las autoridades consideraban que la situación se había desbordado. Coincidiendo con el anuncio del capitán general de la llegada del “pacificador”, la Junta provisional de gobierno lo nombró su presidente. El nombramiento fue acompañado por un bando que emitió De la Concha previniendo a los trabajadores que con su actitud de aprovechar el desorden y movidos por la prisa de conseguir sus objetivos, en realidad, estaban hundiendo el país en la anarquía. La Junta aconsejaba la calma. Otra vez, como ya ocurrió en el periodo de la insurrección de la “jamancia” y de la guerra de los “matiners”, los gobernantes españoles temieron que los catalanes se autogobernaran o que impusieran otro régimen en España, desplazando la centralidad política del Estado a Barcelona. Fijémonos en algunos párrafos del bando del Presidente de la Junta: “ … con tal ejemplo – el de la calma aconsejada- Cataluña, con un inmenso peso en la balanza de la España, contribuirá a evitar otro mal gravísimo y no imposible, el de que una provincia cualquiera aspire a sobreponerse a encadenar sus intereses a las demás y a subyugar sus ideas y a los suyos propios […] se evitará una guerra civil funesta.” La redacción es complicada pero lo que dice De la Concha debe ser interpretado a partir de las ideas inequívocas que expresó en su bando de 19 de mayo de 1849, mediante el cual declaró el fin de la guerra de los “matiners”. En esta ocasión, el “pacificador” recomendó a los catalanes lo siguiente: “Seamos en adelante no más que españoles; desaparezcan el espíritu de bandería, y aun los nombres con que son conocidas las antiguas provincias de España…”. Por tanto, básicamente, la última arenga del nuevo presidente de la Junta provisional significaba lo siguiente: catalanes, aflojad la presión porqué no impondréis vuestra visión del mundo, ni vuestros intereses a Madrid.

En la misma fecha, el capitán general de Cataluña pidió al ministro de la guerra que se permitiera el derrocamiento de las murallas de Barcelona por el lado de la montaña y que se conservase la muralla de mar. El escrito decía lo siguiente: “Barcelona […] tiene más vida que la que puede contener en su estrecho recinto […] la población necesita un ensanche”.

El Diario de Barcelona del día 27 publicaba una proclama a favor de los militares insurrectos que enfatizaba la culpa que tenía la madre de la reina- cómplice en asuntos financieros corruptos, sobre todo en los referidos a las concesiones de líneas férreas – en las desgracias económicas de España. Algunos párrafos del escrito eran contundentes: “La nación entera con una sola voz reclama que salga eternamente de España Doña María Cristina de Borbón, causa principal de todas nuestras calamidades. Doña María Cristina saldrá de España para nunca más volver”.

El Diario de Barcelona del día 28 publicó dos ordenanzas del gobierno de la provincia para aclarar que la prohibición de las “selfactinas” únicamente obligaba a que las máquinas se reconvirtieran en las “molgenis” (mule Jenny), sobre la base de las cuales se habían desarrollado aquellas. El gobernador concedió 15 días a los fabricantes de Barcelona y 3 meses a los de fuera de la ciudad para que procedieran a la reversión técnica.

El mismo periódico y en la misma fecha traducía un artículo del periódico portugués El Progreso que resumía los antecedentes de la situación española y criticaba el centralismo: “De resultas del movimiento reaccionario de 1845, perdió el reino vecino las libertades provinciales y municipales, a pretexto de reformas que en realidad vinieron a secuestrar toda la vida local del país, a provecho de una exagerada y exótica centralización administrativa”.

El Diario de Barcelona del día 29 publicaba, a petición de los dirigentes obreros Ramón Maseras, Miquel Guilleuma, Antonio Gual, Josep Nogué y Josep Barceló, la exposición de reivindicaciones que habían dirigido al capitán general en fecha del día 25 y que había contribuido- decían- a la “providencia reparadora” decidida por esta autoridad, mediante la cual prohibió las “selfactinas”. También pedían al periódico que divulgara la exposición que los mismos habían dirigido al gobernador civil, para pedirle que cumplimentara la orden del capitán general. Todo ello lo solicitaban a fin de que los ciudadanos estuvieran informados de las razones, fundamentos y justicia que asistían a los trabajadores en el amparo de los derechos que demandaban. Los derechos reclamados se resumían en ser atendidos en el ejercicio del trabajo, ya que el trabajo constituía el único patrimonio honesto con el que contaban para alimentarse y alimentar a sus familias.

La exposición enviada al capitán general, empezaba del siguiente modo: “En virtud de habérsenos hecho presente por nuestro compañero de clase José Barceló, los deseos que animan a V.E. para proteger y emparar la clase obrera que representamos, a fin que se remedien los males y perjuicios que actualmente está sufriendo con el planteamiento de los nuevos inventos mecánicos conocidos con el nombre de “máquinas selfáticas” […] permitiéndonos presentar a V.E. las exactas observaciones que nos sugiere nuestro triste estado”.

Por lo tanto, Josep Barceló fue quien tomó la iniciativa convenciendo al capitán general que debía detenerse el uso de las “selfactinas” para volver a utilizar las viejas máquinas, como único medio que permitiría la protección de la ocupación y de esta manera, acabar la huelga. Una vez Barceló hubo convencido a Ramón De la Rocha de la necesidad de adoptar esta medida, comunicó el acuerdo que había conseguido a sus compañeros Maseras, Guilleuma, Gual y Nogué. Posiblemente, el capitán general exigió a los representantes de los trabajadores que publicaran las reclamaciones que le dirigían y las razones que las sustentaban, con el objetivo de que nadie creyera en la gratuidad de la resolución que adoptaba. En cualquier caso, el protagonismo de Barceló, como líder de los trabajadores, fue evidente a los ojos de todos.

La exposición firmada por los dirigentes de las asociaciones obreras que dirigieron al capitán general, reconocía que las “selfactinas” constituían un progreso notable para la industria del algodón y para el “trabajo humano”, aunque inmediatamente los autores afirmaban que no podían decir lo mismo en relación a la calidad del producto final (“mayor perfección de la obra”). En consecuencia, los perjuicios que ocasionaban las nuevas máquinas a los hiladores- los cuales antes se ocupaban de manipular las “molgenis” [8]– no quedaban compensadas por los beneficios que proporcionaban a la industria.

Luego, los líderes obreros explicaban que ya unos cuantos propietarios, habiendo comprendido los perjuicios que las nuevas máquinas ocasionaban a los trabajadores procedieron a inutilizar la innovación técnica, a fin de convertirlas en “molgenis”. De esta manera, se mantenía la ocupación en sus fábricas. Por ejemplo, así habían procedido los patrones Juncadella, Vilaregut, de Gràcia y otros.

Los líderes de las asociaciones obreras también alegaban que el número de las nuevas “selfactinas” en pleno rendimiento no iba más allá de una cuarta parte de las existentes y por lo tanto, sus propietarios no podían resultar demasiado perjudicados, si las revertían a “molgenis”. En aquel momento- afirmaban- solamente las fábricas de los hermanos Batlló, de Josep Rosés, de Josep Batllori y quizá alguna otra, tenían “selfactinas” en funcionamiento.

Mediante la exposición que dirigieron al gobernador, los trabajadores se quejaban que los empresarios que mantenían las “selfactinas” a pleno funcionamiento, no tenían ninguna prisa en convertirlas en “molgenis”. El gobernador satisfizo la petición de los líderes obreros y emitió la orden requerida para cumplimentar la disposición del capitán general, reiterando la prohibición de utilizar las “selfactinas”.

Baldomero Espartero.
Baldomero Espartero.

El día 30 de julio, el general Baldomero Espartero entró en Madrid. Le esperaba el general O’Donnell y ambos viejos adversarios, se abrazaron. Se constituyó el nuevo gobierno, con Espartero de presidente y O’Donnell de ministro de la guerra. Al cabo de un tiempo, O’Donnell confesó que cuando se alzó contra Narváez pensó que así forzaría un acuerdo con éste pero que la rebelión obrera de Cataluña le decantó hacia la opción política liberal progresista, la cual se atribuía a Espartero.

Con fecha del 2 de agosto, los líderes de la asociación de hiladores Josep Barceló, Ramón Maseras y Antoni Gual respondían con rabia las manifestaciones escritas de Laureà Figuerola Ballester [9] , de 31 de julio, firme defensor de la libertad de empresa y de contratación, así como del progreso técnico que suponían las nuevas máquinas. Figuerola, con un lenguaje sinuoso, trataba a los huelguistas de vagos y culpaba de la destrucción de máquinas a los dirigentes de la asociación de hiladores, alegando que con esta estrategia creaban más desempleo ya que provocaban un efecto en cascada que perjudicaba al resto de sectores profesionales de la industria y del comercio- los tejedores no dispondrían de hilo, los pintores no podrían pintar, los comerciantes perderían sus clientes…- a la vez que generaban el incremento de los precios de los bienes de consumo.

La respuesta de los hiladores a Figuerola no fue amable:

“Al tomar la pluma para contestar a usted, Sr. L, lo hacemos llenos del más grande desprecio hacia Vd. por las calumnias, falsedades y mala fe con que lo ha escrito. Calumnias es decir a nosotros, los trabajadores, que queremos vivir sin trabajar y que queremos igualar las fortunas como se desprende de un párrafo, aunque embozadamente escrito como de buen jesuita, que sabemos que Vd. lo es, por pruebas que le daremos si nos quiere venir a encontrar. Lo que quieren los hiladores es que las máquinas selfáticas que ahorran los brazos del trabajador y hacen ganar el 99 por ciento al capital del fabricante, lanzando a la miseria a los padres de familia, que antes se mantenían de las máquinas molgenis. Es una máquina infernal la selfactina que debería desaparecer para escarmiento de los que para hacer rápida su fortuna no temen valerse de sus engaños, prometiendo al gobierno los que pidieron la introducción de estas máquinas mediante la rebaja de un 25 por ciento de derechos de entrada, que la hilatura sería de la clase 80 arriba, siendo así que hasta ahora solo ha igualado la de las máquinas molgenis; destruyendo por consecuencia la maquinaria molgenis, donde el trabajador ganaba su sustento y el de su familia, y que en las máquinas selfáticas el egoísmo de los fabricantes les ha excluido del trabajo y poniendo en su lugar mujeres y niños que con una mezquindad de salario les satisfacen y que en llegando a mayor edad, como tendrán mayores necesidades (no será extraño porqué así es la costumbre de los señores fabricantes) serán despedidos para reemplazarlos por otros de menor edad […]. Dice también el Sr. L que hay maquinaciones bastardas movidas por asociaciones tenebrosas. Es mucha verdad, pero a estos los conocemos muy bien, son los que reunidos en la junta han dicho que querían pagar a asesinos para asesinar a la comisión de hiladores que presentó la exposición al Capitán General […] Ya no somos tan tontos que no conozcamos que si la política no va unida a la organización del trabajo es fácil que los obreros nos quedemos sin ocupación; de otro modo nos engañaríamos […]”

Primeros derribos de las murallas de Barcelona, en 1855.
Primeros derribos de las murallas de Barcelona, en 1855.

El derribo de las murallas de Barcelona empezó el 7 de agosto. Miles de obreros- explicaba la prensa- se presentaron con la esperanza de ser contratados para este trabajo. Se produjeron desordenes importantes porqué no había faena para todos. Entonces los contratistas exigieron que los demandantes de trabajo presentaran certificados de los alcaldes de barrio (seguramente, se trataba de certificados de buena conducta).

En esta misma fecha la Junta provisional de gobierno fue disuelta. El nuevo gobierno del Estado se había asentado y las juntas provinciales de ciudadanos, sobraban. En realidad, se repetían las circunstancias que provocaron los levantamientos de la “jamancia”. Por aquel entonces los ciudadanos sublevados defendieron el gobierno de las juntas provinciales, las cuales habían de culminar en la Junta General de España. Por ello, los “jamancios” fueron etiquetados como “republicanos”. Pero, una vez instalado el nuevo gobierno en España, el presidente del gobierno, el general Francisco Serrano, no quiso admitir ninguna de las reivindicaciones que le presentaron las juntas catalanas y puso fin al levantamiento de 1843 con el bombardeo cruel de Barcelona y de otras ciudades del Principado.

Con fecha del 8 de agosto, mientras los fabricantes discutían vehementemente con los trabajadores y recurrían la prohibición de las “selfactinas”, a la vez que enviaban a Madrid una comisión para presionar al gobierno con el fin de que la revocara, el capitán general firmaba un pacto con los huelguistas, declaraba el fin del conflicto, indultaba a los presos y se comprometía a iniciar negociaciones con los empresarios y los obreros. Este acuerdo no fue del agrado del gobierno y a la mañana siguiente desautorizó a Ramón De la Rocha y revocó la orden de prohibición de las “selfactinas”.

Pascual Mádoz.
Pascual Mádoz.

Pascual Mádoz fue el nuevo gobernador civil de Barcelona nombrado por el gobierno y discurseó a los catalanes en fecha del día 10 de agosto prometiéndoles que “En la cuestión industrial mi constante pensamiento ha sido, es y será conciliar y proteger […] proporcionado seguridad y garantía al capital, recompensa y estímulo al trabajo. Mediador siempre y siempre imparcial…”

Las primeras obras de derribo de las murallas se llevaron a cabo por el flanco del Portal de l’Àngel y de la confluencia de la calle Nou de la Rambla (antes, Conde del Asalto) con la avenida que posteriormente se ha llamado el Paral•lel. El plan de trabajo también preveía el derribo de los baluartes y la explanación de los terrenos exteriores. Se encargó a los alcaldes de barrio que llevaran a cabo batidas para detener y encarcelar a los obreros que vagaban por las calles. Esta medida parece que consistía en una especie de selección previa de los hombres que debían ser contratados para llevar a cabo los trabajos, a fin de cribar aquellos que formaban parte de la chusma más radical. En realidad, las autoridades sospechaban que las asociaciones obreras usaban la mano de obra encargada de los derribos como fuerza de choque para atacar los centros fabriles y provocar desórdenes. Recordemos que, para las primeras contrataciones, se exigió a los solicitantes que presentaran certificaciones de buena conducta expedidas por los alcaldes de barrio.

En esta misma fecha se hizo pública la sentencia de la comisión militar que condenaba a muerte a los trabajadores Francesc Pérez y Miquel Martí porqué consideró probado que ambos, junto con Joan Vives, habían abandonado la obra de derribo de las murallas y encabezaron un grupo de exaltados anarquistas, los cuales “bajo una obscena bandera” rompieron los cristales y todos los obstáculos que encontraron a su paso, hasta que consiguieron entrar en la fábrica de vapor, llamada “Els semolers”. Una vez adentro forzaron el paro de la maquinaria de vapor y echaron a los trabajadores de sus puestos. Los delitos que meritaron la imposición de la pena de muerte a Pérez y Martí, fueron calificados por el tribunal como desórdenes, atentado a la paz pública, allanamiento de establecimiento fabril y destrucción de maquinaria. Joan Vives escapó de la pena capital porque solo tenía 17 años. Otro acusado, Jaume Bladé, únicamente fue encausado debido a que intentó la liberación de Vives cuando a éste lo conducían a la prisión. Bladé, armado con un compás de hierro, se enzarzó en una pelea contra los hombres que escoltaban al detenido. La comisión militar exoneró a Bladé de los cargos que se le imputaban porque los miembros de la escolta de Vives no tenían la condición de agentes de la autoridad.

Aunque algunos investigadores afirman que la huelga general terminó durante los primeros días de agosto, lo cierto es que, posteriormente, seguimos leyendo algunas noticias en la prensa que se refieren a conatos de incendios en fábricas y a desórdenes callejeros. Pero, en términos generales, a partir de estos días, disminuyó claramente la situación de excitación popular. El Diario de Barcelona de fecha 12 de agosto certificaba que Barcelona y toda Cataluña habían iniciado un periodo de paz y que todo volvía a la normalidad.

Una gacetilla publicada el 17 de agosto por el Diario de Barcelona explicaba que en Mataró, después que durante el 2 de julio se iniciara la huelga y habiéndose constituido la junta provisional de gobierno, “por la noche empezaron a acudir gente del campo y mezclándose con los grupos que estaba en la Rambla, empezaron a proferir palabras amenazadoras contra los vapores, esparciéndose el ridículo y absurdo rumor de que ésta era la causa de la enfermedad que sufren los viñedos”. Los trabajadores industriales de la zona se opusieron a la destrucción de maquinaria que se proponían los campesinos y consiguieron evitarla. La noticia confirmaba que los payeses de los entornos industriales pensaban que las fábricas perjudicaban gravemente la agricultura. Veremos, más adelante, que durante el mes de abril del siguiente año, grupos de payeses recorrieron los pueblos del Maresme recogiendo firmas para pedir a la reina que ordenara el cierre de todas las fábricas de vapor y que este movimiento, aunque fuera indirectamente, se atribuyó a los carlistas.

3. La intervención del Estado: la ejecución de Josep Barceló Cassadó.

La huelga declarada en julio de 1854, en realidad, aunque de forma mortecina, se prolongó hasta el primero de octubre, cuando diecinueve asociaciones obreras firmaron con el gobernador civil, Pascual Mádoz, un nuevo convenio. Pero durante aquel otoño y el invierno que le siguió, las ascuas mal apagadas del enfrentamiento social todavía chisporrotearon.

El gobierno presidido por Espartero se dividía por desavenencias internas, quería emprender reformas de calado [10] y estaba harto de la inestabilidad social que se manifestaba en Cataluña porqué obstruía el cumplimiento de sus planes. Finalmente, optó por la dureza represiva. La presencia en Cataluña del general Gutiérrez De la Concha- a modo de interventor en la sociedad civil, como presidente de la Junta provisional o presidente de la Asociación General de fabricantes, no dio el resultado esperado y Ramón De la Rocha fue cesado. En su lugar, durante el mes de marzo de 1855, el gobierno nombró capitán general interino a Juan Zapatero Navas (1810-1888) y lo confirmó como titular del cargo durante el mes de junio.

El capitán general Juan Zapatero Navas.
El capitán general Juan Zapatero Navas.

Zapatero fue un militar conocido por su rigidez castrense, casi paródica, por sus decisiones siempre sanguinarias y las pocas virtudes políticas que poseía- lo apodaban “general cuatro tiros” ya que no conocía otra solución para cualquier conflicto. El general había participado, con el grado de coronel, en el bombardeo de Barcelona durante el levantamiento de la “jamancia” (1843) y en el asedio de otras ciudades españolas. Presentaba una hoja de servicios repleto de represiones salvajes contra la población. En Barcelona confirmó las razones de su mala fama y como veremos, además de ordenar la ejecución del dirigente obrero Josep Barceló, encarceló y deportó a centenares de ciudadanos, condenados sin juicio- entre los cuales, a Abdó Terradas- simplemente porqué “le molestaban”. Con motivo del levantamiento carlista de 1855, decidió el fusilamiento masivo de los voluntarios de las partidas rebeldes- por ejemplo, sacrificó a todos los miembros de la partida de Tòfol, de Vallirana. Es decir, a partir de su nombramiento, se militarizó nuevamente la gobernación de Cataluña, sin contemplaciones, y desaparecieron las pocas libertades que, a partir del levantamiento del general O’Donnell, parecía que podían haber prosperado.

Josep Barceló Cassadó nació en Mataró en el año 1828. Los pocos datos que tenemos en relación a la trayectoria vital y la personalidad de Barceló demuestran que fue un líder destacado de los obreros catalanes, dirigente máximo de la asociación de hiladores- la más importante en número de afiliados- y una persona dotada de un nivel cultural no habitual, lo que le permitió mantener debates con personalidades, como el jurista y economista Laureà Figuerola. Todo el mundo le atribuyó el éxito en la negociación con el capitán general Ramón de la Rocha que desembocó en la orden de prohibición de las “selfactinas”, aunque en ella también participaron, por lo menos, los dirigentes obreros Ramon Maseras, Miquel Guilleuma, Antoni Gual y Josep Nogué, todos los cuales- además de Barceló- fueron autores de la exposición reivindicativa dirigida al capitán general, antes referida.

En el atardecer del día 29 de marzo de 1855 [11] , siete hombres disfrazados de mozos de escuadra llamaron a la puerta principal de la masía Sant Jaume de Olesa de Montserrat con la intención de robar. El dueño creyó que los visitantes eran policías y les permitió la entrada, pues alegaron que debían comprobar si allá había un escondrijo de armas de los carlistas. Una vez hubieron penetrado en la casa fueron invitados a comer y beber pero, en un momento dado se abalanzaron sobre los habitantes, encerraron a las mujeres y al zagal en la despensa y se llevaron al dueño y a su hijo a la cava. Allá encendieron una hoguera y los torturaron con las ascuas. Padre e hijo resultaron malheridos. El heredero se llevó la peor parte ya que seguramente sirvió de cabeza de turco para doblegar la voluntad del padre. Durante la instrucción del juicio que se tramitó contra los hombres inculpados por este delito, murió el joven de la casa Sant Jaume.

La investigación del caso del asalto a la masía de Olesa fue encargado a Josep Vidal Pujades, el comandante de los mozos de escuadra más famoso, quien presentaba un historial insuperable como perseguidor de carlistas, obreros y ladrones, iniciado en tiempo de la primera guerra civil. Vidal fue el tipo de mozo de escuadra fiel a la normativa del cuerpo que le obligaba a obedecer las órdenes del poder político vigente, fuera el que fuera y por ello y por sus acciones, fue premiado con continuos ascensos y condecoraciones [12] .

Durante los primeros días de abril se derribaron las torres de la muralla barcelonesa de Canaletes.

Entonces se supo que Carlos de Borbón, hermano de Fernando VII, había fallecido el día 10 de marzo en Trieste, aunque algún periódico fechó el suceso en el día 17, quizá porqué confundió las fechas de la defunción y de los funerales.

Con fecha 4 de abril se declaró el final de la epidemia de cólera que, desde el año anterior, había asolado Barcelona y otras poblaciones del Principado. La epidemia originó una gran mortalidad y tuvo mucha trascendencia en la desesperación que sentían y demostraban los obreros ya que ellos y sus familias fueron las víctimas principales de la enfermedad, debido al estado de miseria y de insalubridad en que vivían [13] . Por ello, el cólera también fue otra causa de la determinación de autorizar el derribo de las murallas de Barcelona, que finalmente tomó el gobierno, todavía con la oposición de los militares. El Diario de Barcelona informaba que, mientras el municipio empezaba a preparar planes para construir el ensanche de la ciudad, el ejército proyectaba la construcción de una nueva fortificación que debía prolongarse desde Font Cuberta, cruzando el Paseo de Gràcia, hasta Fort Pius.

El establecimiento de “La Industrial Quincallera” instalado en la calle de l’Arc del Teatre de la ciudad condal, fue celebrado por el Diario de Barcelona. El periodista señalaba la variedad de productos que fabricaría la empresa: bolas de billar, botones, empuñaduras de bastones, sombrillas, abanicos, papeles de colores… La Industrial disponía de talleres de carpintería y de aserraderos, así como de maquinaria moderna. La ocupación de esta empresa superaría los cien trabajadores.

El día 5 de abril se supo que los mozos de escuadra habían detenido a tres sospechosos de haber asaltado la masía Sant Jaume de Olesa.
Durante el sábado, día 7, se incendió el vapor de la calle de la Mina, en Barcelona. El fuego se inició en el almacén de algodón, situado en los bajos de la empresa y amenazó el primer piso. La información aclaraba- como resultaba usual en estos casos- que los obreros del vapor, junto con los bomberos, los milicianos y los vecinos, habían conseguido la extinción del incendio.

El Corona de Aragón, del día 12, explicaba que los trabajadores catalanes que habían viajado a Madrid para presentar sus reivindicaciones al gobierno nada habían conseguido en lo referente a las retribuciones y regulación de las relaciones laborales ya que el gobierno no quería reconocer su representación, ni su competencia sobre la materia.

Mapa de las primeras líneas de telégrafo. Imagen del artículo "La telegrafía eléctrica en España". Ma. Victoria Crespo. Web: "Asociación de amigos del telégrafo de España".
Mapa de las primeras líneas de telégrafo. Imagen del artículo “La telegrafía eléctrica en España”. Ma. Victoria Crespo. Web: “Asociación de amigos del telégrafo de España”.

El gobierno preparaba un proyecto de ley para regular las comunicaciones mediante telégrafo eléctrico que clasificaba los trayectos de las líneas que se habían de construir según su importancia. El proyecto dibujaba un plano radial. Todas las líneas telegráficas- lo mismo que las ferroviarias que también se estaban trazando- y que se clasificaban como de “primer orden” salían y llegaban a Madrid: de Madrid a Irún, de Madrid a Portugal, de Galícia a Palencia para enlazar con la línea de Madrid a Irún, de Madrid a Cartagena, de Madrid a Zaragoza… Los industriales catalanes estaban sorprendidos ya que el proyecto solamente preveía una línea para comunicar Madrid y Barcelona, a través de Zaragoza, pero ninguna que enlazara Barcelona con Francia. La Sociedad Económica barcelonesa, los Amigos del País, el Instituto Agrícola Catalán y la Junta de Fábricas de Cataluña tramitaron una queja razonada al gobierno y a las Cortes. El periodista que daba la noticia explicaba que el telégrafo francés llegaba hasta Perpiñán y añadía un comentario irónico, para recordar que la frontera de España con Francia no pasaba por Barcelona, en contra de lo que creían los geógrafos madrileños.

Josep Casulleres, dueño de la fábrica de la calle de la Mina, incendiada durante el día 7 de abril, agradecía públicamente, con fecha del día 13, el esfuerzo realizado por las personas que se ocuparon en apagar aquel fuego pero añadía que no podía concretar su agradecimiento personalmente a los benefactores que entonces se habían distinguido, citándolos con nombres y apellidos, porque el caso estaba bajo secreto judicial. Por lo tanto, se trató de otro incendio provocado y los trabajadores que cooperaron en la extinción también resultaban sospechosos de haberlo facilitado.

En fecha del día 15 la prensa informó de la detención de los siete hombres que, disfrazados de mozos de escuadra, habían asaltado la masía Sant Jaume de Olesa. La captura fue mérito de los mozos de escuadra, dirigidos por el teniente coronel del cuerpo, Josep Antoni Vidal Pujades, el capitán Ferran Prats y el subteniente y subcabo, Pau Miquel [14]. El alcalde del barrio de Sant Antoni, Bernat Xinxol, auxilió a los mozos, por lo menos en la detención de uno de los sospechosos. Los siete aprehendidos eran los siguientes:

– Joan Poyo, de Lleida, hilador de oficio. Jefe de la partida de asaltadores. Le fueron requisadas dos pistolas, pólvora, cinco balas y una cartera que contenía documentación, entre la cual se le encontró una relación de masías que pretendía asaltar.

– Joan Duran, de Olesa de Montserrat. Payés de oficio. En un terreno colindante con la masía Sant Jaume, se descubrió un cofre enterrado que guardaba los uniformes de mozo de escuadra usados por los criminales.

– Agustí Aguiló, de Cambrils.

– Antoni Geis [15] , de Olesa y de oficio, hilador. Fue detenido en un hostal del portal de Sant Antoni. Le fueron intervenidos 53 duros de oro y de plata [16]

– Francesc Arqué, de Torrebesses, hilador.

– Jaume Torres, de Olesa

– Maties Vallpdeperes, de Olesa.

Los cuatro primeros fueron detenidos en Barcelona, el quinto en Fort Pius, el sexto en Gràcia y el séptimo en Sant Andreu del Palomar. La gacetilla acababa con una conclusión que parecía lógica: teniendo en cuenta que se sabía que los asaltantes de la masía fueron siete hombres, todos los culpables habían caído. El periodista, pues, daba el caso por cerrado. Como veremos, equivocó el pronóstico.

La instrucción del caso de la partida de ladrones que asaltaron la masía Sant Jaume avanzaba rápidamente. La comisión militar que debía juzgar a los siete acusados se reunió en la noche entre los días 14 y 15. Alrededor de las ocho horas del atardecer del día 14, el jefe de los ladrones fue llevado en un coche, atado de pies y manos y bien custodiado, ante el capitán general. El periodista observó que se trataba de un individuo de buena presencia, vestido a la moda de los menestrales y que parecía sereno y listo.

Durante el día 17, la fábrica de la calle Freixures sufrió un incendio y los dueños cumplieron con el protocolo de manifestar su agradecimiento a los vecinos, a trabajadores propios, así como a los obreros de las fábricas vecinas que habían ayudado en la extinción.

En la misma fecha, el Diario de Barcelona explicaba que una pareja de payeses, vestidos modestamente, iban de pueblo en pueblo por el Maresme buscando firmas para una petición dirigida a la reina mediante la cual le solicitaban que dispusiera el cierre de todas las fábricas de vapor de la provincia de Barcelona ya que perjudicaban gravemente los viñedos y la horticultura. En una de las reuniones que celebraban los peticionarios se juntaron cuatrocientas personas y la asamblea había acordado que constituiría comisiones para conseguir más adictos. El periodista sabía que la próxima reunión se llevaría a cabo en Sabadell. Se dijo que el general carlista Ramón Cabrera participó en una de estos encuentros. La información del periódico- así como la precedente, sobre el mismo tema, del día 17 de agosto de 1854- resultan curiosas porque nos demuestran que, por aquel entonces, los daños que provocaba la industrialización en el equilibrio ecológico ya eran percibidos y preocupaban, por lo menos, a los campesinos. La contaminación de los ríos y rieras, de la tierra y del aire, debida al vertido de productos químicos, el humo y las partículas de carbón que expedían las espesas concentraciones industriales, forzosamente debía originar efectos inmediatos y bien visibles en la agricultura, desde Barcelona hasta el Baix Llobregat, en Manresa, Igualada, Terrassa y Blanes, por lo menos. La supuesta asistencia de Cabrera a uno de los encuentros de los payeses perjudicados podría haber sido introducida en la gacetilla para corroborar la opinión popular barcelonesa que etiquetaba el carlismo como un fenómeno rural. Es decir, cualquier acción realizada por campesinos resultaba sospechosa de haber sido provocada o dirigida por los carlistas.

Josep Sanahuja, hijo del dueño de la masía Sant Jaume, murió por causa de las heridas que le habían infringido los asaltantes. En la misma fecha, el periódico también informaba de la inhibición del juez de Terrassa en el conocimiento del caso de Sant Jaume, a favor de la jurisdicción militar y eso debido a que ésta- decía el informador- constituía un “tribunal superior”. En realidad, ya que en aquel momento no estaba declarado el estado de guerra, la jurisdicción ordinaria era la competente en el juicio del caso y concretamente, correspondía al juzgado de Terrassa. La cuestión fue discutida pero lo cierto es que la inhibición del juez ordinario fue forzada por el capitán general.

Los estibadores del puerto de Barcelona se declararon en huelga para conseguir aumentos de salario.

Los dueños de la fábrica incendiada de la calle Freixures tuvieron interés en aclarar que no estaban asegurados en la Sociedad Barcelonesa de Mutualidad, como se decía, sino que lo estaban por la Cia. General de Seguros Mutuales. El seguro acordado por los fabricantes cubría la pérdida de las herramientas, las máquinas y los materiales pero no el edificio.

El Corona de Aragón relacionaba las reclamaciones que la comisión de trabajadores catalanes había llevado a Madrid con el fin de presentarlas al gobierno. Los comisionados querían ser recibidos por el gobierno del Estado y que éste se enterara de sus peticiones. Los trabajadores pretendían:

1- Que se permitieran las asociaciones unitarias de los obreros de las distintas ramas industriales.

2- Que se prohibiera la contratación de menores de 12 años en la industria.

3- Que se resolviera que los talleres y fábricas fueran edificados en espacios abiertos y ventilados.

4- Que se constituyera un jurado formado por empresarios y trabajadores con el objetivo de solucionar los conflictos laborales. Las asociaciones de patronos y de trabajadores designarían respectivamente a los miembros del jurado. Hasta el momento, los miembros de los jurados laborales eran nombrados por las autoridades.

En el debate de las Cortes celebrado en el día 19, un diputado interrogó al ministro de Hacienda, Pascual Mádoz- que había sido gobernador de Barcelona- sobre el objetivo de las reuniones que se realizaban en el domicilio barcelonés de Manuel Gutiérrez de la Concha. El ministro respondió que diputados y representantes de los empresarios y obreros catalanes se juntaban en el domicilio del marqués del Duero porque éste era el presidente de la Asociación General de Fabricantes. Los encuentros – dijo el ministro- no tenían carácter político ya que allá se reunían personas de opiniones completamente opuestas. El objetivo de los diálogos consistía en buscar la conciliación de los intereses de los empresarios y de los trabajadores, a fin de solucionar “estas inacabables cuestiones” que alteraban diariamente el orden en los pueblos industriales de Cataluña.

Laureà Figuerola
Laureà Figuerola

En el mismo debate, Laureà Figuerola expuso motivadamente la interpelación al gobierno – más concretamente, a Luxán, ministro de Fomento – que había presentado en una sesión anterior, sobre la situación en la provincia de Barcelona. Para empezar, Figuerola sugirió con fineza que en Madrid no se entendía lo que sucedía en Barcelona. Eso dijo, pronosticando que cuando llegara el día que Madrid recibiera las aguas del rio Lozoya y el carbón de Bélmez y Espiel, de manera que se convirtiera en algo más que el centro político de España, es decir, que deviniera un centro industrial, entonces, además de las ventajas que obtendría la capital por la industrialización, también sufriría los perjuicios que ésta conllevaba. Cuando se cumpliera la hipótesis que acababa de formular, Madrid no se preocuparía tanto por las revueltas y las intrigas palaciegas que allá sucedían y daría más trascendencia a lo que ocurría en Cataluña. Luego, Figuerola garantizó que no culpaba al gobierno de la grave situación por la que pasaba Cataluña porqué los problemas venían de lejos y diagnosticó que, en el fondo, el mal se desencadenaba debido a la voluntad intervencionista de ciertas autoridades- se refirió a un general y a un gobernador- que provocaban enfrentamientos y odios entre las clases sociales catalanas. Inmediatamente, el interpelante identificó a las autoridades chapuceras, criticando a De la Rocha por la prohibición de las “selfactinas”, al gobernador Melchor Ordóñez por haber fijado las retribuciones de los trabajadores y a la actuación de las asociaciones obreras ocultas (clandestinas) que seguían existiendo después que se prohibiera el asociacionismo general o de clase.

Figuerola calificó la prohibición de las “selfactinas” de escándalo a nivel europeo y sostuvo su afirmación refiriéndose a algunos titulares de la prensa británica. Después alabó estas máquinas, de las cuales dijo que ahorraban trabajo humano y producían mejores tejidos. Opinó que las “selfactinas” catalanas no eran mejores que las británicas pero sí que superaban las francesas. También criticó que la prohibición de los nuevos telares solo afectase a la provincia de Barcelona, de manera que los fabricantes del resto de provincias las podían utilizar sin ninguna restricción y por lo tanto, los productores barceloneses quedaban en situación de clara desventaja competitiva. Figuerola añadió que la prohibición decidida por De la Rocha aún había producido más daño del señalado, puesto que excitó a los trabajadores ya que, desde el momento que se hizo pública, entendieron que podían llevar a cabo todo tipo de tropelías. Entonces incendiaron fábricas, asaltaron propiedades y asesinaron a sus dueños. Todas estas barbaridades fueron ejecutadas por los hiladores “alucinados”, la mayoría de los cuales eran cándidos y buena gente pero que fueron dirigidos por hombres malvados y fanáticos. El levantamiento se contagió a otros lugares y si en Barcelona se destruían las máquinas más modernas, en Antequera se destruían también las “molgenis”. El diputado celebraba que el gobierno hubiese revocado la orden prohibitiva promulgada por De la Rocha pero pedía que se le destituyera definitivamente, por ser el autor de la misma.

Después, Figuerola recordó que Ramón Maseras, líder de la asociación de hiladores- uno de los firmantes, con Josep Barceló, de la exposición de reivindicaciones obreras, publicada en Diario de Barcelona del 29 de julio anterior- declaró en una ocasión que si las “selfactinas” estaban fuera de la ley, también lo estaban los fabricantes que las utilizasen. Esta aseveración- clamaba Figuerola- resultaba terrible porque Maseras la había pronunciado mientras se asesinaban empresarios y se incendiaban fábricas. Por todo ello, pedía que la revocación de la orden que había promulgado De la Rocha fuera publicada y difundida en la provincia de Barcelona, con el objetivo de que los fabricantes pudieran utilizar libremente las “selfactinas”.

El diputado catalán pasó a la segunda cuestión que motivaba su intervención: la fijación de los salarios. Según su parecer, incluso las personas que no tenían ningún estudio de economía sabían que la contratación de servicios humanos, las obligaciones de dar y de hacer, son de carácter libre y correlativo, debido a lo cual no pueden ser intervenidas por el gobierno político. “El trabajo se alquila igual que se alquila cualquier otra cosa que es objeto de contratación”. No se puede tasar el trabajo humano y cuando el gobernador Ordóñez lo decidió para los hiladores, estableció un mal precedente ya que su resolución contaminó la contratación de tejedores e incluso, de panaderos. Dicha medida no tuvo en cuenta las oscilaciones de los precios del mercado y por lo tanto alteró desfavorablemente el coste de los productos finales. Además – preguntaba Figuerola- ¿qué pasaría con los trabajadores que estuvieran dispuestos a prestar sus servicios por una retribución inferior a la fijada por el poder público?. ¿Debía negárseles el derecho de trabajar?. Y el orador siguió su parlamento relacionando otras salvajadas cometidas por los huelguistas: en Berga, humillaron a un fabricante que, según el parecer de la chusma, había incumplido unos acuerdos, paseándole por las calles con una pieza de tela colgada del cuello; cerca de Mataró, otro fabricante fue malherido solamente porque, en el momento de firmar un acuerdo con los trabajadores, opinó que nunca había firmado otro que fuera tan malo; en Sant Andreu, los fabricantes convocados por el ayuntamiento, que no quisieron firmar un convenio, tuvieron que huir del lugar saltando por el balcón y fueron perseguidos por los trabajadores; en Igualada, ciudad en poder de los huelguistas, no se podía entrar ni salir de la urbe sin que el interesado poseyera un pasaporte sellado por la asociación de hiladores.

Figuerola, refiriéndose al tercer punto de su exposición, empezó afirmando que comprendía el derecho a la asociación de los artesanos- fijémonos que dijo “de los artesanos”- con el fin de gozar de la ayuda mutual e incluso comprendía la necesidad de asociarse para procurar que las retribuciones se mantuvieran en los justos límites pero eso, siempre que hubiesen sido acordadas libremente. Ahora bien, Figuerola no podía aceptar la asociación de los trabajadores que se llevara a cabo para incrementar los jornales, fijándolos normativamente y en consecuencia, anulando la libertad de los fabricantes, y a la vez, la que correspondía a los operarios, de obtener una buena retribución.

Seguidamente, Figuerola criticó el asociacionismo libre y unitario que juntaba todas las clases obreras, superando la agrupación mutual de ramo industrial y local. Precisamente, este tipo de asociacionismo había sido prohibido pero las sociedades ilegales seguían existiendo, solo que ahora eran clandestinas [17]. La circunstancia de la clandestinidad- opinaba el orador- facilitaba que las organizaciones al margen de la ley acogieran hombres de malas costumbres, vagos e incluso asesinos. Lo de acoger a “asesinos” lo decía porque “en estos momentos está bajo la jurisdicción de los tribunales, nada menos que el dirigente de la asociación de hiladores [Josep Barceló] y he de decir que pesa sobre él una acusación criminal de las más graves ya que se le acusa de jefe de incendiarios y asesinos [18] . Pues bien, si la asociación hubiese sido justa, si hubiese sido pública, la de hiladores ¿no hubiera tenido jefes de otra clase diferente…?.Otras industrias y clases tienen y han tenido otros hombres notables por ingenio y buena conducta. El gobierno de S.M. los ha conocido aquí y podría tratar con ellos como personas muy razonables”. Enseguida, Figuerola continuó denigrando a Barceló y lo culpó de haber firmado un manifiesto, en fecha del 2 de agosto de 1854, en el cual se decía lo siguiente: “La selfactina es una máquina infernal que debe ser quemada junto con su dueños”.

Luxan respondió a Figuerola, intentando justificar las actuaciones erráticas del gobierno en Cataluña. Por ejemplo, dijo que la disposición del gobernador Ordoñez, por la cual se fijó las retribuciones de los trabajadores, había sido enviada para su consulta al Consejo Real y que atendiendo al silencio de este órgano, se aceptaba que la orden no había adquirido firmeza y que por lo tanto, estaba prescrita. Pero- siguió argumentando el ministro- siendo cierto que dicha orden no había conseguido que menguara el conflicto, Franquet promovió la negociación entre empresarios y trabajadores, la cual concluyó, en octubre de 1854, en la determinación de los jornales de los operarios de los talleres mecánicos y de las fábricas de tejidos de seda, dejando la ratificación de este acuerdo en manos del gobierno. Finalmente, el gobierno- dijo Luxan- nombró gobernador a Pascual Mádoz con el objetivo de que formase una comisión, presidida por Manuel Gutiérrez de la Concha, la cual debía analizar e informar respecto las circunstancias que incidían en la compleja situación de la provincia de Barcelona. Luxan acabó su parlamento respondiendo la hipótesis formulada por Figuerola según la cual Madrid solamente entendería a Cataluña si un día también se convertía en un centro industrial. El ministro de Fomento quiso rebajar el orgullo “industrialista” de los catalanes explicando que Cataluña no producía suficientes alimentos para satisfacer su demanda interior y que necesitaba la agricultura castellana y andaluza.

Pascual Mádoz también intervino en este debate para recordar su experiencia como gobernador de Barcelona y aseguró que la asociación de hiladores estaba infiltrada por los agentes carlistas. El diputado sabía que la infiltración había empezado en Berga ya que, como devenía notorio, ésta había sido la capital de los carlistas catalanes durante las últimas guerras civiles.

Una noticia llegada de Vic confirmaba que los tejedores de los talleres de la ciudad todavía se mantenían en huelga.

El juicio por el asalto a la masía Sant Jaume se inició el 22 de abril, a las ocho de la mañana, después que el tribunal de guerra, compuesto de cinco miembros y un asesor jurídico, hubiera oído misa. El presidente era un coronel [19]– al cual asistía el asesor- y ejercían de vocales cuatro capitanes, pertenecientes a los diferentes regimientos del ejército destinados en Barcelona. Los siete acusados- Joan Poyo, Antoni Aguiló, Macià Valldeperes, Josep Duran, Antoni Geis, Francesc Arquer i Jaume Torres- así como muchos testigos, estaban presentes en la sala. El periodista informaba de que Pau Melís- capturado el 19 de abril en Molins de Rei- también formaba parte de los acusados pero que ahora no se le juzgaba porqué se le instruía otro procedimiento (“ramo separado”). Enfrente del estrado, en la barra que lo cerraba, se exponían algunas pruebas: los uniformes de mozo de escuadra, las armas- fusiles recortados y dos pistolas que habían sido intervenidas a Pueyo- un tubo que contenía pólvora, unas cartucheras, una levita, el saco utilizado para transportar el armamento, y el cofre en el cual los asaltantes escondieron los uniformes y otra ropa. Los mozos de escuadra y los milicianos se encargaban de mantener el orden en la sala.

El juicio comenzó con la lectura del acta de la instrucción. En primer lugar, el acta describía los hechos que debían ser juzgados y que ya conocemos, salvo por lo que se refiere a algunos detalles, como que el hijo del dueño de la masía llevaba pantalones de algodón que se inflamaron al ser torturado con las ascuas, ocasionándole las heridas mortales. También nos enteramos de que los ladrones no consiguieron que sus víctimas confesaran el escondite de los bienes que aquellos buscaban- si fue el caso que los tuvieran- y al fin, habiendo robado las joyas a las mujeres y unas pocas monedas que había en un cofre, abandonaron a sus rehenes malheridos y atados. Las mujeres y el zagal de 14 años, una vez los ladrones se alejaron de la casa, salieron de la reclusión y prestaron ayuda a los heridos.

El jefe de la partida de asaltadores, Joan Poyo, era hijo de una familia acomodada y capitán carlista. Había sido ayudante de Francesc Savalls i Massot. También se dijo que Geis e incluso Arquer, tenían grado en el ejército del Pretendiente. Estos datos tenían interés puesto que Savalls- el cual llegó al generalato durante la tercera carlistada (1868-72, a 1876)- siendo joven fue miembro reconocido de los trabucaires de Felip. Precisamente, los métodos que emplearon los asaltantes de la casa Sant Jaume, resultaban habituales en los trabucaires. Sobre todo, lo de torturar a los habitantes de las masías que asaltaban quemándoles los pies hasta que confesaban el escondite donde guardaban los bienes. A Poyo se le encontró una lista de masías que pensaba asaltar y se averiguó que compró las armas utilizadas en una armería de Barcelona. El armero declaró que el acusado le había pedido fusiles que fueran del mismo tipo que los usados por los mozos de escuadra. También resultó probado que Poyo había alquilado un apartamento en Gràcia donde escondió las armas y los uniformes de policía.

Leída que fue el acta de la instrucción, comparecieron los acusados. Poyo declaró en primer lugar. El periodista confesaba que la bóveda de la sala se situaba a mucha altura y que por dicha razón no pudo escuchar con claridad lo que se hablaba en el estrado. Pero, en síntesis, el periodista supo que Poyo se declaró inocente, aunque reconoció que había planeado el robo. Luego no quiso llevarlo a cabo. El acusado desconocía quienes eran los que finalmente asaltaron la masía Sant Jaume. El periodista apuntó que Poyo se expresaba muy mal el castellano.

El segundo acusado, del cual el periodista no pudo entender el nombre, reconoció que había cobrado 14 duros por su trabajo y no alegó nada en su defensa. El tercer acusado, Macià Valldeperes- tampoco hubiéramos sabido de quien se trataba si no se adivinase por su declaración- admitió que se había encargado de trasladar los uniformes y las armas a Gràcia pero negó que hubiera participado en el asalto. Francesc Arqué declaró que no tenía conocimiento de ninguna circunstancia relacionada con aquel robo pues durante la noche de los hechos estaba durmiendo en Fort Pius- donde parece que estaba preso [20] . El quinto acusado, Antoni Aguiló, fue el único que confesó que había cooperado en la comisión del crimen y denunció la participación del resto de acusados. Aguiló alegó que la misión que le encargaron consistía en vigilar, como centinela, fuera de la casa, delante de la puerta. Un comentario de Aguiló trascendió debido a la posterior implicación de Josep Barceló en la comisión de estos delitos. Parece ser que Aguiló declaró ante el instructor que, en aquel caso, las autoridades solamente habían atrapado la pescadilla y que los peces gordos seguían en libertad. El último acusado- sabemos que se trataba de Antonio Geis- vestía elegantemente, a la moda de los menestrales, como también lo hacía Poyo. Geis habló al tribunal exclusivamente en catalán. Se defendió de la posesión del dinero que se le encontró encima, en el momento de la detención, afirmando que lo había ganado trabajando en distintas fábricas, en las cuales prestaba servicios. Negó que tuviera ninguna relación con los hechos juzgados.

Todos los acusados fueron reconocidos por las víctimas como los hombres que habían asaltado la masía Sant Jaume y les habían torturado y robado.

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A las cuatro de la madrugada del día 23, Macià Valldeperes, Antoni Geis y Joan Duran, que eran naturales de Olesa, fueron trasladados a Terrassa, donde se situaba la cabeza del partido judicial. Durante este mismo día les fue notificada la sentencia, la cual el periódico no especificaba pero que todo el mundo sabía que inevitablemente les condenaba a muerte. El periodista se limitó a explicar que las ejecuciones se llevarían a cabo en Terrassa ya que la masía Sant Jaume radicaba en un lugar deshabitado. Los presos, durante el trayecto, fueron custodiados por los mozos de escuadra. A las 6 horas y 30 minutos, Joan Poyo, Francesc Arquer, Jaume Torres y Antoni Aguiló, entraron en capilla para prepararse espiritualmente. Joan Poyo parecía sereno y se descubrió respetuosamente en el momento de traspasar la puerta del recinto. No obstante, cuando le fue leída la sentencia de muerte que debía cumplirse mediante el garrote, se mostró indignado y dijo que creía que este tipo de suplicio ya estaba abolido. Arquer se lamentó de que el juicio sumarísimo al que le habían sometido hubiera avanzado “a la velocidad del ferrocarril”, por lo que ni siquiera pudo despedirse de sus familiares. Además, volvió a insistir en su inocencia ya que había pasado la noche durante la cual se cometió el crimen, durmiendo en Fort Pius. En la misma gacetilla que se informaba de estas circunstancias, también se daba a conocer la edad de cada condenado; Poyo tenía 40 años, Arquer tenía 45, Torres, 36 y Aguiló, 33.

A la mañana siguiente, día 24, Poyo, Arquer, Torres y Aguiló fueron ajusticiados al garrote en Barcelona. En Olesa, se dio muerte por el mismo sistema a Duran, Valldeperes y Geis. El periodista que cubría la noticia comentaba que corría el rumor que la causa instruida por el asalto de la masía Sant Jaume había llevado a descubrimientos importantes y que por esta razón algunas personas muy conocidas se habían ausentado de la ciudad. El Constitucional de la misma fecha anunció la detención de Josep Barceló. El líder de los hiladores protestó por escrito que envió al periódico, negando que lo hubieran detenido y quejándose de que le calumniaban.

En fecha del día 26, el periódico informaba del conato de incendio que se había originado en una fábrica de la calle Amàlia. Como resultaba habitual, se señalaba que milicianos, obreros y vecinos trabajaron para sofocar las llamas.

La S.A. Ligure Ibérica, empresa italiana con sede en Génova y otras ciudades, inauguró en Sant Martí de Provençals un gran establecimiento de lavandería que limpiaba cualquier tipo de ropa mediante el nuevo sistema del vapor. Además, prestaba servicio a domicilio de recogida y entrega, mediante una flota de carruajes propios y garantizaba la indemnización al propietario por la perdida o daño de la mercancía que estuviera en sus manos. El proceso de limpieza seguía los siguientes pasos: 1- Remojo de los tejidos en solución de sosa y agua caliente. 2- Enjuague en agua clara. 3- secado mediante centrifugación. “Este sistema, confiado a las máquinas, no castiga la ropa- explicaba el periodista- como sí lo hacen algunas mujeres poco cuidadosas utilizando el sistema tradicional”. La nueva empresa trabajaba para el ejército, los hospitales y los centros de beneficencia y por esta razón tenía especial cuidado en preservar la salud de sus clientes separando en departamentos y salas especializadas el ropaje del ejército, de los hospitales, de los centros de beneficencia y de los particulares. Claro que La Ligure amenazaba seriamente el trabajo de las lavanderas que trabajaban por su cuenta, sobre todo, las de la riera de Horta.

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Gracias a la intervención en las Cortes de los diputados Degollada y Figueres, el ministerio de Fomento aceptó la inclusión de la conexión telegráfica de Barcelona hasta la frontera y Perpiñán.

Una información del día 27 explicaba que la causa por el asalto a la masía de Sant Jaume no debía darse por finalizada. Con un lenguaje críptico, el periodista anunciaba que el procedimiento judicial, dividido en diferentes ramos, estaba dando frutos trascendentes, que no concretaba.

Con fecha del día 28, la prensa anunciaba que durante el día anterior había sido detenido Josep Barceló por causa de su implicación en el asalto y robo de la masía Sant Jaume. La detención fue realizada por la ronda policial a las órdenes del señor José Montero (sucesor del terrible Jeroni Tarrés, el cual por entonces, permanecía en prisión). La ronda dio el alto a Barceló en el momento que lo divisó en la calle Barberà de Barcelona. El líder de los hiladores intentó huir pero tropezó y fue apresado. Luego fue conducido a la prisión del ayuntamiento con el rostro cubierto con una capa, para que no fuera reconocido por los peatones y de allí a la Ciutadella, donde lo incomunicaron, para separarle de los otros presos, por consideración a la “clase” a la cual pertenecía hasta la fecha – dijo el periodista-. La incomunicación debía prolongarse hasta que prestara declaración.

Los huelguistas de Igualada dominaban la ciudad y controlaban las entradas y salidas. Los representantes de los trabajadores igualadinos enviaron a Barcelona una comisión para que parlamentase con el gobernador.

Se decía que el cólera había rebrotado en Barcelona aunque los efectos no resultaban tan sensibles como lo habían sido en el largo episodio epidémico anterior.

Ciril Franquet, gobernador civil de Barcelona, dispuso, en fecha 30 de abril (Diario de Barcelona, de 1 de mayo) que:

1- Se deberían establecer comisiones locales y mixtas de empresarios y trabajadores, formadas por lo menos por 4 miembros y un máximo de 12, a fin de que dirimiesen las “cuestiones fabriles”. Los alcaldes serían presidentes de las mismas y responsables de la ejecución de los convenios que en ellas se acordaran.

2- Los precios de la mano de obra y la duración de las jornadas laborales deberían ser acordadas a partir de las tarifas que previamente se estableciesen. Pero esta medida solamente sería aplicable en el ramo textil y en los centros de más de 100 trabajadores.

3- Los empresarios que cerrasen sus fábricas sin causa justificada y aprobada por la comisión oficial, serían sancionados con una multa de 100 a 500 reales diarios. Los operarios que faltasen al trabajo recibirían una sanción de 5 a 50 reales diarios, o de arresto de por 1 ó 5 días.

4- Los actos contra la libre admisión y asistencia al trabajo por parte de los trabajadores deberían ser juzgados de acuerdo con el código penal.

5- Los empresarios que conspiraran para abaratar abusivamente las retribuciones de los trabajadores serían castigados con una multa de 10 a 100 duros y los trabajadores que se confabularan para encarecerlas, presionando con la huelga, lo serían con la misma sanción.

6- La alteración del orden público originado en las causas mencionadas, debería ser juzgado de acuerdo con la ley de 17 de abril de 1821[21].

7- Los fabricantes deberían avisar del cierre de sus empresas a la autoridad municipal, con 8 días de antelación y en el mismo plazo a sus trabajadores, a fin de que éstos pudieran conseguir un nuevo empleo. A los infractores les sería impuesta una multa de 100 a 1000 reales.

8- El abandono del trabajo por parte de los obreros sin causa justificada y sin haberlo comunicado al empresario con 8 días de antelación, sería considerado delito. El cese de la obra, sin haberla terminado, implicaría la indemnización del empresario, o la pérdida del derecho del trabajador a cobrar su precio.

9- El despido debía ser notificado al trabajador con la antelación de 8 días. En caso contrario, recaería sobre el empresario una multa de 10 a 50 reales. Cualquier junta de trabajadores realizada con el objetivo de coaccionar al patrón para imponerle la contratación de trabajadores mediante la huelga u otros medios coactivos, sería castigada con la imposición de las penas previstas (las cuales no se especificaban).

10- Solamente se legalizarían las asociaciones de trabajadores de carácter local y que se propusieran objetivos filantrópicos. En este caso, los responsables deberían entregar al alcalde el listado de los socios. Las asociaciones constituidas cumpliendo los requisitos establecidos debían ser aprobadas por el alcalde.

11- Los actos de violencia realizados para obligar a los trabajadores a ingresar en una asociación se considerarían agresiones personales y conllevarían el castigo previsto por la ley.

12- El alcalde se constituiría en interventor de la contabilidad de las asociaciones.

13- Las asociaciones constituidas que, en el plazo establecido, no comunicasen al alcalde la lista de sus afiliados, serían disueltas. Y si éstas seguían exigiendo las cuotas a los socios, los responsables deberían ser juzgados bajo la acusación de estafadores.

Llegó la noticia de que las Cortes habían aprobado la ley de desamortización, aun con la resistencia que le oponía la reina y ahora únicamente faltaba que ésta la sancionara. La ley, firmada por el ministro de Hacienda, Pascual Mádoz, afectaba los palacios episcopales, los santuarios y escuelas pías, así como los bienes propios y comunales de los municipios. La prensa explicaba que el temor de Isabel se fundaba en el desacuerdo del Vaticano, ya que el Papa opinaba que la desamortización infringía el concordato que había firmado con el reino de España. Isabel también pensaba que la expropiación de bienes propios y comunales no sería bien recibida por los municipios.

Pocos días después- Diario de Barcelona de 21 de mayo- el gobierno tuvo interés en publicitar las circunstancias dramáticas y sainetescas sucedidas en el palacio de Aranjuez que acabaron por doblegar la voluntad real. El gobierno en peso, con O’Donnell, ministro de la guerra al frente, se trasladó a la residencia real para obligar la reina a sancionar la ley. La resistencia de la reina fue notable y adujo que la regulación legal que le presentaban constituía una iniquidad. Entonces, el consejo de ministros se trasladó a las dependencias de su esposo, Francisco de Asís, pero éste corroboró la decisión de Isabel y apostilló que prefería perder la corona y el trono que conservarlos al precio de ceder a las pretensiones de los ministros. A la mañana siguiente, el consejo ministerial volvió a presentarse ante la reina y O’Donnell le dijo lo siguiente: “Señora, temo que V.M. se haga ilusiones acerca de su situación. V.M. debe saber que si persiste en su negativa, la Asamblea se constituirá en Convención Nacional, decretaré vuestra destitución y se os desterrará de España. Si nos obligáis a ello renunciaremos a la monarquía constitucional, por la que hemos hecho tantos sacrificios y proclamaremos la república […] os privaremos de vuestra hija, que pertenece a la nación y podrá servirnos de garantía contra V.E.” La reina acabó capitulando y sancionó la ley de desamortización, excusándose en la protección del interés de su hija ya que- dijo- nunca lo habría hecho en su interés.

Los cónsules en Francia más cercanos a la frontera denunciaban que los carlistas estaban acumulando armamento en la línea.

Con fecha del 30 de abril, el corresponsal en Igualada del Diario de Barcelona escribía una pequeña crónica, publicada el 2 de mayo, mediante la cual explicaba que la ciudad llevaba 8 días de huelga en todas las fábricas y que las calles estaba repletas de gente errante que pedía limosna. El corresponsal calificaba la situación de opresiva y miserable; pedía que las autoridades intercedieran. Explicaba que se había convocado una conferencia entre representantes de los empresarios y de los trabajadores de la que se esperaba una solución, aunque fuera provisional. Tenía la esperanza de que a la mañana siguiente abrieran sus puertas un par de fábricas pero constataba que algunos empresarios abandonaban sus domicilios y huían de la ciudad. En la edición de la tarde del mismo periódico, el gobierno civil informaba que según el alcalde de Igualada, se había resuelto el conflicto y que tres fábricas reiniciaban la producción, y que las seguirían el resto de centros.

Se inauguró el tramo de vía férrea entre Barcelona y Manresa de la línea que debía prolongarse hasta Zaragoza y que de momento solo llegaba hasta Sabadell. El trayecto estrenado contaba con las siguientes estaciones: Clot, Sant Andreu, Santa Coloma, Montcada, Cerdanyola y Sant Quirze del Vallès. El trayecto de Barcelona a Sabadell cumplía 2 meses de funcionamiento. Estaba previsto que durante el mes de junio se inaugurara la vía del tramo hasta Terrassa y se estaba trabajando sin descanso en el tramo de Terrassa a Manresa.

El día 3 de mayo, la prensa hacía saber que la instrucción de los diferentes procedimientos derivados de la causa por el asalto de la masía Sant Jaume avanzaba hacia la conclusión. Sobre todo, se acercaba la resolución del procedimiento instruido a Pau Melís, hilador de Molins de Rei y octavo miembro de la partida de ladrones que atacó a los vecinos de aquella casa, el cual había sido detenido el día antes de que fueran sentenciados sus compañeros.

El Corona de Aragón afirmaba que, desgraciadamente, la situación en Igualada había vuelto a empeorar. Las fábricas que durante el día 2 deberían haber abierto sus puertas, no lo habían hecho. Los trabajadores en el paro pasaban diariamente a recoger la ración de sopa que distribuía la municipalidad. Las autoridades militares estaban juntando tropas en Vilafranca para trasladarlas a Igualada. Algunos fabricantes de la ciudad habían huido a Cervera.

Durante el día 5, la prensa constataba que se mantenía el conflicto de Igualada. Únicamente dos o tres talleres pequeños, que no sumaban ni una sexta parte de los telares de la ciudad, estaban en activo. Los fabricantes que permanecían inactivos aseguraban al alcalde que ellos nunca habían cerrado sus establecimientos y que los mantenían abiertos para cualquier trabajador que aceptase las tarifas (retribuciones) acordadas en fecha del 23 de enero y aprobadas por el mismo alcalde. Esta autoridad intentó nuevamente que se reuniera la comisión de empresarios y trabajadores pero, habiéndola convocado, solamente 7 fabricantes se presentaron, por lo que no se pudo constituir por falta de quórum.

A las ocho de la mañana del día 10 se reunió en la sala de visitas de la prisión de la Ciutadella, el consejo de guerra que había de juzgar a Pau Melís, hilador, de 25 años, casado y con 2 hijos, natural de Molins de Rei. Se le acusaba de haber formado parte de la partida de ladrones que asaltó la masía Sant Jaume. El periodista que daba la noticia, añadía que durante aquel mismo día se había visto un viejo que caminaba renqueante por las Ramblas, con los pies vendados. Se trataba de Llorenç Sanahuja, el dueño de Sant Jaume, torturado por los ladrones y que esperaba en Barcelona para asistir a la vista.

En la edición de la tarde del día 10, el Diario de Barcelona publicaba una crónica de lo sucedido en la vista del juicio contra Pau Melís. Los anteriormente juzgados y condenados, Aguiló, Duran y Valldeperes, implicaron a Melís en los hechos criminales. Valldeperes confesó que Melís fue quien le obligó a vestirse con el uniforme de mozo de escuadra. En principio Melís negó esta acusación, aduciendo que en la noche del asalto estaba durmiendo en su casa, en Molins de Rei y aportó testigos de su presencia en el pueblo. Pero dichos testigos no recordaban exactamente la fecha en la cual habían visto a Melís en Molins de Rei. Por otro lado, se descubrió que los miembros de la partida de ladrones habían cenado en Esparraguera y que alrededor de la una de la madrugada viajaron a Molins de Rei, acompañados por Melís, que iba armado con una carabina. Eso se supo porque el cochero que transportó a los ladrones contó que Melís le amenazó con el arma para que aligerase el paso. El acusado, de entrada, negó que hubiera formado parte de la partida criminal y justificó que si la noche de los hechos estaba en Esparraguera era porqué debía asistir a una reunión de hiladores que allá se celebraba. Algunos testigos de este pueblo declararon que Melís acompañaba a los ladrones “en completa intimidad”. Los habitantes de la masía Sant Jaume no reconocieron a Melís como asaltante.

El periodista explicaba que el oficial encargado de la defensa de Melís se encontraba enfermo y que fue sustituido por otro. El sustituto se mostró extremadamente lacónico y solamente alegó, en defensa del acusado, que era una persona muy religiosa y de alta moralidad. Al respecto, aportó certificados firmados por el rector de la parroquia y el alcalde de Molins de Rei. Durante la instrucción se había llevado a cabo un careo entre Melís y Valldeperes, en el cual este último acusó al primero de haberlo obligado a ponerse el uniforme de mozo de escuadra. En la declaración ante la comisión militar, Melís se excuso por no haber recordado que estuvo en Esparraguera en compañía de los asaltantes de la masía Sant Jaume cuando fue preguntado sobre dicha circunstancia pero insistió que había ido allá únicamente para participar en una reunión de la asociación de hiladores. Melís no reconoció los uniformes de mozo de escuadra que le fueron mostrados.

El periodista acababa su crónica confesando que no había podido entender del todo lo que se decía en el estrado ya que no le llegaba claramente el sonido de las palabras pronunciadas pero que sabía que Melis había realizado “ciertas revelaciones”. Claro está que el periodista tenía conocimiento del contenido de las “revelaciones”, que no era otro que la denuncia de la implicación de Josep Barceló en la comisión del crimen pero no se atrevió a descubrirlas.

Pau Melís fue puesto en capilla el 11 de mayo en previsión de que fuera ejecutado al cabo de 24 horas. Estando en capilla fue sometido al careo con Josep Barceló, según informó La Corona de Aragón del día 12: “Puesto ya en capilla, el desgraciado Melís, hizo una espontánea declaración manifestando que ya que no le quedaba ninguna esperanza de vida debía confesar su participación en el robo de que se le acusaba, siendo otro de los que subieron a la casa disfrazado de mozo de escuadra; añadiendo que si tomó parte en el robo fue por instigación de Barceló, el cual le presentó a Poyo, a quien no conocía. A consecuencia de tan franca declaración, se ordenó el inmediato careo en capilla con Barceló […] Melís se ratificó en presencia de dos testigos y del fiscal y escribano de la causa en la declaración que había prestado, acusando abiertamente a Barceló y lamentándose de haberle conocido […] Barceló, sumamente conmovido y tartamudeando, no hizo cosa que negar los cargos hechos por su compañero…”

A las 9 de la noche, Barceló fue nuevamente recluido en la Ciutadella. Grupos de obreros le esperaban en la entrada de la prisión aunque solo fuera para verle pasar entre la escolta de mozos de escuadra. El Diario de Barcelona se hacía eco del rumor que circulaba por la ciudad según el cual Melís sería indultado como premio por las “revelaciones” que había llevado a cabo.

Los dirigentes obreros de Barcelona y de cerca de 45 localidades catalanas respondían la normativa represiva de Franquet, de fecha 30 de abril, con un escrito reivindicativo que dirigieron al presidente del gobierno, el general Baldomero Espartero:

“Excm. Sr. Duque de la Victoria.

Los que suscriben comisionados por la clase obrera de Cataluña, se presentan a V.E. para manifestar al soldado del pueblo con la noble franqueza, y la premura que las circunstancias exigen los deseos de sus comitentes.

La clase obrera de Cataluña pide que se la reconozca la propiedad de su trabajo, lo mismo que se reconoce a la de sus amos los capitalistas, desea por tanto en cada uno de sus individuos la libertad absoluta de asociarse para casos en que gozando de salud carezca de trabajo, por la misma razón que se le concede cuando teniendo trabajo carece de salud: para poder rechazar el jornal que considere insuficiente a sus necesidades, y a la magnitud de su trabajo y pedir el, en su concepto, justo, (todo pacíficamente y sin la menor violencia), por la misma razón que el capitalista puede asociar sus capitales rechazando los jornales en su concepto altos; pide, en una palabra, para prevenir las angustias de mañana en las crisis industriales que de vez en cuando paralizan temporalmente el trabajo; en los casos que los suspenda parcialmente, tal vez, un mal entendido, y en los que las indisposiciones físicas del obrero no le permiten disfrutarlo, se conceda a cada uno de sus individuos el sagrado derecho de asociar sus ahorros individuales, y tener para sí, con el capital colectivo resultante, una garantía de existencia y tranquilidad, que para la sociedad, lo es sin duda de orden.

Negar tan justo derecho a los obreros en lo necesario, cuando se concede a los demás en lo superfluo, es una injusticia; que como todas, tarde o temprano produce fatales consecuencias: 1ª. La de trastornar en hechos secretos (con los naturales resultados del misterio y la fuerza) lo que a ser uso de un derecho legítimo, llevaría la garantía y beneficios de la publicidad, y 2ª. de dificultar y hasta desprestigiar la acción de la autoridad que se presenta, aunque legal, protectora de un privilegio en favor del que es más fuerte, al perseguir los hechos justos del obrero, cuando a sentarse la igualdad en este punto, la autoridad se hallaría con la fuerza y expedición del defensor de la libertad de todos y de cada uno, castigando con mano fuerte la violencia, de cualquier parte que ella viniese.

A la libertad de asociación del obrero, añade y pide el nombramiento de un jurado mixto; esto es, de amos y trabajadores, que dirima buenamente y con acierto las cuestiones sobre el jornal entre fabricantes y operarios, cumpliendo a la autoridad el sostén de sus acuerdos, y haciendo enmudecer de esta manera las exigencias exclusivas.

Los obreros, en fin, piden en beneficio de su salud, de su independencia, del adelanto de la industria y del aumento del consumo:

Que se fije en diez el máximun de las horas del jornal, y se sujeten a inspección los locales de los establecimientos fabriles para ver si llenan las, condiciones higiénicas necesarias; que se establezca el mayor número posible de escuelas gratuitas industriales, en donde aprendan los obreros los medios menos violentos, más útiles y modernos para cumplir sus diversas operaciones y fundar tal vez sus inventos, y por último que se establezcan también salas de asilo para los hijos de los obreros que, ocupados en su trabajo, se ven en la necesidad de tenerlos casi todo el abandonados a los peligros físicos y morales de la poca edad, y se prohíba a sus padres les pongan a trabajar antes de la edad de diez años, ya que se evitarían de este modo las harto frecuentes desgracias de su debilidad e inexperiencia en los talleres, lograrían mejor desarrollo físico, y podrían aprovechar las escuelas industriales, ofreciendo para el porvenir más y mejores productos en igualdad de tiempo.

Pan para el espíritu, Sr. Excmo., pide el obrero a un Gobierno liberal, en las escuelas gratuitas industriales; salud para el cuerpo y tranquilidad para el terrible mañana inmediato, con la fijación de un máximum de horas de trabajo, inspección higiénica de los locales de talleres, y derecho de asociación; por último, justicia conciliadora con el establecimiento de un jurado mixto para cuestiones de amos y trabajadores; y, en fin, más salud y más inteligencia para el futuro trabajo en los hijos de los obreros, con el establecimiento de casas asilo y prohibición de que trabajen en los talleres antes de los diez años.

Y peticiones tan santas, Excmo. Sr., ¿podrán negarse a una clase que se honra con un amor constante al trabajo, que haría mil sacrificios para el sostén de la libertad, y que tiene especial predilección al gobierno del Duque de la Victoria, y más particularmente a la persona de V. E., símbolo del progreso indefinido? No, Sr. Excmo., el hijo de la confianza del pueblo, el hombre honrado y liberal, no verá indiferente el monopolio, no consentirá la libertad en unos, y el ahogo opresivo en los débiles; y partidario de la igualdad, contribuirá con toda la fuerza de su influjo, los recursos inmensos de su autoridad, y la elocuencia de su noble y patriótico corazón a que se acceda a la petición de los obreros de Cataluña.

Por tanto, en nombre de la justicia, de la humanidad y del orden duradero, los que suscriben,

Suplican a V. E. se digne apoyar y contribuir al logro de la adjunta petición, como no pueden menos de esperarlo los hijos desheredados de la fortuna, en cuyo nombre lo piden al recto corazón de V. E.

Barcelona, 11 mayo de 1855.”

Como se puede comprobar, en esta fecha los trabajadores ya no se oponían a las “selfactinas”. Por el contrario, reivindicaban la creación de escuelas que impartiesen la formación necesaria para manejar las nuevas máquinas.

Los miembros de la comisión de la Junta de Fábricas llegaron a Barcelona provenientes de Madrid a donde habían ido para presionar al gobierno a fin de que anulara formalmente la prohibición del uso de las “selfactinas”. En la ciudad catalana convocaron una reunión para informar de las gestiones que habían llevado a cabo.

Distintas asociaciones filantrópicas- es decir, “legales”- de trabajadores de los ramos de tintoreros, colchoneros, hojalateros, carpinteros de construcción, herreros, panaderos, alpargateros y de otros oficios, de Barcelona y de hasta cincuenta poblaciones de la provincia, se presentaron al gobernador civil para manifestarle que comprendían la necesidad que tenía el nuevo gobierno de consolidarse y que se restableciera la confianza de la población en las autoridades para que así prosperaran las grandes mejoras materiales que proporcionaría el trabajo. Por todo ello, querían transmitir al gobernador su “lealtad, amor al orden y a las instituciones”. En concreto, afirmaban que:

1- Cooperarían en el mantenimiento del orden público y que estaban dispuestos, si era necesario, a tomar las armas para combatir a aquellos que quisieran traer otra guerra civil amparándose en la bandera de la revolución.

2- Renunciaban a cualquier alianza para conseguir los aumentos de salarios acordados por las comisiones mixtas y que pondrían todo de su parte para que no hubiera más huelgas.

3- No obstruirían el funcionamiento franco y liberal del gobierno y de las autoridades que lo representaban, con el objetivo de que se llevaran a cabo las reformas que proyectaban a favor de la provincia, las cuales también beneficiarían a los trabajadores.

4- Rechazaban las acusaciones de que eran objeto, consistentes en la falta de respeto a las leyes y a los tribunales, a los cuales siempre acatarían y en definitiva, garantizaban que las sugerencias y maquinaciones de los enemigos de Isabel II chocarían con la honradez y lealtad de las asociaciones que representaban.

El ayuntamiento de Barcelona, cansado del entorpecimiento constante que el gobierno y el ejército oponían al derribo de las murallas, nombró una comisión de letrados con el fin de que emitiesen un informe dirigido a la reina que justificase que el dominio (propiedad) de los terrenos sobre las cuales se alzaban y de su entorno, pertenecía a la ciudad. Los miembros de esta comisión fueron Pau Valls, Josep Maria Pera, Francesc Permanyer y Manuel Duran i Bas.

A las siete y media de la mañana del día 12 de mayo, Pau Melís fue ejecutado mediante garrote.

A la mañana siguiente, la prensa recogía el rumor que delataba que la policía, durante la jornada del día 12 había realizado una razia general en la ciudad de Barcelona, entrando en numerosos domicilios y llevando a cabo detenciones.

Se mantenía la huelga en Igualada. El alcalde quiso reunir la comisión de empresarios y trabajadores pero los representantes de los primeros no se presentaron a la convocatoria. El periodista calificaba la situación de muy angustiosa y recordaba que llevaban veinte días inmersos en ella. Pero reconocía que la actitud de los huelguistas era pacífica.

Alrededor del día 18 fue convocada la huelga de los empleados de las panaderías de Barcelona. Los huelguistas exigían el aumento de las retribuciones. Las autoridades, considerando que estaba en peligro la producción y distribución de un bien de consumo primordial, reaccionó encarcelando a todos los panaderos huelguistas que pudo atrapar. El ayuntamiento amenazó con considerarlos sediciosos y pidió a los dueños de los negocios que los denunciaran.

Con fecha del día 21, el alcalde de Barcelona ordenó la incoación de diligencias para averiguar las razones y consecuencias de unos sucesos acaecidos pero no especificados por el periódico, relacionados con las reclamaciones formuladas por la asociación de hiladores sobre las retribuciones debidas por el trabajo en días festivos.

En la misma fecha, el Diario de Barcelona publicaba un suplemento a la edición cotidiana, titulado “Exposición elevada a S.M. por el Excmo. Ayuntamiento de Barcelona”. Mediante dicha “exposición”, el ayuntamiento reclamaba que se reconociera a la ciudad la propiedad de los terrenos que ocupaban la muralla, los baluartes, los glacis y las dependencias de la fortificación. La petición comenzaba con una larga relación histórica relativa a las anteriores murallas, hasta llegar a las últimas, a fin de demostrar que las sucesivas defensas de la ciudad, incluso los muros, “valles” (fosos), terraplenes, puertas, torres y baluartes, siempre habían sido financiadas y edificadas por los barceloneses. Después- argumentaban los letrados redactores- Felipe Vº abolió – textualmente- “la venerada y antiquísima Constitución de Cataluña” y se apropió de las posesiones y derechos de la ciudad condal. Por lo dicho, aun reconociendo que el derecho del Estado español se extendía a las murallas, ya que se habían suprimido los antiguos derechos señoriales, lo cierto es que habiendo sido derruidas, de ello no se podía deducir que los terrenos sobre los que habían sido construidas perteneciesen a alguien que no fuera la ciudad. La exposición, redactada- recordémoslo- por Pau Valls, Josep Maria Pera, Francesc Permanyer y Manuel Duran y Valls, contiene algunos argumentos incisivos: “No puede creer, Señora, este Ayuntamiento que se defienda en el día de hoy este acto fundador de vuestra dinastía con las teorías del derecho de conquista…”, ya que este derecho- alegaban los autores- se funda en el cumplimiento del requisito consistente en que la guerra sea “justa y solemne”, contra una potencia extranjera y por lo tanto no puede tratarse de una guerra civil, como fue la guerra de sucesión. En definitiva, en el año 1714, Barcelona no fue “conquistada” y por lo tanto, la reina debía declarar que la propiedad de los terrenos en los que se edificaron las murallas, los fosos y los glacis, pertenecían a Barcelona. Es decir, los jurisconsultos argumentaron a favor de la reclamación que la guerra de sucesión no fue “justa” y que, en cualquier caso, consistió en una pelea de reyes, de la cual los barceloneses y los catalanes fueron víctimas ya que por su causa, finalmente, perdieron los derechos que el régimen monárquico anterior les reconocía y respetaba.

Degollada y Figueres, diputados que se habían distinguido en la defensa en las Cortes de la extensión de las líneas telegráfica y ferroviaria hasta Cataluña y la frontera, fueron bien recibidos en Barcelona por los empresarios y la municipalidad.

Se creó la asociación de artesanos y menestrales llamada “Círculo Industrial”.

En su edición del día 23, el Diario de Barcelona copiaba El Constitucional para informar que la “causa célebre” instruida contra Josep Barceló avanzaba con la misma rapidez que se había instruido la causa principal de la cual derivaba, aunque se había retardado momentáneamente debido a que exigía más pruebas que aquella. Por esta razón, la ampliación de la investigación resultaba necesaria. Por ejemplo, se habían llevado a cabo diferentes reconocimientos a Barceló, mediante ruedas de presos y muchos testigos de distintas clases sociales, habían sido citados para que declarasen. En definitiva- resumía el periodista- “en la causa principal estaban más concretos los hechos sometidos a examen y con menos dilaciones se acreditó cuanto incumbía acreditar”.

El capitán general Juan Zapatero, excusándose en la sublevación militar de poco alcance ocurrida en Zaragoza y en la aparición de algunas pequeñas partidas de carlistas en el interior de Cataluña y en el Maestrazgo, declaró el estado de guerra en Barcelona, aunque lo calificó de estado de excepción. El bando de Zapatero establecía que los subversivos deberían ser juzgados en consejo de guerra. Además, sometía las autoridades civiles a la capitanía general.

Mediante sucesivas ordenanzas del gobernador y de los alcaldes constitucionales se reconocía que los carlistas asomaban por diferentes lugares de la geografía catalana y en fecha del día 30, considerando que también los había en tierra aragonesa y amenazaban con pasar a tierra catalana, Zapatero amplió el estado de guerra a todo el Principado.

En esta misma fecha, el alcalde de Sants, Vicenç del Salat, informó que en una fábrica de esta población se había producido un altercado de poca importancia porqué alguien escribió “Viva Carlos VI, muera Espartero y la libertad” con lápiz, en un telar. Los trabajadores de la fábrica se enfadaron puesto que- explicaba el alcalde- “la clase obrera ha jurado que morirá por la libertad”.

Durante el día 31, los lectores de prensa supieron que en las Guilleries grupos de trabucaires, posiblemente carlistas, asaltaban masías.

La instrucción del caso contra Josep Barceló se dio por acabada en fecha 2 de junio. Una de las últimas actuaciones realizadas por el juez consistió en otro careo entre los testigos que habían asistido al anterior careo entre Melís- ya muerto- y Barceló. De nuevo, como ya había hecho en el anterior careo con Melís, el lider de la asociación de hiladores negó todas las imputaciones.

A las 8 de la mañana del día 4, en la sala de visitas de la prisión de la Ciutadella, se formó el consejo de guerra que había de juzgar a Josep Barceló. La presidió el coronel Ravell. El fiscal disponía de un plazo de cuatro horas para presentar sus conclusiones y cuando lo hubiera hecho, el expediente sería librado al defensor, el capitán Joaquím Pons i Mercader para que, en el mismo plazo, lo estudiara. El periodista afirmaba que el capitán general, deseando que el tribunal fuera absolutamente imparcial, había renunciado al nombramiento del presidente y miembros de la comisión militar, permitiendo que continuasen los que ya ocupaban dichos cargos.

A la mañana del día siguiente se reunió el consejo de guerra para juzgar a Josep Barceló Cassadó, de 36 años y natural de Mataró. La sala de visitas que sirvió de audiencia estaba completamente llena de gente y custodiada por miembros de la ronda policial, un piquete del batallón de artillería y un pelotón de mozos de escuadra. En la barra del estrado se exhibían las mismas pruebas materiales- ropa, armas…- que habían sido utilizadas para condenar a los siete asaltadores de la masía Sant Jaume y a Pau Melís.

El periodista que informaba del desarrollo de la vista describió sintéticamente pero con precisión, los argumentos expuestos por el fiscal. Ciertamente, la mayoría de la gente debió creer que Barceló sería acusado de complicidad con la banda de asaltadores, ya condenados y ejecutados pero, oyendo al fiscal, supieron que la acusación formulada contra el encausado era mucho más atrevida. El fiscal consideró que el líder de la asociación de hiladores había sido el autor intelectual y organizador de los crímenes que llevaron al patíbulo a Poyo, Arquer, Torres, Geis, Aguiló, Duran, Valldeperes y Melís. Según alegó el fiscal, resultaba que no solo Melís, sino también Geis, estando en capilla, acusaron a Barceló de haberlos inducido a cometer el crimen y resultaba evidente que, encontrándose en este lance (“prontos a comparecer ante el tribunal de Dios”) los condenados no podían mentir. Además, el fiscal sacó a relucir que, según la declaración de Poyo, Barceló le había acompañado a la tienda del armero donde más tarde el jefe de la partida compró las carabinas que se utilizaron en el asalto a la masía. Poyo, en aquella ocasión, pensó que Barceló quería adquirir armas para los milicianos que comandaba. Geis, por su parte, declaro que, debido a la amistad que tenía con Barceló, había pasado la noche que ocurrió el asalto y robo, en casa de la amante de su amigo y reveló que allá se había olvidado unos pañuelos, rojo uno y verde el otro, que después fueron hallados en el lugar por los policías que registraron este domicilio. Geis también explicó que había conocido a Poyo en casa de Barceló. El fiscal incluso alegó como prueba de culpabilidad que Barceló intentó huir cuando la ronda policial le quiso detener, aun sabiendo que estaba citado por el juez instructor, ya que la citación había sido publicada en el Diario de Barcelona. En el momento de la detención, la ronda policial requisó un puñal a Barceló.

La actitud de Barceló desde que ingresó en prisión también fue aprovechada por el fiscal para inculparle ya que, en su opinión, fue “negativa”. Es decir, Barceló no quiso admitir que conocía a Poyo, aunque había testigos que aseguraban que paseaban juntos. El acusado tampoco quiso reconocer que había acompañado a Royo en su visita al armero aunque este comerciante reconoció a ambos. Por lo que se refiere a Melís, el líder de la asociación de hiladores se entestaba en afirmar que no le había visto desde que muchos años atrás coincidieron en una fábrica. Geis i Melís señalaron a Barceló como el hombre que les instigó a cometer el robo de la masía Sant Jaume y dijeron que entonces les comentó que si encontraban a dos o tres hombres que quisieran participar en el mismo, el éxito de la empresa quedaba asegurado y se harían ricos. Barceló también les ofreció su domicilio como refugio para el caso de que fueran perseguidos por las autoridades y les garantizó que allá nadie los buscaría. Finalmente, el fiscal recordó que camino de la prisión, Barceló comentó a los mozos de escuadra que le custodiaban que se reunirían sesenta mil hombres para liberarlo.

De todas las acusaciones que desgranó el fiscal contra Barceló, una resultaba muy significativa porqué descubría la verdadera causa del encarnizamiento a que se veía sometido. Sin ningún disimulo, el fiscal alegó contra el reo que muchos alcaldes de la provincia, como los de Vilassar, Mataró, Sitges y Vilanova declararon que Barceló, en su papel de jefe y comisionado de la asociación de hiladores, visitaba los pueblos para enardecer a los trabajadores y que, en vez de actuar como conciliador, creaba más conflictos laborales de los que había.

Finalmente, el fiscal pidió para Barceló la imposición de la pena de muerte.

Josep Barceló, ante el tribunal militar, negó todas las acusaciones con voz firme. Solamente admitió que en el momento de ser detenido llevaba encima un puñal pero se justificó en su condición de capitán de la milicia, por lo que tenía derecho a portar arma personal.

El periodista no nos explica los argumentos de la defensa pero en un impulso de imprudente sinceridad- teniendo en cuenta la censura que implicaba el estado de guerra- afirma que el capitán Joaquím Pons borró (“desvaneció”) las pruebas de cargo y que, en consecuencia, pidió que el fiscal retirara la acusación y que su defendido fuera absuelto. Es decir, el periodista creía que no había pruebas que permitieran condenar a Barceló y lo mismo pensaba la mayoría de la población, incluidos muchos liberales conservadores, industriales y burgueses. Más adelante veremos que incluso Joan Mañé i Flaquer, director del Diario de Barcelona- periódico conservador y siempre comprometido con las autoridades- cuando todavía no habían transcurrido dos meses de la condena y ejecución de Josep Barceló, creía que casi siempre que el Estado intervenía en las cuestiones laborales de la industria lo hacía desacertadamente, amontonando leña en el fuego y que un momento de vértigo, la autoridad “emprendió cruda persecución contra determinadas personas de la clase trabajadora, por cierto de las más ilustradas que ella cuenta”. Mañé remataba su comentario afirmando que resultaba necesario que se pusiera punto final a tanta arbitrariedad ya que la clase obrera no podía considerarse al margen de la legalidad- es decir, que al trabajador no se le podía considerar una persona sin derechos, al que no se le aplicaba la justicia -.

Conrad Roure, que además de periodista era abogado, siendo joven siguió con interés el proceso de Barceló y en las memorias que escribió asegura que un tribunal civil, o simplemente un tribunal justo, no podría haber encontrado manera de condenarlo y que ni tan solo hubiese hallado la forma de considerarle cómplice de los crímenes de Sant Jaume. Roure acaba su comentario con la siguiente frase: “pero por entonces Barcelona permanecía bajo las órdenes de Zapatero” [22] . La referencia de Roure a los tribunales civiles nos recuerda que en este caso, las primeras actuaciones de la instrucción fueron atribuidas al juzgado de primera instancia de Terrassa, lo cual resultaba lógico ya que no había sido declarado el estado de guerra. Pero el juez civil fue obligado a inhibirse a favor del tribunal militar. Esa medida debió ser tomada cuando se descubrió que algunos de los implicados principales en los crímenes de Olesa pertenecían al gremio de los hiladores y las autoridades se percataron de que podían aprovechar la circunstancia para escarmentar a los miembros de la asociación obrera más organizada e influyente.

A partir de otras fuentes que no son la prensa [23] podemos deducir las bases de la argumentación de la defensa, formulada por Joaquím Pons i Mercader. En primer lugar, está claro que los hechos alegados por la fiscalía únicamente probaban que Melís, Geis y Poyo conocían a Barceló, lo que resultaba lógico ya que los cuatro compartían el mismo oficio de hilador. Por eso, Melís, o Geis, o ambos, podían haber sido invitados a visitar el domicilio de Barceló y por la misma razón Poyo, estuvo en éste, o en el de su amante. El hecho de que Poyo conociera al armero, al cual compró las armas para el asalto, debido a que previamente lo visitara acompañado de Barceló, tampoco probaba la participación de éste en el crimen por el que también había sido juzgado el otro.

En segundo lugar, no hay duda de que si Melís y Geis implicaron a Barceló en los crímenes de Olesa, eso fue debido a las insinuaciones del fiscal y del juez, consistentes en hacerles creer que si revelaban dicha relación les sería conmutada la pena de muerte, aunque fuera en el último momento, en el patíbulo. En realidad, la misma presión fue ejercida contra Aguiló, Duran y Valldeperes, a fin de que enredaran a Melís en el asunto. Incluso Barceló fue apremiado con esta sugerencia ya que el fiscal, ante el tribunal, le conminó a la franca confesión, avisándole de que la comisión militar tanto podía condenarle como absolverle. Barceló se reafirmó la inocencia y no incurrió en la falsedad de implicar a nadie más en la comisión de los crímenes juzgados.

En tercer lugar, nadie sabía con certeza lo confesado por Melís y Geis. En realidad, la frase más comprometida que se atribuyó a Melís se refería a que lamentaba haber conocido a Barceló. Pero esta afirmación también puede interpretarse en el sentido de que Melís sabía que había sido implicado en aquellos crímenes debido a su condición de hilador asociado y el afán de la capitanía general por castigar a Barceló. Es evidente que el tribunal militar se dio prisa en ejecutar a Geis y luego a Melís, antes de juzgar a Barceló, a fin de que no pudiesen declarar en la vista pública del juicio de éste.

Finalmente, si Barceló esquivó a los miembros de la ronda policial de Montero- sucesor del terrible Jeroni Tarrés- lo hizo movido por el impulso de huir de unos matones disfrazados de policía, cargados de mala fama, que la gente confundía con delincuentes porqué a menudo no se identificaban ante los ciudadanos. Pero, sobre todo, huyó porqué el dirigente obrero no sabía que la justicia le hubiera citado. Al respecto, el defensor de Barceló aportó una prueba incontrovertible: Barceló fue detenido en el día 27 y hasta la mañana siguiente, día 28, no se publicó la requisitoria del tribunal que le reclamaba. Es decir, Barceló esquivó a los miembros de la ronda debido a que no sabía que le hubiese imputado ningún tribunal, ni que le requirieran para que se presentara ante un órgano judicial. Por lo tanto, en el momento que Barceló fue detenido, no estaba imputado y ningún tribunal interesaba su presentación.

Juan Zapatero decidió que Josep Barceló debía morir y tomó esta resolución antes de que se descubriera ninguna relación, ni que fuera imaginada, entre los crímenes y el líder de la asociación de hiladores. La determinación de Zapatero fue tan anterior al “descubrimiento” de la relación del líder obrero con algunos de los condenados por los crímenes de Olesa que el diputado Laureà Figuerola tenía constancia de la misma y con toda naturalidad la aireó en su intervención en las Cortes del día 19 de abril- a la cual nos hemos referido. Es decir, tan antigua era la determinación homicida de Zapatero que Figuerola, antes de que Melís pudiera implicar a Barceló en los crímenes de la masía Sant Jaume, ya sabía que el hilador estaba siendo perseguido por la comisión de dichos delitos, u por otros todavía indeterminados- lo acusó de ser “jefe de incendiarios y asesinos” y afirmó que por ello estaba procesado. Y recordemos que, además, La Corona de Aragón del 24 de abril anunció que Barceló había sido detenido y no lo fue hasta pasados tres días.

Los líderes de las asociaciones obreras eran conscientes que, desde que se prohibieron las “selfactinas” los grandes industriales deseaban borrarlos del mapa y mediante la respuesta que dieron a las invectivas de Figuerola – publicada en la prensa del día 2 de agosto de 1854- denunciaron que en una “junta” de fabricantes se había barajado la posibilidad de pagar asesinos para que acabaran con los dirigentes de la comisión de hiladores.

El escarmiento decidido por el capitán general todavía se fundaba en otra excusa, la cual fue sugerida muy indirectamente, consistente en suponer que las asociaciones obreras y los carlistas mantenían relaciones conspirativas. Precisamente, Poyo y Arquer habían sido oficiales carlistas y el asalto y robo de la masía Sant Jaume se realizó de acuerdo con el estilo y las normas de las acciones de los trabucaires. Además, desde el momento que el general Gutiérrez de la Concha declaró el fin de la guerra de los “matiners” (1849) se había percibido una cierta efervescencia bélica. En el ámbito rural, los carlistas seguían vivos; alicaídos, ciertamente, pero aun vivos. Recordemos que los “matiners” no fueron vencidos en el campo de batalla y que simplemente se diluyeron por falta de financiación y del soporte de los grandes payeses. Y también debemos recordar que aquella guerra se caracterizó por la alianza de rebeldes de distintas ideologías. Por entonces, republicanos, liberales de izquierda y carlistas se mezclaron en las mismas partidas armadas, colaboraban activamente en las mismas luchas e incluso compartían material y efectivos humanos.

Las autoridades políticas y militares del Estado tenían muy presente la experiencia vivida en la guerra que había finalizado cinco años antes y por lo tanto no consideraban extraño que la antigua alianza de los “matiners” de distintas banderas todavía se mantuviese. Los carlistas tampoco la habían olvidado y cuando se percataron de la tozudez y éxito del levantamiento obrero, se apresuraron a oficializar una nueva tentativa armada. Precisamente, cuando en fecha de 2 de julio, se declaró la huelga general, Marcel•lí Gonfaus, el jefe carlista de más renombre en las comarcas gerundenses, entró en el Principado al frente de un contingente que superaba la simple partida de trabucaires.

En la edición del 5 de junio, el periódico informaba que el consejo de guerra condenaba a Barceló a la pena de muerte, que la sentencia le había sido leída y que inmediatamente, el reo había entrado en capilla. La sentencia debía cumplirse a la mañana siguiente, día 6, a les 7 de la mañana. El condenado oyó la lectura de la sentencia con serenidad, aunque inquieto. El periodista explicaba que Barceló había formulado “exigencias improcedentes” y demostró rencor contra los hombres que le habían implicado en aquella conspiración.
Inmediatamente, el gobierno militar de la provincia de Barcelona adoptó las medidas escénicas y de seguridad que consideró necesarias para llevar a cabo la ejecución pública de Barceló. No hubo ninguna sorpresa en lo que se refiere al lugar escogido ya que casi todas las ejecuciones se llevaban a cabo en los glacis de las murallas y muy a menudo en el glacis del portal de Sant Antoni (actualmente, la plaza Josep Maria Folch i Torres). Pues, éste fue el lugar escogido. Pero sí que hubo cierta expectación ante las exageradas medidas de seguridad adoptadas. El batallón del regimiento de Soria, una batería de cincuenta soldados del regimiento de Artillería, un batallón de cazadores de Arapiles y un escuadrón del regimiento de Calatrava debían formar el cuadro alrededor del cadalso. Un pelotón del escuadrón de cazadores de Barcelona, reforzado con otro de Infantería, custodiaría al condenado. Barceló saldría de la prisión por la puerta de la sala de visitas y sería conducido al lugar de la ejecución por la parte exterior de la ciudad. Verdaderamente, el gobierno militar se asustó porqué sabía que en este caso toda la ciudadanía estaba en su contra.

Las últimas noticias publicadas informaban sobre el estado de ánimo del condenado. Finalmente- decía el periodista- Barceló se mostraba dócil y sumiso a las exhortaciones de los sacerdotes y había otorgado testamento. Además, había admitido que tenía conocimiento de la planificación del asalto y robo de la masía Sant Jaume y que conocía a Poyo, Geis y a otros acusados. También admitió que sabía algo del incendio de una fábrica en Molins de Rei. Se suponía que, al atardecer, revelaría otros datos importantes referentes a crímenes que se estaban preparando o que ya habían sido cometidos, así como relativos a conjuras políticas. Ésta era la causa de que Barceló pidiera insistentemente que le llevaran a presencia del capitán general.

En la vigilia de la ejecución de Barceló, la prensa también informó de la persistencia de la epidemia de cólera que se había extendido a diferentes poblaciones catalanas y españolas.

Unos hombres armados se presentaron en Molins de Rei y maltrataron a un operario- posiblemente, el encargado de una fábrica. Se originó un altercado y el alcalde llamó a somatén. Los provocadores huyeron de Molins de Rei pero fueron atrapados por los mozos de escuadra en L’Hospitalet de Llobregat y conducidos a Cornellà.

En las Cortes se debatía un proyecto de ley para el mantenimiento del orden público. La intención de los promotores consistía en regular el estado de guerra. Las disposiciones generales del proyecto demuestran que a los legisladores no les agradaba demasiado o que incluso consideraban que la usurpación de la jurisdicción civil por parte de la militar constituía una anormalidad. Uno de los artículos quería impedir que a los militares juzgados por tribunales militares se les impusieran penas superiores a las previstas en el código penal para los mismos delitos. Esta previsión revela que los tribunales militares tendían a imponer la pena de muerte a diestro y siniestro. Otra norma preveía la reforma de la composición de los tribunales militares para el caso de que juzgaran civiles. En este supuesto, la comisión juzgadora debería componerse por el presidente, tres capitanes y tres abogados nombrados por el gobierno. El proyecto proponía que cuando se levantase el estado de guerra, todas las causas pendientes de sentencia que se instruyeran contra no militares, deberían ser trasladadas a la jurisdicción civil.

Josep Barceló fue ejecutado al garrote a les 7 horas y 20 minutos del día 6 de junio de 1855. Camino del suplicio se mostró muy sereno, fumando un cigarro y saludando a todos los conocidos que encontraba a su paso. El periodista confesó que la actitud del condenado le provocó “un efecto penoso”. Una multitud ocupaba el espacio disponible alrededor del cadalso. La gente se mantuvo en un silencio absoluto y elocuente mientras duró la ceremonia. El condenado habló largamente con el cura y recitó el acto de contrición. Luego pronunció sus últimas palabras que, según el periodista, fueron las siguientes: “No muero por ser ladrón, ni por haber entregado armas [a los asaltantes de la masía Sant Jaume]. Sentiría mucho que mis declaraciones hubiesen comprometido, o manchado a los amigos”.

Ejecución de Josep Barceló
Ejecución de Josep Barceló

Fijémonos que el periodista que cubría la información de la ejecución- y que posiblemente era el mismo que se ocupó de la crónica del juicio- se esforzó por trasladar al lector la certeza que todo el mundo compartía respecto la inocencia del condenado pero- debido a la censura y el estado de guerra- redactó sus impresiones con frases de sentido equívoco. Por ejemplo, que el condenado le provocara “un efecto penoso” puede interpretarse en el sentido que le daba pena, o que la actitud del reo no era la adecuada. La reproducción de las últimas palabras de Barceló parece ligeramente manipulada ya que el periodista la escribió de manera que da a entender que el condenado había hecho declaraciones comprometedoras para algunos de sus amigos, aunque repetía que era inocente, pero no es necesario que seamos demasiado listos para comprender que lo que dijo el condenado, en realidad, fue que no había denunciado a nadie, oponiendo su honradez a la falta de la misma que atribuía a los que le habían implicado en aquellos crímenes. Efectivamente, aunque las autoridades habían anunciado unas cuantas causas derivadas del proceso principal del caso de Olesa (ramos separados), lo cierto es que una vez muerto Barceló, se rompió la cadena de delaciones y nadie más fue condenado por los mismos delitos.

Mientras se cerraba la argolla sobre el cuello de Barceló, el capitán general se paseaba del brazo del gobernador civil por la Rambla. Esa fue la manera de exhibirse que escogieron las máximas autoridades a fin de mostrar su poder impune ante la ciudadanía indignada por el asesinato político que habían proyectado y que en aquel mismo momento se llevaba a cabo.

El análisis de las causas que podrían haber fundamentado la decisión de matar al principal líder de la asociación de hiladores resulta difícil y quizá, incluso, sea inútil. ¿Cuáles podían ser los beneficios que Zapatero pensó que obtendría con aquel asesinato mal disfrazado con apariencias de legalidad?. Entonces, la mayoría de los ciudadanos pensó que, dejando a un lado los criterios legales, morales y humanitarios, el ajusticiamiento de Barceló constituía una provocación innecesaria, creaba un mártir y daba más motivos a las clases obrera y de operarios para sostener la lucha sin cuartel contra el gobierno y las clases poderosas. Personalidades de la burguesía, o al servicio de la burguesía, como Joan Mañer i Flaquer, mostraron su disgusto por este crimen oficial. Pero Zapatero era un militar corto de entendederas que siempre se consideraba en guerra y tomaba decisiones a partir de la “lógica” de la batalla. Zapatero había parlamentado con el enemigo y éste no estaba dispuesto a rendirse, visto lo cual no le quedaba otro remedio que aniquilarlo. Está claro que el enemigo no se reducía a Barceló, ni dicho personaje- aunque muy significativo- era el único general con que contaba el ejército que le plantaba cara.

No obstante, al fin, debe remarcarse un hecho cierto. A partir de la detención, juicio y ejecución de Barceló, las asociaciones de trabajadores textiles dejaron de considerar que las “selfactinas” constituían la causa principal de las desgracias que les afectaban.

La prensa progresista clamaba contra la declaración de estado de guerra que preparaba el gobierno.

El ministro de gobernación elevó a la firma de la reina un real decreto para confirmar el estado de guerra que, con la etiqueta de “estado de excepción” ya había declarado el capitán general de Cataluña en las cuatro provincias que la componen.

La sublevación carlista se intensificó en la parte occidental de Cataluña y también surgieron partidas de facciosos de esta bandera en las comarcas del río Ebro, de Aragón y de Castilla.

Los diputados más progresistas se enfadaron con el ministro de gobernación por causa de un reglamento que restringía la Milicia Nacional. Los diputados discrepantes formularon voto de censura contra Santa Cruz ya que consideraban que la reforma que impulsaba el ministro debía llevarse a cabo mediante ley. Es evidente que lo que verdaderamente les molestaba era el contenido de la reforma, la cual obstaculizaba el alistamiento masivo de voluntarios, que éstos pudieran rescatar la prestación del servicio pagando una cuota y que se sometiera la Milicia a las diputaciones. Considerando que la Milicia constituía un cuerpo armado local y popular que siempre acababa poniéndose al lado del pueblo y que además, competía con el ejército “nacional”, el gobierno se inclinaba por disolverla, como ya lo había hecho Narváez.

Baldomero Espartero, presidente del gobierno, ante el voto de censura que formulaban los progresistas, anunció que se presentaría en las Cortes para apoyar al ministro de gobernación en el asunto de la reforma de la Milicia Nacional y que luego visitaría a la reina para presentarle la dimisión. Una vez dimitido, nunca más volvería a Madrid. El ministro Pascual Mádoz propuso que la crisis se resolviera mediante la dimisión del gobierno en pleno y que Espartero nombrara otro. Los ministros pidieron a Espartero que no cumpliese su amenaza y finalmente la crisis quedó momentáneamente resuelta con la dimisión de Santa Cruz.

Con fecha del día 11 de junio se constituyó una nueva Junta de Fábricas de Cataluña. En la misma fecha, el alcalde de Igualada exhortaba a los fabricantes de la ciudad para que incrementasen el sueldo de los hiladores en 5 maravedíes por cana hasta que no se fijaran las retribuciones generales. El alcalde hacía lo posible para terminar el largo conflicto que afectaba la industria de la ciudad. Los fabricantes y obreros que aceptaran su propuesta deberían inscribirse en el ayuntamiento.

Durante el día 12 se rumoreó que podría restablecerse la imposición llamada “derecho de puertas”, debido a la necesidad de paliar las dificultades económicas que atenazaban a la administración pública.

La baronesa de Senaller fue asesinada en Barcelona por Blas de Durana, coronel del ejército español. Eso sucedió al atardecer del día 19. La baronesa salía del domicilio de su hermana en la calle de la Unió cuando fue reiteradamente apuñalada por Durana. Los cronistas presentaron el crimen como un asunto pasional. En otras circunstancias políticas resulta dudoso que el asesino hubiera sido juzgado y condenado a muerte. Por lo menos, esto es lo que pensaba la ciudadanía. Los militares del ejército español que cometían barbaridades en Cataluña, si fuese el caso que acabaran siendo acusados y juzgados, salían del atolladero con penas de prisión. Pero, en este caso, Juan Zapatero consideró que, atendiendo a las circunstancias “extraordinarias” por las que pasaba el país, agravadas por la ejecución de Josep Barceló, era necesario que demostrase que la justicia que impartía resultaba equitativa y que la ley obligaba a todos por igual. Eso mismo dijo al gobierno mediante una carta. Blas de Durana, ofendido porqué había sido condenado a morir en el garrote- como militar, deseaba que le fusilasen- se suicidó en la celda de la prisión durante la noche anterior al día que debía ser ejecutado. Zapatero, temiendo que la opinión pública no creyese en el suicidio de Durana y lo considerase un engaño para encubrir la huida consentida del condenado, ordenó que se “ejecutase” públicamente la sentencia aplicando el garrote al cadáver. La macabra ceremonia se llevó a cabo el día 14 de julio en el glacis de la Ciutadella [24] .

El capitán general Juan Zapatero ordenó, en fecha 1 de julio de 1855, que fueran fusilados inmediatamente todos los facciosos carlistas que hubieran sido descubiertos con las armas en las manos. En la práctica, esta orden suponía que el ejército podía fusilar a cualquiera sin dar explicaciones ya que todos los payeses tenían una escopeta en casa.

4. De la huelga general de julio de 1855 al final del bienio progresista.

En fecha 2 de julio de 1855 los trabajadores de las empresas de Roda de Ter y de Manlleu se declararon en huelga. Esta noticia periodística de alcance estrictamente local, publicada por el Diario de Barcelona, parecía que amagaba el carácter general del movimiento huelguístico, el cual afectaba a toda Cataluña.

La huelga general se inició en las fábricas textiles catalanas del ramo de algodón. Fue un movimiento amplio, extremadamente organizado y de efecto simultaneo, que afectó a todos los centros fabriles de Cataluña. Es decir, esta gran huelga no se pareció en nada al desbarajuste que significó la revuelta de la “jamancia” y de las bullangas barcelonesas de décadas anteriores. Los fabricantes quedaron sorprendidos por la explosión de la huelga y la organización que la caracterizaba, aun cuando la convocatoria – sin firmas- había sido publicada por El Constitucional y la prensa madrileña:

“Barceloneses, catalanes todos: Muchísimos son los fabricantes del Principado que, alentados por los últimos bandos del capitán general, y despreciando anteriores convenios, han despedido a los trabajadores, enviándoles a pedir limosna;

El guante arrojado por los amos quieren recogerlo de nuevo los trabajadores y por lo mismo pacíficamente dejarán las cuadras y talleres […]

Desgraciado el que se entrometa con la clase obrera para dar vivas a los carlistas, quemar fábricas y arruinar familias […];

A los trabajadores no les mueven otros fines que la libre asociación para impedir que, como ha sucedido, se apodere la autoridad de los caudales que tenían para socorrerse mutuamente; quieren también fijar de un modo estable las horas de trabajo; y que se constituya un gran jurado de amos y obreros que arreglen buenamente las discordias […] y desean, por fin, que se les considere ciudadanos españoles para ser admitidos en las filas de la Milicia Nacional, de las que se les excluye ahora de manera absoluta […] “

Por la mañana no solo cerraron las puertas los talleres y fábricas sino que también lo hicieron muchas tiendas de Barcelona. Mientras, multitud de trabajadores provinentes de las poblaciones cercanas se amontonaban en las puertas de la ciudad. Su actitud era pacífica.

El Diario de Barcelona del día 3, copiando la gacetilla que había publicado El Constitucional del día 2, informaba de la muerte por herida de arma de fuego del director de una fábrica de Sants y de las heridas sufridas por un socio de la misma empresa. Ambos eran- según decía el periodista- personas muy conocidas y apreciadas en la ciudad. Después se supo que la víctima mortal había sido Josep Sol i Padrís.

Josep Sol i Padrís
Josep Sol i Padrís

Con motivo de la celebración de las honras fúnebres de Josep Sol, su amigo y director del Diario de Barcelona, Joan Mañer i Flaquer, le dedicó una prolija necrológica que fue publicada en la edición del periódico del día 27 de julio. El objetivo del artículo consistía en dar a conocer al público que la persona asesinada no había sido meramente un director de fábrica sino un personaje merecedor de ser enterrado en el panteón de los catalanes ilustres- proyecto promovido por Mañé, entre otros-. Los datos que ofrecía el autor del recordatorio sobre la vida del fallecido nos informan de que Sol fue un estudioso del latín, la retórica, la filosofía, la economía política, las ciencias naturales, las matemáticas, la taquigrafía y el cálculo mercantil. Tenía la licenciatura en derecho. Además, conocía la lengua francesa, así como la inglesa e italiana. Estuvo domiciliado en Madrid, donde fue pupilo de Buenaventura Carles Aribau y escribió en diferentes periódicos opuestos al gobierno de Narváez. Después, volvió a Barcelona.

Mañé se preocupó por destacar, en la necrológica de Sol, que éste profesaba un verdadero amor a Cataluña, de la cual conocía la historia, la lengua, las leyes y las costumbres. Dichos conocimientos le llevaron a convertirse en un adalid de la industria catalana ya que comprendió que en ella radicaba el futuro del país. El autor, después de recordarnos que el fallecido también había sido diputado y que, como tal, se opuso al Concordato con la Santa Sede- es decir que Sol era partidario de llevar a cabo la desamortización- dedica algunas líneas para describírnoslo como un señor con sensibilidad social: “Un hecho recordaremos […] que agrava sobremanera el atentado cometido contra su persona.- Es ya notorio que casi siempre que la autoridad ha intervenido en la cuestión del trabajo industrial, como la llaman algunos, lo ha hecho con notable desacierto, acumulando combustible en la mina que más o menos tarde había de reventar. En uno de esos momentos de vértigo […] se emprendió cruda persecución contra determinadas personas de la clase trabajadora, por cierto de las más ilustradas y virtuosas que ella cuenta. Presas y entregadas a la comisión militar […] absueltas generalmente por el tribunal, se las trasladaba al momento a algún buque que las deportaba a algún punto fuera del Principado. El que estas líneas escribe, indignado de tan inicuas barbaridades, previniendo que algún día se habían de traducir en injustas venganzas, no por parte de los perseguidos, sino por otros que se creyeran agraviados en ellos, indicó a varias personas la necesidad de poner fin a tamañas injusticias”. Entre las personalidades prevenidas por Mañé, estaba Josep Sol y el autor de la necrológica recordaba que debido a la intermediación del homenajeado y de otros prohombres, la autoridad acabó por moderar la actividad injustamente represiva que llevaba a cabo contra los obreros [25] .

El asesinato de Josep Sol i Padrís, director de la fábrica Güell, de Sants, nunca fue aclarado. La versión más extendida atribuía el crimen a un grupo de trabajadores que le visitaron en su oficina con el fin de que firmara un compromiso de aumento salarial. Parece ser que la víctima resistió la presión pero al fin cedió y admitió el trato. Los supuestos trabajadores abandonaron la oficina con el documento firmado pero luego- nadie conocía el porqué- se lo repensaron y volvieron a presencia de Sol para apuñalarle y luego rematarle de un tiro en la cabeza. También hirieron a su ayudante. Espartero- al cual los obreros utilizaban como abanderado de su causa- declaró que estaba muy disgustado por la situación catalana y espoleó a las autoridades para que se preocupasen de encontrar a los culpables de aquel crimen. En realidad, se propagaron otras versiones en relación al asesinato de Sol y alguna de ellas implicaba a los carlistas [26].

En la edición de la tarde del día 3 de julio, el Diario de Barcelona informaba de la declaración de huelga, la cual no solamente afectaba Barcelona sino también a muchas otras poblaciones industriales de Cataluña. Enseguida, el periódico publicaba el bando de la capitanía general del día 2 de julio, mediante el cual Juan Zapatero decía lo siguiente:

“En el día de hoy y de un modo incalificable, he visto se han suspendido todos los trabajos de las fábricas, cediendo los obreros a las sugestiones de mala índole, pues me consta que muchos o la generalidad de ellos están contentos con los precios que les proporciona su honrosa ocupación […] Malévola y pérfidamente se ha intentado persuadir a los honrados obreros, que por mi autoridad, iban a disolverse las sociedades filantrópicas y de respetable objeto, por cuyo medio hoy obtienen los menesterosos los socorros mutuos que pueden necesitar en sus desgracias y adversidades […]. Se han prohibido la continuación de las [sociedades] que no tienen estos requisitos, de las que se hallan fuera de la ley, y las que llevan un fin reprobado y vienen a ser causa de que se subvierta el orden […]”.

A continuación exigía que los obreros abandonaran la huelga y volvieran a sus puestos de trabajo.

En la misma fecha se publicaron los bandos del gobernador civil, Cirilo Franquet, del día 2, que apoyaban a la capitanía general, repitiendo las mismas reconvenciones contra los huelguistas. El primer bando se dirigía a los “conciudadanos” y el segundo a “los obreros honrados de esta provincia”. ¿Quizá la diferencia que originaba la duplicación consistía en que los obreros no eran considerados ciudadanos?. El gobernador afirmaba que “Ha llegado el momento solemne de saber cuales son los amigos de la situación o los enemigos de ella”. El gobernador se refería al asesinato de Josep Sol i Padrís y de una familia entera, en Igualada, a fin de amenazar a los huelguistas con aplicarles “el rigor de la ley”. Luego – o, simultáneamente – Cirilo Franquet convocó a la corporación municipal de Barcelona, la cual él mismo presidió. Durante la sesión, el gobernador atribuyó la causa de la huelga a una mala interpretación del bando de la capitanía general que había prohibido las asociaciones de trabajadores. Franquet dijo que Zapatero, mediante aquella regulación, se había limitado a ilegalizar las asociaciones generales, creadas para conseguir objetivos ilegales y que eso resultaba evidente para quien quisiera entenderlo. Además, Franquet relacionaba la convocatoria de la huelga con el levantamiento de partidas carlistas armadas en territorio catalán. Un regidor del ayuntamiento tomó la palabra, en presencia de Franquet, para confirmar que ciertamente, la causa de la huelga debía buscarse en la reanimación bélica de los carlistas.

La prensa del día 3 informaba que el gobernador de Girona certificaba la entrada del caudillo carlista Marcel•lí Gonfaus, alias Marçal, por el paso fronteriza de La Jonquera- decían que pasó disfrazado de arriero- y lo situaba en la sierra de Recasens. El gobernador ordenaba a los sediciosos que en el plazo de 24 horas se dispersaran y volvieran a sus domicilios ya que, en caso contrario, serían detenidos y juzgados por los tribunales militares. Algunas noticias atribuían a Marçal una fuerza de 80 hombres y otros la aumentaban hasta 150, ó 300, o más. En un bosque cercano a Llençà fue detenido Ignasi Burjó, otro veterano “matiner”, que fue ingresado en la prisión de Figueres. Pere de la Quadra, otro viejo carlista, apareció en Cervera al mando de 27 hombres armados de trabucos y fueron vistos desfilando en formación por La Panadella. También en Montblanc, diez carlistas tomaron las armas.

El Constitucional y El Barcelonés publicaban opiniones que coincidían con la tesis de las autoridades. Ambos rotativos se quejaban de la huelga y la relacionaban con el resucitar de los carlistas. Afirmaban que la libertad estaba en peligro, por causa de la tenaza que formaban entre unos y otros: “No pueden vencernos en el campo y nos vencerán en nuestras casas”.

En la misma fecha la autoridad concentraba en Barcelona a todos los milicianos porqué en las afueras se había juntado una gran multitud de trabajadores. Columnas de obreros entraron en Barcelona por la Rambla de los Estudis y se dirigieron al ayuntamiento para rescatar la bandera roja que habían plantado en la plaza Pedró y que les había sido requisada por orden de la municipalidad. En el plenario del ayuntamiento, presidido por el gobernador, con el objetivo de debatir el estado de desgobierno en el que se hallaba la ciudad, se hizo notar la presión de los manifestantes que se acumulaban en la plaza Sant Jaume. Parece ser que una comisión de los manifestantes se entrevistó con los regidores. Uno de ellos, Ildefons Cerdà i Sunyer [27] reunía la condición de comandante de zapadores de la Milicia Nacional y mientras el plenario debatía sin que se vislumbrara ninguna posibilidad de acuerdo, Cerdà tomó el atajo y aprovechando su ascendencia como oficial de la milicia, retornó la bandera requisada a los obreros y luego les acompañó con banda de música militar hasta la plaza Pedró, donde el símbolo fue restituido en el lugar donde antes se alzaba.

Ildefons Cerdà i Sunyer
Ildefons Cerdà i Sunyer

El plenario del ayuntamiento estaba sorprendido y desorientado por la fuerza y organización de los huelguistas, a la vez que tampoco entendía la inhibición que, de entrada, adivinaba en la actitud de la capitanía general. Finalmente, acordó la dimisión de todos sus miembros y la comunicó a la Diputación y al capitán general.

Los efectivos de la milicia patrullaban las calles de Barcelona y tomaban posiciones en los edificios más altos, en las torres de las iglesias y los tejados. Los templos, empezando por la catedral, cerraron sus puertas y se suspendieron las funciones teatrales. El juez del distrito de Pla de Palau, calculó que en el espacio público de su zona se habían juntado entre 4000 y 6000 manifestantes.

Zapatero ordenó la retirada de los efectivos del ejército a los cuarteles y dejó la represión de los huelguistas en manos de los milicianos. Los jefes de la milicia le respondieron que una cosa era el orden público- que no consideraban alterado- y otra cosa muy diferente que el capitán general pretendiera que los milicianos atacaran a los pacíficos huelguistas, lo que ellos nunca harían. Al cabo de unos meses- en la sesión de las Cortes del 10 de noviembre- O’Donnell opinó que, en aquella ocasión, la actitud de los milicianos le resultó incomprensible ya que los obreros que ocupaban Barcelona y a los cuales el capitán general había exigido que se expulsara, eran forasteros; es decir, no eran barceloneses. Pero, lo cierto es que la milicia nacional evitó los saqueos, los robos y disturbios.

El gobernador civil pidió al capitán general que el ejército ocupara Barcelona y esta petición fue reiterada por la Diputación. Zapatero respondió que no pensaba movilizar las tropas. Entonces, el gobernador civil y la Diputación emitieron un manifiesto exhortando el cese de la huelga.

En cualquier caso, la prensa garantizaba que los huelguistas se manifestaban pacíficamente en toda Cataluña.

La huelga se mantenía en Igualada. Todas las fábricas permanecían cerradas. Trascendieron algunos detalles del crimen ocurrido en esta ciudad que había sido citado en el bando del gobernador. Ramón Godó, dueño de una fábrica y su esposa fueron agredidos en el despacho de la dirección del centro y heridos de gravedad a cuchillazos por unos cuantos trabajadores. El encargado recibió un balazo en el brazo y dos puñaladas. El teniente coronel Miguel de Resa, encargado de la ocupación militar de la ciudad e instituido como máxima autoridad y comandante general, emitió un bando por el que ordenaba la apertura de todas las fábricas y declaraba la nulidad de cualquier acuerdo entre fabricantes y trabajadores que alterasen las retribuciones dictadas con fecha del 23 de enero, aunque admitía la graciosa concesión del capitán general por la cual se había incrementado el preció de la cana en 2 maravedíes. Además, el teniente coronel prohibió las reuniones de más de seis personas y declaró que resolvería personalmente y de forma inapelable las reclamaciones de los conflictos surgidos entre empresarios y obreros.

Durante el día 4 se prolongó la situación de huelga y la presencia masiva de obreros en los centros urbanos de Barcelona y del resto de ciudades y pueblos industriales. En Barcelona, grupos de obreros cerraban las tiendas. El gobierno seguía enviando contingentes de tropas a Cataluña. Los comentarios de la prensa todavía demostraban que la declaración de huelga y el grosor y cantidad de los huelguistas sorprendían a los periodistas. Nadie pudo imaginar que aquello pudiera suceder y nadie sabía donde llevaría tal situación.

Sabadell industrial a finales del siglo XIX. Imagen de la Ilustración Española y Americana
Sabadell industrial a finales del siglo XIX. Imagen de la Ilustración Española y Americana.

El obispo de Vic aleccionó a los trabajadores- en primer lugar- y también a los empresarios mediante una pastoral que, con toda seguridad, fue expuesta en catalán, aunque la prensa la publicara en castellano. La parte de la prédica destinada a los trabajadores, decía lo siguiente:

“¿Qué os proponéis con vuestra actitud imponente? ¿Dónde os encamináis con vuestras exigencias? ¿Qué pretendéis con retraeros del trabajo y obligar a los fabricantes a que cierren sus talleres? […] nosotros bien os quisiéramos a todos ricos, muy ricos […] Pero y si con vuestras exigencias amedrentáis a los fabricantes; si les obligáis a que retiren sus capitales; si se cierran los talleres y quedan paralizados los trabajos y perece nuestra industria que iba floreciendo de día en día en nuestra Cataluña ¿Qué habréis conseguido al fin de todo? […] Por lo que, oh hijos nuestros muy amados, os conjuramos por las entrañas de nuestro Señor Jesucristo, que abandonéis esta actitud que tanta zozobra y alarma causan a nuestras autoridades; que volváis al trabajo […] la religión nos enseña la resignación y el sufrimiento […]”.

El Obispo, en la misma pastoral, se dirigía a los “fabricantes honrados” para pedirles que las “especulaciones” que realizaran lo fueran para obtener fines cristianos, nobles y generosos, así como para exhortarles a que tratasen a los obreros como hermanos.

En fecha del día 4, los dirigentes obreros constataron que no tenían interlocutores en Barcelona y escogieron una comisión para que viajara a Madrid y expusiera sus reivindicaciones al presidente del gobierno, Baldomero Espartero. Los trabajadores escogidos fueron el tejedor de algodón Joan Alsina, el tejedor de velos Joaquím Molar y Pere Francesch. El objetivo principal de los comisionados consistía en conseguir la legalización de las asociaciones de trabajadores.

Inmediatamente, la Comisión de los huelguistas publicaba un manifiesto, titulado “A la clase obrera de Cataluña” que decía lo siguiente:

“Queridos compañeros: ha llegado el caso de manifestaros nuestras justas y razonables pretensiones: se ha nombrado una comisión de entre nosotros que ha salido para Madrid con el fin de hacer comprender al gobierno y […] al duque de la Victoria, la necesidad de la pronta constitución de un jurado que imparcialmente y compuesto de individuos de conocimientos por parte de los operarios y por parte de los fabricantes, arreglándose a las instrucciones que ambas clases le suministren, dirima nuestras desavenencias; lleva también el objeto de hacer ver al mismo gobierno la utilidad y necesidad de fijar el jornal a diez horas de trabajo y de […] la conveniencia de la libre asociación […] Por esto pues, es que los representantes de la clase obrera se os dirigen para que, comprendidas en el sentido verdadero sus quejas tengáis a bien, una vez que nos hemos sentido obligados a dejar los talleres para el definitivo arreglo de nuestras diferencias, continuaremos sin ocuparlos hasta tanto que hayan regresado la comisión que se halla en Madrid […] con lo que contribuiremos al más pronto arreglo de las diferencias de la clase obrera de Cataluña […]”.

Firmaban el manifiesto todos los miembros de la “Comisión de la clase obrera”, incluso los secretarios, por lo que podemos identificarlos. Las firmantes fueron las siguientes: Presidente, Joan Barba; vocales, Joan Company, Ramon Maseras, Bartolomé Arrons, Jeroni Alzina, Pau Folch, Manuel Escuder y Pere Puigventós; Secretarios, Joan Rovira y Joan Beltran.

La prensa confirmaba la persistencia de la agitación. Grupos de obreros recorrían las calles y forzaban el cierre de las tiendas y los talleres de artes y oficios. La corrida de toros fue suspendida. Los tenderos de los alrededores de la plaza Sant Jaume pedían a las autoridades que disolvieran a la multitud de obreros que seguían llenando el espacio público.

Informaban desde Vic que la huelga afectaba todas las fábricas pero que no había ocurrido ningún altercado. Pero en Sant Hipòlit de Voltregà sucedieron enfrentamientos y garrotazos.

El gobierno militar de la provincia de Girona pedía al gobierno que destinara más tropas a la provincia. Dos batallones del ejército que estaban en Barcelona fueron enviados a Girona.

Al atardecer, según informó La Corona de Aragón, se reunieron en el cuartel de las Drassanes (Atarazanas) bajo la presidencia del capitán general, las autoridades civiles y militares, representantes a alto nivel de la diputación y del ayuntamiento de Barcelona, así como algunos prohombres de la ciudad. Los reunidos decidieron la formación de una comisión que debía contactar con los líderes de los huelguistas, a fin de conocer las reivindicaciones que planteaban y averiguar si éstas resultaban aceptables.

La comisión de los notables y la de los huelguistas se encontraron en el ayuntamiento. Las reivindicaciones de los huelguistas eran- según señalaron los notables- en primer lugar, referidas al trabajo y en segundo lugar, referidas al orden público. Los representantes de los notables declararon que no tenían competencia para resolver las primeras y que por lo que se refería a las segundas, acordaron con los trabajadores que esperarían el resultado de las gestiones que realizaban la comisión que ellos habían enviado a Madrid para parlamentar con el gobierno. Mientras, se mantendría la convocatoria de huelga pero los líderes obreros se comprometieron a no intervenir contra los que quisieran volver al trabajo, ni contra los comerciantes que abrieran las tiendas y talleres. Los notables, por su lado, se comprometieron a enviar a Madrid a sus representantes con el fin de presionar al gobierno para que encontrara la solución del conflicto. La comisión que los notables enviaron a parlamentar con el gobierno estaba formada por el señor Creus, funcionario del ayuntamiento, por el señor Pons, miembro de la diputación, por el señor Cerdà, comandante de zapadores de la milicia, y por los trabajadores, señores Joan Beltran y Agustí Bonanda.

Unos cuantos trabajadores de la fábrica de Ramón Godó fueron encarcelados porque se les consideró sospechosos de haber participado en la agresión que sufrieron el dueño y su esposa durante el día 2.

Un hermano del veterano jefe carlista Bartomeu Poses fue detenido y encarcelado durante la noche del día 4 [28] .

Ciril Franquet dimitió del cargo de gobernador y en su lugar fue nombrado otro catalán: Ignasi Llasera. La toma de posesión del nuevo gobernador se demoró unos días.

En fecha del día 5 continuaba pacíficamente la huelga. Los huelguistas ya no impedían que los obreros que lo deseasen volvieran al trabajo y algunas tiendas y talleres abrieron las puertas al público.

Ciertos políticos y personalidades pidieron al gobierno del Estado que aceptara la dimisión del presidente, Baldomero Espartero- tantas veces anunciada por el interesado- y que en su lugar se nombrara a un general progresista.

La Diputación no aceptó la dimisión en bloque de los regidores de la corporación barcelonesa.

Al atardecer de este día, una multitud de trabajadores, al frente de los cuales estaba Ramon Maseras, se reunió en el lugar donde Josep Barceló había sido ajusticiado. A la mañana siguiente, día 6, se cumplía un mes de su muerte. Maseras, dedicó un exaltado homenaje al mártir y amigo ante el aluvión de trabajadores. Después, los asistentes al acto desenfundaron sus puñales y juraron vengar la muerte de Barceló. La promesa de venganza se cumpliría, al cabo de poco más de un año, por lo menos en la persona del coronel Josep Ravell, presidente del consejo de guerra que había enviado a Barceló al patíbulo.

El capitán general, Juan Zapatero, muy enfadado por el homenaje a Barceló y el juramento de venganza que en este acto se pronunció, publicó un bando que estropeó las vías de solución del conflicto que ensayaban los prohombres y los dirigentes obreros. El bando establecía lo siguiente:

1- Los forasteros que permanecieran en la ciudad y que no demostraran que tenían domicilio, o empleo, en ella, serían detenidos por la autoridad militar.

2- También serían detenidas todas las personas que obstruyeran el funcionamiento de la industria o coaccionasen a los trabajadores que quisieran reemprender sus ocupaciones.

3- Los detenidos por la autoridad militar serían deportados a ultramar para que se incorporasen forzosamente al ejército allá destinado, en el cual deberían servir durante 6 años. Los detenidos que no fueran útiles para el servicio de armas, sufrirían la imposición de una pena equivalente, que no se especificaba.

El capitán general justificaba estas medidas radicales en la invasión de “multitud de criminales” y carlistas que sufría Barcelona. Inmediatamente, algunas tropas del ejército abandonaron su reclusión en los cuarteles y se desplegaron por las calles de Barcelona. Los soldados procedieron a las detenciones arbitrarias anunciadas por Zapatero y se iniciaron rápidamente las deportaciones. En un solo día fueron embarcados setenta deportados.

Llegaron a Barcelona más tropas del ejército, procedentes de las Baleares y Valencia.

Durante el día 6 corrió el rumor que los huelguistas querían organizarse políticamente en el seno del partido de los demócratas y que ya habían pactado con éstos un gobierno para la provincia catalana. El rumor indicaba que el general Joan Prim i Prats sería nombrado capitán general del Principado y que Víctor Balaguer- director de La Corona de Aragón- recaería la responsabilidad de alcalde de Barcelona. La prensa interpretaba esta murmuración con ironía incrédula.

Zapatero ordenó la detención de los máximos dirigentes obreros y de todos aquellos que durante la vigilia anterior habían convocado la manifestación en recuerdo de Barceló, en la cual se profirió el juramento de venganza por su ejecución [29] . Los dirigentes perseguidos pasaron a la clandestinidad y se escondieron, o huyeron con rapidez. Ramón Maseras y Pau Barba fueron de los primeros en desaparecer.

La comisión de trabajadores catalanes formada por Joan Alzina, Pere Francesch y Joaquim Molar, llegó a Madrid el día 7 de julio. Espartero no los quiso recibir debido a que estaba esperando a que la comisión de notables arribara a la capital.

La prensa reconocía que muchas familias huían en tren, barco o diligencia de la ciudad y se refugiaban en lugares más tranquilos del Principado. Los fugitivos se contaban por miles [30] aunque no todos los pueblos y ciudades catalanas resultaban seguros. Igualada continuaba ocupada por el ejército y el ayuntamiento, en la práctica, estaba clausurado. En Vic, la pastoral del obispo no había impedido que la huelga tuviera un seguimiento total; los obreros se manifestaban y menudeaban los altercados. La huelga también se mantenía en la totalidad de centros de Manlleu y Roda de Ter, así como en Sitges y Vilanova. Pero, a la vez, el periódico informaba de la apertura de algunas fábricas barcelonesas.

La huelga se mantenía de forma pacífica pero había cesado la vida comercial. La mayor parte de las fábricas permanecían cerradas y sus dueños habían huido. El Diario de Barcelona del día 7 constataba que los productos no llegaban a las tiendas, que no se podían llevar a cabo las transacciones económicas ni los detallistas podían comprar en los mayoristas, ni pagar las letras de lo que debían.

En la sesión de las Cortes del día 7, el ministro de gobernación fue interpelado sobre los sucesos de Barcelona y sobre la investigación en marcha para descubrir a los asesinos de Josep Sol i Padrís. El ministro reconoció el gran seguimiento que tenía la huelga, aunque aclaró que no se habían producido “excesos” y que esta calma se debía al celo de la milicia nacional. En relación al asesinato de Josep Sol dijo que se había “formado causa”. Finalmente, añadió que en la situación de Barcelona solamente resultaba afectado el orden público y que este problema era importante, por lo que si el gobierno se veía obligado a “echar mano de medios fuertes” para restablecerlo, no dudaría en emplearlos. La respuesta del ministro no satisfizo a ningún diputado.

El periódico madrileño Las Novedades opinaba que el partido demócrata y el partido carlista se disputaban el control del movimiento obrero en Barcelona.

La prensa madrileña aseguraba que el gobierno había destinado todos los barcos de guerra a la costa catalana.

Juan Zapatero presentó la dimisión al gobierno y éste la rechazó, confirmándolo en el cargo de capitán general. Esa fue la manera que utilizó el general a fin de obtener carta blanca para actuar como considerara pertinente.

El Español de Madrid, en su edición del día 8, publicaba la carta que le había enviado un progresista de Sarrià, mediante la cual opinaba que, muerto Barceló, “el héroe de los obreros, la encarnación del socialismo, [también] murió; pero en espíritu vive en la clase obrera…” por lo que el autor, a la vista de los últimos acontecimientos, después de tantos años, estaba a punto de renegar del ideario de la libertad.

En esta fecha llegaban a Madrid los miembros de la comisión formada por representantes de la Diputación y del Ayuntamiento de Barcelona, de la Milicia Nacional (Ildefons Cerdà) y de los obreros, la cual hemos llamado “de notables”. Los escritos de la prensa madrileña del momento nos demuestran que en la capital del Estado no se entendía lo que sucedía en Cataluña y que predominaba la opinión que consideraba la huelga general como otra manera que los catalanes habían fraguado para continuar su larga tradición de enfrentamiento con el Estado.

Los carlistas Marçal, Estartús y Bosch se encontraron en el Alt Empordà, cerca de Llers. Pero casi de inmediato, el gobierno militar de Girona presumía de tenerlos asediados, por lo que les había obligado a pasar la frontera, por Costoja. El gobierno garantizaba la muerte de Arnau, cuñado de Cabrera.

Reapareció la epidemia de cólera en Barcelona y en otros lugares de la península. En las Baleares, el cólera sorprendió a los barceloneses que allá se habían refugiado.

Llegaban a Barcelona numerosos contingentes de tropas, de víveres y armas del ejército. A menudo el transporte se realizaba por vía marítima. Hombres y materiales se amontonaban en los cuarteles de Monjuïc, Drassanes (Atarazanas) y la Ciutadella. Las tropas procedían de Madrid, Andalucía, Valencia, Tarragona y Baleares. Las tropas del centro de la península se trasladaban a pie hasta Valencia, donde se embarcaban para llevarlas hasta Barcelona. Por esta razón el puerto de Valencia presentaba una actividad inusual. El diario madrileño Las Novedades anunciaba que, en fecha del día 15, treinta batallones del ejército pisarían tierra catalana.

Los huelguistas se aglomeraban en las Ramblas, mientras las brigadas del ejército tapaban los boquetes de la muralla que se habían abierto con las primeras obras de derribo, sobre todo por el flanco de Sant Pau. Los soldados situaron piezas de artillería en los glacis de las murallas y ocuparon las torres y tejados más altos. Algunas fábricas, sintiéndose protegidas por el despliegue militar, abrieron las puertas y pusieron en marcha la maquinaria. Pero, no obstante, se produjeron algunos choques entre soldados y obreros. Se extendió el rumor sobre el desarme y disolución de la Milicia Nacional que proyectaban las autoridades. Un pelotón de soldados del ejército requisó de nuevo la bandera roja plantada por los obreros en la plaza Pedró y la depositó en el cuartel de las Drassanes.

En fecha del día 9, las comisiones de representantes de los trabajadores y de notables barceloneses se encontraron en Madrid y acompañados por los diputados Estanislau Figueres y Manuel Matheu, fueron recibidas por Espartero. Los comisionados y diputados catalanes pidieron al presidente del gobierno que se reconociera francamente el derecho de asociación de los trabajadores y que mediante leyes se regularan las relaciones laborales ya que éstas eran las condiciones básicas que debían cumplirse para desconvocar la huelga. Espartero les contestó que los quebraderos de cabeza que le ocasionaban los huelguistas catalanes perjudicaban gravemente su salud y envió los delegados al ministro de Fomento. Durante aquella misma noche, los comisionados se reunieron con Alonso Martínez, ministro de Fomento para repetirle lo que habían explicado a Espartero. El ministro les garantizó que trasladaría sus reclamaciones al Consejo de Ministros.

En Barcelona, numerosos trabajadores de diferentes oficios volvieron a los talleres y fábricas. Solamente los hiladores y tejedores se mantuvieron en huelga, mientras esperaban noticias de los comisionados que permanecían en Madrid. El gobernador, Ciril Franquet, con tono optimista, declaró el fin de la huelga pero, en el fondo, se adivina que el objetivo de su arenga consistía en llamar al orden a los milicianos, que protegían a los huelguistas.

Llegaban más tropas del ejército a Cataluña. Unos días antes el capitán general había desplegado por la ciudad una parte de las tropas pero, habiendo recibido refuerzos, ahora se sentía tan seguro que decidió ocupar militarmente, no solo la capital, sino también los pueblos fabriles del entorno. La multitud de soldados destinados a Barcelona obligó las autoridades a albergarlos incluso en la plaza de toros y en la Llotja. La prensa madrileña informaba que en un solo día habían sido detenidos y deportados 23 obreros de distintas poblaciones del entorno de Barcelona.

El Presidente del gobierno envió al coronel Sarabia, su ayudante, a Barcelona, con el objetivo de que encontrara una salida a la situación. El coronel llegó a la ciudad condal durante el día 9 y se alojó en la fonda Orient de la Rambla. Inmediatamente reunió a los jefes de la Milicia Nacional para leerles el escrito fechado en el día 6 que, a modo de instrucciones, Espartero dirigía formalmente a Zapatero pero que, en realidad, contenía una relación de consejos y promesas destinadas al conocimiento de los trabajadores catalanes. La Milicia Nacional profesaba una fe ciega en Espartero y habiendo finalizado la lectura del mensaje de éste, los milicianos reunidos por Sarabia le vitorearon y renovaron su promesa en defensa de la libertad y el orden. Después, los oficiales fueron a visitar al capitán general que estaba en el cuartel de las Drassanes, para prometerle obediencia. Pero, una vez cumplido este protocolo, los milicianos explicaron a la tropa que continuaban manteniendo el principio que habían proclamado desde que se convocó la huelga: ellos cuidarían de que el orden reinara en la calle aunque no actuarían contra los obreros que se manifestaban pacíficamente.

La fonda de Oriente, en la Rambla
La fonda de Oriente, en la Rambla

Mediante su escrito, Baldomero Espartero explicaba que el gobierno preparaba un proyecto de medidas, el objetivo de los cuales consistía en mejorar las condiciones de los trabajadores pero “sin desatender los intereses y derechos de los fabricantes”. La adopción de estas medidas- advertía- quedaba condicionada al restablecimiento de la paz pública, ya que los disturbios alarmaban al país y alejaban los capitales, por lo que, en definitiva, incrementaban el paro y la miseria de los miembros de las clases desfavorecidas. Espartero también prometía que las Cortes promulgarían una nueva ley para la Milicia Nacional, pero no aclaraba cual sería el objetivo de la misma. Finalmente, Espartero recomendaba a los trabajadores catalanes que respetaran las leyes, volviesen a sus puestos de trabajo y esperasen que las Cortes se pronunciaran.

Habiendo llegado el contenido del mensaje de Espartero a los trabajadores, éstos se reunieron en la plaza Pedró para discutirlo en asamblea. Los dirigentes de la clase obrera se congregaron aparte con el mismo objetivo. Los comisionados escogidos por la asamblea de la plaza Pedró pidieron a Sanabria que los recibiera en su residencia de la fonda Orient, a fin de explicarle personalmente las razones que los habían llevado a la huelga. El ayudante de Espartero los recibió y después de escucharles les dijo que si desconvocaban la huelga, el gobierno se ocuparía inmediatamente de sus reivindicaciones. Claro que, de momento, los trabajadores deberían conformarse con los salarios establecidos y vigentes desde el día 2, cuando se inició la huelga, ello sin menoscabo de que se constituyera un jurado formado por trabajadores, empresarios y miembros nombrados por el gobierno (“oidores”) el cual debería encargarse de la solución de los conflictos laborales. En cualquier caso- apostilló Sarabia- la adopción de las medidas que resolverían la situación de enfrentamiento, dependían de las Cortes.

La plaza Pedró en el siglo XIX y en la actualidad.
La plaza Pedró en el siglo XIX y en la actualidad.

Los huelguistas cada vez disponían de menos recursos para mantener la huelga, pues no cobraban los sueldos, por lo que admitieron la propuesta de Sarabia, confiando en que las Cortes tramitarían y aprobarían la ley “sobre la industria”, la cual reconocería el derecho de asociación y el resto de reivindicaciones que planteaban. El Diario de Barcelona explicaba que durante el domingo, día 8, muy pocos trabajadores habían pasado por la Caja de Ahorros a retirar el dinero que necesitaban. Los comercios fiaban durante la semana y cobraban las deudas en domingo, cuando los clientes habían recibido la semanada. La falta de asistencia a la Caja de Ahorros se debía a que los trabajadores no percibían ingresos, ni siquiera la ayuda mutual. Las cajas de resistencia de las asociaciones estaban vacías, por lo que no podían satisfacer las deudas y perdían el crédito que les habían concedido los tenderos.

En el mismo día 10 se reunió el Consejo de Ministros y en relación a las peticiones formuladas por los comisionados catalanes, en representación de las instituciones y de los trabajadores, solamente acordó que en Barcelona debía cumplirse la ley y que el gobierno castigaría a los promotores de disturbios para que no volvieran a suceder desórdenes. Al finalizar el Consejo de Ministros, el ministro de Fomento recibió de nuevo a los comisionados catalanes y les hizo saber que el gobierno no podía tratar con los “sublevados” y que ni siquiera podía escuchar sus reivindicaciones aunque fueran justas. En realidad- les dijo el ministro- el gobierno no consideraría las reclamaciones de los trabajadores hasta que “las leyes imperen en Cataluña y los fautores de los crímenes sean castigados…” Los comisionados insistieron en la necesidad de adoptar las medidas que pedían pero no movieron la decisión del ministro.

Las informaciones que llegaban a Barcelona en relación a las gestiones que llevaban a cabo en Madrid los comisionados catalanes era contradictorias aunque, al fin, pesimistas.

Los trabajadores del ferrocarril destinados en las comarcas tarraconenses se añadieron a la huelga y se concentraron en Reus pero el alcalde los expulsó de la ciudad.

El alcalde de Barcelona pidió a los trabajadores que no cedieran a las instigaciones de los enemigos de la libertad y del orden. Apoyó su petición idealizando un supuesto tiempo pasado caracterizado- según su opinión- por la paz y el progreso y comparando aquella situación con la inseguridad del presente. El discurso del alcalde culpaba, indirectamente, a los trabajadores del empeoramiento de la situación y, por lo tanto, negaba las causas justificativas de la huelga.
El subinspector de la Milicia Nacional, Francesc Ballera- veterano “matiner” que luchó contra el gobierno entre 1846 y 1850- pidió a los trabajadores que abandonasen la huelga y los acusó de estar manipulados por los carlistas, puesto que éstos se habían aprovechado de los problemas laborales para dirimir un problema político. Según Ballera, los verdaderos enemigos de la libertad eran los carlistas, pero éstos habían sido vencidos en las comarcas gerundenses- se refería a Marçal- y por tanto, ahora “todo” quedaba reducido a Barcelona.

Ciril Franquet también publicó una alocución para pedir a los trabajadores que desconvocaran la huelga.

Durante el día 11 los trabajadores volvieron masivamente al trabajo. Desaparecieron las multitudes que vagaban por las calles. Algunos obreros, no obstante, toparon con las puertas cerradas de las fábricas ya que los dueños habían huido de la ciudad. El fin de la huelga no detuvo la política de detenciones indiscriminadas de obreros y políticos demócratas y republicanos que llevaba a cabo la capitanía y que también afectaba a miembros de las clases medias y personas de mentalidad moderada. El coronel Sarabia informó por telégrafo al gobierno del fin de la huelga, atribuyéndose el mérito, ya que- según dijo- “ninguna concesión se ha hecho”. Los trabajadores se consolaron esperando las gestiones que realizaban los comisionados que habían enviado a Madrid.

Los teatros de Barcelona volvieron a abrir las puertas y reiniciaron las funciones. Aunque parecía que se había normalizado la vida ciudadana, seguían llegando más tropas a la ciudad.

Por la mañana, Ignasi Llasera tomó posesión del cargo de gobernador civil y Ciril Franquet se despidió del mismo. En realidad, el relevo del gobernador civil resultó obligado desde el momento que Espartero y O’Donnell habían confirmado Juan Zapatero en el poder absoluto sobre los catalanes. Franquet no había modificado la política “conciliadora” de Pascual Mádoz y en cambio, el nuevo gobernador se apresuró en ponerse a las órdenes de Zapatero.

En esta fecha, 18.000 soldados ocupaban Barcelona.

Al llegar el día 12, Espartero tuvo conocimiento del fin de la huelga general en Cataluña. El presidente del gobierno se mostró eufórico y declaró que ahora podría cumplir las promesas que había hecho a los trabajadores.

El Diario de Barcelona del día 12 publicaba una noticia que daba a entender que la represión indiscriminada que había puesto en marcha el capitán general sobrepasaba todos los límites imaginables y que originaba víctimas, incluso, entre los ciudadanos de las clases acomodadas. La noticia se refería a la detención de dos ilustres señoras de Gràcia. La policía registró sus domicilios y no encontró nada que las comprometiera con actividades ilícitas pero no obstante Zapatero ordenó que ambas fueran sometidas a vigilancia. El periodista protestaba de las medidas tomadas contra las damas de “alta posición social” ya que las razones de tal actuación resultaban desconocidas y en todo caso, nadie creía que las víctimas tuvieran relación con la lucha obrera. Pero es probable que la manía del capitán general contra las ciudadanas de Gràcia se debiera a que no hubieran aceptado el alojamiento de militares en su casa, o no la hubieran querido a ceder al ejército. Si se confirmara esta sospecha, entonces lo que ocurrió es que la oposición de las propietarias fue interpretada como una ayuda a los enemigos del gobierno.

El comisionado de los trabajadores, Pere Francesch, fue detenido en Madrid sin que se le informara de la acusación que recaía sobre él. Luego, fue enviado a Cádiz para- posiblemente- desterrarlo a Cuba como soldado forzado. El abogado de los obreros y asesor de los comisionados, Joan Nogués, también corrió la misma suerte y, en su caso, se le desterró a Francia.

No pasaba día sin que en Barcelona cayeran detenidos un montón de obreros. En ocasiones porqué se trataba de personas que participaban en un encuentro de más de seis personas- límite impuesto por Zapatero. Los detenidos eran deportados a ultramar – a Cuba, o a Puerto Rico. Los miembros de la asociación de hiladores constituían la obsesión del capitán general. Los líderes Ramón Maseras, Pau Barba y Pere Puigventós no respondieron a los requerimientos de la Fiscalía y se les persiguió activamente pero no nos consta que cayeran en manos de las autoridades. El líder e ideólogo republicano Abdó Terradas fue retenido en Figueres y desterrado, por orden de Zapatero, a Andalucía, donde murió (en Medina- Sidonia). Se encarceló a muchos trabajadores y personas de ideología republicana, los cuales solo a veces eran juzgados por tribunales militares. Finalmente, con o sin juicio, las víctimas de Zapatero acababan desterradas. La represión también se centró en deslegalizar asociaciones e intervenir sus fondos económicos y patrimoniales, bajo pretexto de malversación o de connivencia con el partido carlista.

Abdó Terradas
Abdó Terradas

Durante el día 13 se reunieron algunos diputados catalanes con el ministro de Fomento. El objetivo del encuentro consistía en ponerse de acuerdo en las bases del proyecto de ley sobre “la cuestión industrial” que el gobierno debía presentar en las Cortes. En esta misma fecha llegaron a Barcelona, provenientes de Madrid, Bertran y Bonada, representantes de los trabajadores catalanes. Sus compañeros Alzina y Molar se quedaron en la capital del reino.

La reunión de los diputados catalanes con el ministro de Fomento continuó durante el día 14. Finalmente, acordaron el borrador del proyecto de ley sobre “la cuestión industrial”. El texto legislativo mencionado se fundamentaría en los principios siguientes:

1- Solamente se permitirían las asociaciones de trabajadores con finalidades “filantrópicas” y que se compusieran de un máximo de 200 socios. El Estado intervendría los fondos de dichas asociaciones a fin de controlarlos para que no se utilizasen para finalidades que no correspondieran.

2- Las retribuciones debían ser libremente acordadas entre patronos y trabajadores.

3- Se fijaría la jornada máxima de trabajo en 12 horas.

4- Se prohibiría la contratación de trabajadores menores de 12 años.

5- Los jóvenes que se contrataran como trabajadores deberían saber leer y escribir correctamente.

Está claro que la regulación resultante de estos principios no podía satisfacer a los trabajadores ya que, salvo por lo que se refiere a la prohibición de contratar a menores de 12 años, dejaba las relaciones laborales en la misma situación que se encontraban en el momento de la convocatoria de la huelga. La restricción de los principios reguladores acordados, en relación a las demandas de los obreros, fue culpa de algunos diputados catalanes que se oponían, principalmente, al reconocimiento de la libertad de asociación y a la fijación de de salarios mínimos. Francesc Camprodon, diputado por la circunscripción de Barcelona, se distinguió por su beligerancia contra las reivindicaciones de los trabajadores.

El proyecto de ley sobre la industria se presentó en la última sesión de las Cortes, del día 17 de julio, antes que se iniciara el periodo de inactividad veraniega.

Entre los días 18 y 24, la prensa informó de la incorporación a la lucha armada de los hermanos Tristany, los cuales fueron vistos acompañando a Borges y Estartús. Una columna del ejército se dirigió a la sierra de Pinós con el objetivo de ocupar la masía de los Tristany. Otro jefe carlista de prestigio, Jubany, apareció en el Montseny al frente de una partida.

Los dirigentes obreros Joan Alzina y Joaquim Molar, con la ayuda decidida de los diputados Estanislau Figueres y Pi i Margall, así como de Ildefons Cerdà, llevaron a cabo gestiones para contrarrestar las actuaciones de los diputados liberales, encabezados por Laureà Figuerola y Francesc Camprodon. La Corona de Aragón publicó una carta de Figuerola mediante la cual el diputado responsabilizaba a los comisionados obreros de los asesinatos de Josep Sol i Padrís, de Gomis y de los Godó de Igualada, a la vez que también los acusaba de apoyar al carlista Marçal. El autor, irónicamente, pedía que se publicara su escrito, siempre que lo permitiera la censura que los trabajadores ejercían sobre la prensa.

Francesc Camprodon
Francesc Camprodon

La Soberanía Nacional, diario madrileño, reprodujo la respuesta de los comisionados obreros al escrito de Figuerola. Los autores empezaban por mostrarse sorprendidos por el hecho de que un ataque de tal naturaleza proviniera de un “representante de la provincia”; es decir, de un catalán. Enseguida, consideraban que Figuerola les calumniaba porque la clase obrera nunca había coaccionado a la prensa, ni era cómplice del partido carlista y porque, en definitiva, el mismo gobierno reconocía que el seguimiento de la huelga había sido pacífico. En lo referente al asesinato de algunos patronos, los comisionados recordaban que incluso los movimientos sociales más pacíficos no podían ahorrarse las actuaciones de incontrolados que aprovechaban las circunstancias para llevar a cabo venganzas personales y que, precisamente, la policía y los tribunales estaban para perseguir y castigar estos crímenes. Por lo tanto, Figuerola no podía culpar a toda la clase obrera de los incidentes aislados porqué hacerlo no era justo, ni correspondía a la verdad. Los firmantes del escrito, preguntaban: “¿Sabe siquiera el señor Figuerola si estos asesinos son operarios?”. Después, los autores de la respuesta explicaban al diputado que las asociaciones obreras elegían a sus órganos y dirigentes y que por lo tanto, funcionaban de manera democrática. Y también le recordaban que no debía erigirse en el único defensor de la causa de los catalanes en las Cortes porque ellos, en el ejercicio de la gestión que les había sido confiada, se habían entrevistado con todos los diputados de la circunscripción y sabían que había otros representantes con distinta opinión a la suya. Finalmente, los comisionados obreros calificaron a Figuerola de “pluma envenenada” y le acusaron de no ser “hombre de conciencia” sino que lo era “de interés y odio”.

El Diario de Barcelona del día 27 de julio, en su apartado titulado “Espiritu de la prensa nacional” recogía los rumores que circulaban por Madrid relativos a las intenciones que albergaban Espartero y O’Donnell, cada uno por su cuenta, de proclamarse dictadores. Espartero declaró que los principios que sostenía le impedían convertirse en un dictador pero la prensa dudó sobre las verdaderas ambiciones de O’Donnell.

El Diario de Barcelona, en su edición del día 28 de julio, publicó una carta del empresario Gregori Deu a raíz de un artículo que había publicado El Liberal Murciano, mediante el cual se invitaba a los empresarios catalanes a cerrar las fábricas que tenían en el Principado y trasladarse a Murcia. El autor garantizaba que en esta región los industriales encontrarían paz social y buenos trabajadores. Gregori Deu, que tenía fábrica en Murcia, daba fe de ello.

El proyecto de ley “industrial” fue presentado al Consejo de Ministros en fecha del 4 de agosto y fue aprobado por éste siete días más tarde. El proyecto de titulaba “sobre ejercicio, policía, sociedades, jurisdicción e inspección de la industria manufacturera” y se publicó en la Gaceta de Madrid del día 10. La comisión parlamentaria que debía dictaminar el proyecto estaba formada por Pascual Mádoz- presidente- Laureà Figuerola- secretario- Sánchez Silva, Mollinedo, Conadi, Franco y Ciril Franquet- último gobernador de Barcelona.

El proyecto establecía:

– Algunas medidas para la higiene y la seguridad en el trabajo.

– Que la duración máxima de un contrato fuera de 1 año.

– Que la edad mínima para el trabajo se fijara en los 8 años y que los jóvenes trabajadores entre 8 y 12 años solamente realizasen media jornada.

– Que la jornada diaria de trabajo de los jóvenes entre 12 y 18 años no superase las 10 horas

– Que los patronos se harían cargo del gasto médico y los salarios de los accidentados, en el caso de que el accidente hubiera sucedido por incumplimiento de las normas de seguridad, prudencia o previsión. En estos supuestos, si el resultado del accidente fuera de muerte e incluso cuando ésta resultara accidental, el pago de la indemnización también correspondiera al empresario.

– Que se castigara penalmente la falta de respeto a los superiores y los daños ocasionados al personal de la empresa, o a los bienes de la misma.

– La restricción de la autorización de asociaciones obreras a las que tuvieran únicamente objetivos mutuales y la prohibición de que dichas organizaciones subvencionasen el paro, cuando fuera voluntario o provocado por la fuerza de la coalición de trabajadores (huelga).

– Que los recursos de las asociaciones obreras permitidas fueran depositados en una entidad bancaria pública.

– Que las asociaciones obreras no pudieran exigir cuotas económicas a sus afiliados sin previa autorización de la autoridad.

– Que se creasen jurados formados por 2, 4 ó 6 personas, la mitad de las cuales serían nombradas por el gobierno entre empresarios y jefes de talleres y la otra mitad por los operarios o trabajadores. Dichos jurados serían presididos por el juez de paz y tendrían potestad para dirimir sobre conflictos laborales que, en cuantía, no superasen los 6000 reales cada uno.

Al fin, el proyecto no contentaba ni a los empresarios, ni a los trabajadores. La oposición de éstos últimos se fundaba, sobre todo, en la previsión de la prohibición de la libre asociación y de los acuerdos colectivos, la falta de regulación de las retribuciones mínimas y la permisividad en la contratación de menores. Los trabajadores también reclamaban que los contratos laborales se formalizaran por escrito y que los conflictos laborales no quedaran sometidos a la jurisdicción penal ya que siempre se habían considerado materia jurídica civil.

A los fabricantes no les gustó que se quisiera limitar la edad de los menores que podían ser contratados y alegaban que los niños podían realizar más “cómodamente” determinadas faenas y que si solamente se permitía la contratación adultos se encarecería el precio de la mano de obra, lo que originaría daños de peores consecuencias que los que conllevaba el empleo de críos. Además, esta delimitación perjudicaba a las pequeñas empresas (“pequeño capital”) en lo que se refiere a la libre competencia con las grandes.

Terminada la huelga, Juan Zapatero ordenó la depuración de la Milicia Nacional porqué sus miembros no habían actuado con dureza contra los huelguistas. Recordemos que los milicianos proclamaron que mantendrían el orden pero que no reprimirían a los huelguistas pacíficos. Claro está que la acumulación de tropas del ejército en Cataluña y concretamente, en Barcelona, perseguía el objetivo de suplir con soldados a los milicianos. Para llevar a cabo la depuración Zapatero creó una especie de jurado. Uno de los primeros depurados fue el subinspector Francesc Ballera [31] , el cual, como Ton Escoda- también depurado- habían sido luchadores republicanos contra el gobierno de Narváez, durante la guerra de los “matiners”. La actuación masiva del jurado depurador se llevó a cabo en el día 2 de agosto y para ejecutarla, Zapatero sacó a la calle todas las tropas que tenía reservadas, ocupó militarmente Barcelona y situó la artillería en la plaza de Sant Jaume. Principalmente, la criba afectó a los milicianos que no tenían la condición de propietarios- menestrales y trabajadores- aunque no únicamente, ya que tenemos noticia de que algún hijo de buena familia, como el joven Xifré- heredero del riquísimo indiano que edificó su palacio en la muralla de mar, actualmente el paseo de Colom- también fue expulsado del cuerpo. Se calcula que, aproximadamente, Zapatero despidió a 4000 milicianos.

Los comisionados obreros que permanecían en Madrid- Joaquín Molar y Joan Alzina- no cejaban en la actividad, casi frenética, que llevaban a cabo con la ayuda, principalmente, de Ildefons Cerdà, Estanislau Figueres y Pi i Margall. Pidieron y obtuvieron entrevistas con los diputados de las Cortes, con Espartero y con los ministros, así como con líderes obreros de la capital del Estado. Las actuaciones de Molar y Alzina enervaban a los estamentos oficiales ya que la clase obrera madrileña escuchaba a los catalanes y aprendía de sus experiencias. Pero la prensa silenciaba las intervenciones de los comisionados obreros y para hacerse oír, éstos y algunos diputados amigos, promovieron el periódico que titularon “El Eco de la Clase Obrera”, en el cual se publicaron los textos de sus conferencias y debates.

eco clase[1]

Durante los meses siguientes y hasta que en el mes de julio de 1856 O’Donnell dio el golpe de Estado que alejó a Espartero de la presidencia, la situación política española se caracterizó por las contradicciones y luchas internas del gobierno, así como por la inestabilidad social que desembocó en las revueltas populares que estallaron en diferentes ciudades españolas. Habiendo caído Espartero, el más violento de los alzamientos populares se produjo en Barcelona. Una de las causas importantes de las desavenencias entre el presidente del gobierno y el ministro de la guerra fue la política de orden público que se debía llevar a cabo en Cataluña. Espartero quería aflojar las riendas porque consideraba que al fin los obreros habían aceptado sus consejos pero O’Donnell, al contrario, daba todo su apoyo a la represión militar impuesta por Juan Zapatero.

En Barcelona, el malestar de las clases populares siguió mostrándose en pequeñas huelgas, algunos incendios de fábricas y otros conflictos que, en ocasiones, alcanzaban los municipios cercanos, o determinadas zonas industriales. Después de la huelga general, muchas empresas permanecieron cerradas.

La comisión parlamentaria encargada de la discusión del proyecto de ley de la “cuestión industrial” se reunió en escasas ocasiones y la tramitación de la regulación no avanzaba.

Durante los últimos días de 1855 surgió un conflicto en la fábrica Rodés de la calle Trentaclaus que dio pábulo a muchos comentarios. La causa del mismo fue el despido injusto de un trabajador. Parece ser que el encargado de la fábrica permitió la entrada de un par de personas ajenas, en contra de las órdenes del dueño. Probablemente, bajo este eufemismo se escondía la contratación de dos trabajadores no asociados que debían substituir a trabajadores de “plantilla”. El obrero Ramon Fortuny afeó al encargado su decisión y éste le motejó de “perturbador”, le agredió físicamente y lo despidió. Pau Oliver, jefe de la asociación de hiladores mecánicos, intervino ante el dueño de la fábrica para protestar de la entrada de gente extraña en el establecimiento y reclamando la readmisión de Fortuny pero el propietario confirmó el despido. Inmediatamente, la asociación de hiladores mecánicos declaró la huelga en la empresa, la cual fue seguida por la mayoría de trabajadores. Seguidamente, el empresario contrató esquiroles para substituir a los huelguistas. En fecha del día 28 de diciembre se convocó una manifestación de obreros ante las puertas de la fábrica Rodés. Los manifestantes y los esquiroles se enzarzaron en una lucha a pedradas y se oyeron algunos disparos de armas de fuego. Los mozos de escuadra dispersaron a los manifestantes y llevaron a cabo dos detenciones aunque posteriormente, el número de detenidos llegó hasta siete. El consejo de guerra que debía juzgar a los inculpados por estos sucesos se constituyó el día 7 de enero de 1856. Pau Oliver, jefe de la asociación de hiladores mecánicos, fue condenado a 10 años de prisión aunque solamente había intervenido en el conflicto para encontrarle una solución. Dos acusados fueron absueltos y sobre el resto recayeron condenas de prisión que iban desde un año a cinco o seis.

Entre los meses de diciembre de 1855 y enero de 1856 sucedieron conflictos serios en las fábricas de Sallent y de más aislados en centros de otras localidades. Las prohibiciones, las persecuciones por parte de las autoridades y los boicots empresariales no detuvieron la creciente afiliación a las asociaciones de trabajadores. Los fabricantes de Igualada y los de Terrassa se coaligaron para despedir a todos los trabajadores asociados que descubrían. Los señalados pasaban a engrosar la lista negra de perturbadores y no encontraban empleo en su localidad. can batllo3[1]Los trabajadores de la fábrica Batlló se declararon en huelga de solidaridad para que fueran readmitidos los trabajadores asociados de la misma que habían sido despedidos.

Durante los primeros días de enero de 1856, unos trabajadores incendiaron La Industrial Algodonera.

La capitanía general mantenía la política de detenciones, encarcelamientos y destierros indiscriminados de trabajadores, republicanos y socialistas, o simplemente de personas que tenía por desobedientes. En la mayoría de los casos, la autoridad no se molestaba en formalizar las acusaciones. Cuando se trataba de individuos de cierta fama, Zapatero procuraba que fueran conducidos a su presencia y les decía que quería ahorrarse el engorro de su fusilamiento por lo que les ofrecía que escogieran un lugar para que fueran desterrados, de entre los que les señalaba; por ejemplo, Andalucía, Valencia o Baleares. No les acusaba de ningún delito, ni les daba explicaciones.[32] Ildefons Cerdà y Josep Anselm Clavé pasaron por este trance y según contó Ceferí Tresserres, Clavé discutió con Zapatero y acabó peleándose a trompazos con su ayudante.

Josep Ansel Clavé
Josep Anselm Clavé

La paranoia que atenazaba a Zapatero le indujo a sospechar, incluso, del gobernador Llasera y del jefe de la ronda policial, Jose Montero- substituto de Jeroni Tarrés. El capitán general consideraba que ambos protegían las personas sobre las que había orden de detención. José Montero fue destituido y sufrió destierro.

La edición del Diario de Barcelona del día 17 de enero de 1856 informaba que Molar y Alzina habían llegado a Barcelona. Los trabajadores asociados de diferentes oficios les dispensaron un gran recibimiento y les agradecieron los esfuerzos que ambos habían dedicado por la causa del asociacionismo y de los derechos laborales. Los comisionados de los trabajadores abandonaron la capital, después que hubieran sido homenajeados por sus compañeros madrileños. Los catalanes regalaron a las incipientes asociaciones obreras de Madrid una copia de los estatutos reglamentarios aprobados por cada asociación catalana.

Los dirigentes obreros que caían en manos de la autoridad eran rápidamente juzgados por tribunales militares, acusados de forzar la afiliación de trabajadores a sus organizaciones o de maltratar esquiroles y obreros no asociados. El diputado Estanislau Figueres denunció el despotismo de Zapatero en las Cortes pero nadie le prestó demasiada atención. Figueres dijo que parecía que el capitán general quería provocar el levantamiento de la población para así conseguir la excusa que le permitiera llevar a cabo un escarmiento general, a cañonazos.

Con la llegada del verano se multiplicaron los precios de los productos alimentarios básicos y el gobierno incrementó la presión fiscal estableciendo nuevos impuestos. El hambre se convirtió en una epidemia en muchos rincones de la península. Los vallisoletanos se levantaron el 22 de junio de 1856, asaltaron el ayuntamiento y saquearon e incendiaron las casas de las familias acomodadas. Lo mismo sucedió en Palencia, Burgos Valencia y Zaragoza. También en Cuba. El historiador decimonónico Antonio Pirala afirmó que algunos de los incitadores de los desórdenes eran trabajadores industriales catalanes que, o se habían exiliado a estas ciudades, o estaban en ellas porqué habían sido desterrados [33] . Las revueltas fueron duramente reprimidas por el ejército y una vez terminadas, parte de los supervivientes, hombres y mujeres, fueron pasados por las armas, para escarmentar a las poblaciones.

Vista la grave situación política y social, en el día 11 de julio se reunió el consejo de ministros, en presencia de la reina. Durante el desarrollo del consejo, se enfrentaron definitivamente las posiciones de Espartero y O’Donnell. El ministro de la guerra expuso la necesidad de un cambio radical en la gobernación y propuso que debía disolverse la Milicia Nacional ya que estaba prácticamente copada por republicanos y en sus actuaciones siempre acababa por apoyar a los sublevados. La posición de O’Donnell dividió a los ministros en dos bandos y Espartero se mostró confuso, sin que, de entrada, se decidiera por ninguno. Finalmente, los ministros contrarios a O’Donnell dimitieron y Espartero les siguió en la dimisión. Inmediatamente, la reina encargó a O’Donnell la formación de un nuevo gobierno.

La dimisión de Espartero y el cambio de gobierno, fue la chispa que incendió a los madrileños que se levantaron durante el día 14. El nuevo gobierno declaró el estado de sitio en todo el territorio español. El ejército, a las órdenes de los generales Serrano y Gutiérrez de la Concha, ocupó las calles de Madrid. Durante el mediodía se convocó sesión de las Cortes. El alcalde también convocó al consistorio y decidió la disolución de la Milicia Nacional de la capital. En las Cortes, Pascual Mádoz presentó una moción de censura contra el nuevo gobierno que fue aprobada por la mayoría de diputados pero la resolución se tomó sin que hubiera el quórum exigible, por lo que O’Donnell no la admitió. Baldomero Espartero apareció momentáneamente en el hemiciclo para dar vítores a la libertad y desaparecer. Luego huyó de Madrid y se refugió en su domicilio de Logroño. La artillería bombardeó el edificio de las Cortes, donde todavía permanecían más de cuarenta diputados.

Durante el día 16 el ejército venció la última resistencia popular en Madrid y terminó el bienio de gobierno progresista.

La situación en Barcelona y en el resto de Cataluña no presentó alteraciones, que no fueran las habituales, hasta que llegaron a la ciudad condal las noticias de Madrid relativas al golpe de Estado del general O’Donnell, la caída de Espartero y el levantamiento de los madrileños. Ciertamente, hasta entonces, no podía afirmarse que en las ciudades catalanas reinara la paz pero tampoco que la población se hubiera amotinado. Aun así, Juan Zapatero temía que en cualquier momento reventara el dique y las masas de Barcelona y de su entorno se lanzaran a las calles por lo que, durante los días del cambio político y cuando todavía nadie podía saber de qué lado se inclinaría la balanza del poder, declaró que estaba dispuesto a todo para mantener a Isabel II en el trono . Es decir, Zapatero avisó de su falta de preferencias por uno u otro gobierno a la vez que señalaba que sus verdaderos enemigos eran los republicanos, los socialistas y, en general, los revolucionarios. Por eso, sospechando que se acercaba la sublevación popular, dispuso la distribución de tropas y de artillería en los puntos estratégicos de Barcelona y protegió las vías entre los cuarteles y el puerto. Pero no pudo impedir que el pueblo se organizara y junto con los milicianos destituidos, levantara barricadas en las calles.

Los enfrentamientos en Barcelona empezaron durante el 18 de julio. La lucha resultó encarnizada y se prolongó hasta el día 21. El ejército atacó los barrios cortados por las barricadas con bombardeos directos, a los cuales seguían las cargas de caballería. Además, otra vez, en pocos años, Barcelona fue objeto de bombardeo general desde la altura del castillo de Montjuïc y desde la Ciutadella. Como había sucedido en anteriores levantamientos, llegados a este punto, incluso los ciudadanos que en principio habían permanecido en sus domicilios, se añadieron a la lucha lanzando macetas y todo tipo de objetos contundentes, desde los balcones y ventanas, a las tropas que circulaban por las calles. Pero, poco a poco, el ejército fue venciendo a los revoltosos y los supervivientes de la carnicería se refugiaron en Gràcia.

El coronel Josep (o, quizá, Magí) Ravell dirigió la fuerza militar que luchó en Gràcia contra los últimos amotinados. Durante el domingo, día 20 de julio, Ravell y seis oficiales del ejército fueron asediados por los rebeldes en un edificio conocido como “la casa de la marquesa”, que estaba situado al principio de la calle “Gran de Gràcia”, en la esquina de la calle llamada (actualmente) Séneca [34]. En el aprieto, Ravell y sus oficiales intentaron rendirse a los asediadores pero éstos no admitieron el trato y después de incendiar el edificio, los prendieron y los mataron. Los exaltados decapitaron a Ravell, reconocido como el presidente del consejo de guerra que había condenado a Barceló, y luego exhibieron su cabeza por las calles de Gràcia. La venganza comprometida por los obreros reunidos el día 5 de julio del año anterior en la plaza donde fue ejecutado Barceló, se llevó a cabo de forma terrible.

Durante el 21 de julio cesó la última resistencia popular. Los pocos rebeldes de Gràcia que habían escapado del acoso del ejército huyeron a la comarca de Bages pero diecisiete fueron presos y trasladados a Barcelona. Se ha calculado que el levantamiento de julio de 1856 se saldó con 400 barceloneses muertos y más de 60 por el bando del ejército. Hubo, aproximadamente, 1000 heridos y Zapatero encarceló a 700 ciudadanos. Luego, llegaron los consejos de guerra sumarísimos y los fusilamientos. Los 17 prisioneros que tomó el ejército entre los últimos resistentes de Gràcia fueron fusilados el 28 de julio ante la casa de la marquesa. En fecha del 4 de agosto también fue fusilado Jaume Puig, un chico jorobado que no tuvo ninguna relación con los revoltosos. Los cuerpos de los fusilados se enterraron en la fosa comuna del cementerio del Poblenou. En noviembre de 1868, los gracienses pagaron una lápida de mármol en recuerdo de los sacrificados en 1856 que se erige en la entrada del fosal. El nombre de Jaume Puig aparece separado del resto de homenajeados, precedido por la siguiente leyenda: “Víctima de un funesto error tiránico”.

Nunca llegó a aprobarse la ley de las relaciones laborales en la industria.

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Fusilamientos en Gràcia (28.07.1856) y lápida en el cementerio del Poblenou que recuerda las víctimas de aquella masacre. La estampa pertenece a la obra “Memorias de un presidiario político” de Albert Columbrí, editada en Barcelona en el año 1864.

5.Aproximaciones para el análisis.

5.1 El Estado, los empresarios y los trabajadores.

Los protagonistas principales de la historia que ha sido someramente contada son, claro está, los empresarios industriales y los trabajadores. Pero debemos añadir a éstos un tercer sujeto: el Estado y la política que llevó a cabo; eso, no únicamente por lo que se refiere a la llamada, por aquel entonces, “la cuestión industrial” sino también por la llamada- hacía ya, aproximadamente, quince años- la “cuestión catalana”.

La toma de conciencia de los trabajadores como clase y las fases por las que transcurrió la lucha que emprendieron para mejorar las condiciones de trabajo fueron, en su inicio, casi calcadas en todos los lugares industriales de Europa. Friedrich Engels observó que, en una primera fase, la desesperación de los trabajadores explotados y condenados a la miseria les llevó a agredir a los patrones y asaltar sus almacenes. En una segunda fase, los trabajadores se ocuparon en destruir las máquinas modernas que consideraban que ahorraban brazos y por lo tanto, les abocaban al paro. Finalmente, en la última fase, el proletariado buscó en la asociación la fuerza colectiva que le facilitara el logro de las mejores condiciones laborables posibles.

Dentro de la clase trabajadora debemos distinguir dos tipos de componentes. En un primer grupo situamos a los trabajadores cualificados, a los cuales en ocasiones llamaremos “operarios”. Por lo que se refiere al ramo textil, en este grupo incluimos a los hiladores- a mediados del siglo sumaban entre mil y mil quinientos, solo en Barcelona- y los tejedores de oficio. Los profesionales, como los mencionados, merecían otra consideración y se equiparaban socialmente a los menestrales. En realidad, muchos profesionales provenían de la menestralía y alquilaban sus servicios a diferentes empresas. Recordemos que el periodista explicaba que los hiladores acusados por los crímenes de la masía de Olesa- Poyo, Geis- vestían y exhibían maneras distinguidas, dentro de lo usual en el ámbito social al que pertenecían. Cuando Josep Barceló fue detenido, los gacetilleros señalaron que había sido recluido en una celda separada del espacio que ocupaban los “criminales”, lo que se resolvió en atención a la clase social del preso. Ildefons Cerdà, incluso Josep Mañé i Flaquer, reconocían a los líderes de las asociaciones de hiladores y de tejedores, inteligencia, discurso coherente y cierta altura cultural.

Dos hiladores en la carcel. Estampa de la obra “Memorias de un presidiario político”, de Albert Columbrí, publicada en Barcelona en el año 1864
Dos hiladores en la cárcel. Estampa de la obra “Memorias de un presidiario político”, de Albert Columbrí, publicada en Barcelona en el año 1864

En el segundo grupo, situamos a los miserables, generalmente iletrados, sin ningún conocimiento técnico elemental, ni capacidad que no fuera la venta de la fuerza física. La manera de actuar de los distintos grupos de trabajadores difería y se evidenció, sobre todo, después de las huelgas de las “selfactinas”. Durante la huelga general de 1855, los profesionales olvidaron, o marginaron, la reivindicación consistente en culpar de sus desgracias a las innovaciones técnicas y productivas, poniendo el acento de su reclamación, principalmente, en el reconocimiento del asociacionismo obrero. Por el contrario, los “hombres de la blusa”- los trabajadores no cualificados- siguieron considerando los nuevos telares, así como a los industriales que los adquirían y usaban, como la causa principal del paro y por eso, de forma esporádica, continuaron destruyendo máquinas e incendiando fábricas durante muchos años.

Estampa que representa una de las revueltas recurrentes de obreros en Gràcia. En este caso, los revoltosos pegaron fuego a la oficina del Registro de la Propiedad”.
Estampa que representa una de las revueltas recurrentes de obreros en Gràcia. En este caso, los revoltosos pegaron fuego a la oficina del Registro de la Propiedad”.

Por lo que se refiere a los empresarios- es decir, “el capital”- también debemos distinguir a los dueños de talleres con poca maquinaria, los cuales, a veces eran menestrales- “pequeño capital”- y por otro lado, los grandes industriales y los empresarios agrupados. Fueron grandes empresarios, por ejemplo, los Muntades y los Batlló. Es evidente que los miembros de las asociaciones “filantrópicas” de hojalateros, tintoreros, panaderos, alpargateros y de otros oficios que, a mediados del mes de junio de 1855, se dirigieron al gobernador civil de Barcelona para prometer fidelidad y que no convocarían huelgas, ni pedirían aumentos salariales, eran menestrales, del tipo que hoy llamaríamos “autónomos”, y no obreros. La asociación creada durante el mes de mayo de 1855, llamada “Círculo Industrial” constituía una agrupación de menestrales y pequeños empresarios.

Obviamente, todos los empresarios, incluidos muchos menestrales, profesaban la ideología liberal y no les agradaba nada que se promulgaran leyes que coartaran la libertad contractual, lo que incluía la libertad para despedir trabajadores, como tampoco deseaban que se promulgaran leyes que impusieran precios a los productos o que simplemente regulasen el comercio y la producción. La ideología o la mentalidad de los grandes industriales fue descaradamente expresada por Laureà Figuerola en su intervención en la sesión de las Cortes del día 19 de abril de 1855 pero debemos tener en cuenta que la libertad que defendían también incluía el convencimiento de que los conflictos laborales debían manejarse “en casa” y que por lo tanto no admitían que el Estado traspasara las puertas de sus establecimientos. Por esta razón- pero dejando a un lado, otras- resulta difícil, por no decir que imposible, que descubramos un empresario industrial víctima del incendio de su fábrica, durante las huelgas de 1854, que reconociera explícitamente que las llamas habían sido provocadas por los trabajadores. Evidentemente, existía la negociación entre empresarios y trabajadores pero ésta resultaba más practicable y razonable en el seno de las pequeñas empresas, de ámbito familiar. Las asociaciones de trabajadores, en ocasiones habían resaltado, nombrándolos con nombre y apellidos, determinados industriales que consideraban ejemplares, por lo que se refiere a su actitud hacia los empleados y en estas menciones no encontramos a ningún gran empresario.

Pero el protagonismo de empresarios y trabajadores en las luchas catalanas de los años 1854 y 1855 no resulta suficiente para explicarlas. En una primera fase del bienio progresista, el gobierno, presidido formalmente por Baldomero Espartero y realmente por Leopoldo O’Donnell, quiso gestionar el conflicto social a partir de los criterios ideológicos del liberalismo radical, lo que suponía la no intervención en las relaciones laborales de la industria, aunque manteniendo la militarización de la gobernación que había instalado el Narváez. Ciertamente, no pude afirmarse que el capitán general De la Rocha no interviniera en las relaciones entre fabricantes y trabajadores – ¡prohibió las “selfactinas”!- pero, con la ayuda de los gobernadores civiles Pascual Mádoz y Ciril Franquet, la actuación del gobierno en Cataluña pretendía, por lo menos, ser neutral- recordemos que De la Rocha tampoco facilitó las asociaciones obreras-. Mádoz, al tomar posesión de su cargo declaró que “En la cuestión industrial mi constante pensamiento ha sido, es y será conciliar y proteger […] mediador siempre y siempre imparcial”.

En la segunda fase, a partir de que Juan Zapatero tomara posesión como capitán general, el gobierno abandonó la vana pretensión de que los catalanes resolvieran “estas inacabables cuestiones”- sea dicho con los mismos términos utilizados por Pascual Mádoz- y optó por aplicar la mano dura. Es decir, se desentendió de Cataluña y concedió carta blanca a Zapatero para que aplicase las medidas de represión que considerara pertinentes, sin ningún condicionamiento legal, ético o político. El gobierno proyectaba la desamortización, la construcción de vías férreas y telegráficas, la reforma de la Administración, la regulación del espacio financiero público y sobre todo, necesitaba asentarse políticamente. El pueblo catalán que, en principio lo había apoyado en contra de los moderados de Narváez, se mantenía alzado y por lo tanto, el problema superaba la simple molestia que ocasiona una piedrecita en el zapato. Además, el Estado, institucionalmente y estructuralmente, era débil. En la práctica, no existían las instituciones estables y creíbles que configuraran la Nación. Ni tan siquiera la monarquía, representada por una reina banal, sin crédito, malcasada con un pisaverde, entregada a la influencia de curas y monjas santones y que confundía el ejercicio de las potestades de la corona con las ambiciones de sus amantes- O’Donnell, lo fue- constituía un elemento de cohesión política y social, ya que no contaba para nada. Los catalanes, además, tenían muy presente que se trataba de una Borbón, dinastía ésta que odiaban porqué les había abolido sus derechos.

La desestructuración del Estado que quería ser liberal también se mostraba en la ausencia de ciertas instituciones esenciales. No existía un poder judicial piramidal e independiente de órganos relacionados, sino que había juzgados competentes, tanto en materia civil como penal, de carácter local, los cuales, en lo relativo a los delitos, a menudo experimentaban como los tribunales militares les hurtaban la jurisdicción. Recordemos que el juicio por el asalto y robo de la masía Sant Jaume de Olesa, que correspondía al tribunal de partido judicial de Terrassa, fue atribuido a la “comisión militar” sin que intermediara una explicación razonable y sin que todavía se hubiera declarado el “estado de excepción”, o el “estado de guerra”.

Tampoco existía, por aquel entonces, una fuerza policial que mereciera este nombre. En el antiguo régimen, el rey confiaba a sus soldados la represión de aquello que podemos etiquetar como “delincuencia”. Pero el Estado moderno exige la separación de las funciones que corresponden al ejército – es decir la guerra- de las funciones de orden interno, que se confían a unas fuerzas independientes- policías- dependientes de los jueces. Las primeras “policías”, como por ejemplo, los mozos de escuadra, fueron creadas por señores feudales y tenían carácter privado. En realidad se trataba de milicias particulares que se esforzaban en la persecución de los enemigos de su señor y del rey al cual éste servía. En Barcelona, durante los años centrales del siglo XIX, se intentó la creación y organización de una policía civil- a menudo, llamada “secreta”- y esta misión fue encomendada al comisario Ramon Serra Monclús. Dicho personaje reclutó los agentes policiales entre los criminales más notorios, como fue Jeroni Tarrés y se preocupó, sobre todo, en perseguir a los enemigos políticos del gobierno y en competir en el mercado criminal con los delincuentes al margen de la oficina que regía. Por lo tanto, durante todo el siglo XIX, aunque se hubieran instituido algunos cuerpos de policía locales y, a partir de la década de los cuarenta, la Guardia Civil- de carácter militar- lo cierto es que la represión de las manifestaciones y de las revueltas seguía estando en manos del ejército, lo que se prolongó, sin tanta intensidad, durante las primeras décadas del siglo XX- recordemos la represión de los altercados de la “semana trágica”, en 1919, en Barcelona. Claro está que durante el bienio progresista se recuperó la Milicia Nacional, que se estructuraba localmente y se nutría de hombres procedentes de las clases populares. Las autoridades pretendieron que la milicia llevara a cabo misiones de policía de orden público pero la tentativa de instrumentalizarla contra el pueblo fracasó, de manera que fue substituida por el ejército. Se comprobó que, al fin, los milicianos siempre acababan por ponerse en el bando de las barricadas. Eso sucedió en las revueltas barcelonesas de 1842 y 1843 y volvió a suceder durante las huelgas y levantamientos de 1854, 1855 y 1856.

En definitiva, el Estado español se quiso edificar copiando el modelo del Estado francés pero sin pasar por la revolución, por lo que se mantuvo en una simple dictadura militar, mal disfrazada de democracia, al amparo formal de unas Cortes inoperantes y unas cuantas constituciones correlativas, ya moderadas, ya no tanto, las cuales nunca se aplicaban. La única preocupación de los gobernantes respecto la situación catalana era que allá se mantuviera el orden público- sea dicho, con el eufemismo que utilizaban, “que se cumpla la ley”- hasta el punto que esta vocación parecía una vocación puramente estética. Los obreros que durante las huelgas se manifestaban en las calles de los pueblos y ciudades catalanas se mantuvieron, mayoritariamente, en actitud pacífica pero las autoridades consideraban que la presencia de multitudes en el espacio público constituía un desorden inadmisible y O’Donnell confesó que no entendía que la Milicia Nacional barcelonesa no hubiese expulsado de Barcelona a los trabajadores llegados de los pueblos del entorno cuando eso hubiera quedado justificado porque se trataba de forasteros.

Cataluña, por lo menos, había llevado a cabo la revolución industrial y por lo tanto estaba en otro nivel de evolución social. Las clases catalanas de los fabricantes, comerciantes y trabajadores no podían sacar nada de España sino que, por el contrario, consideraban que el Estado frenaba el crecimiento económico, no protegía a los más débiles e impedía el ejercicio de los derechos elementales.

Ahora bien, en concreto, ¿qué pedían los diferentes grupos sociales catalanes al Estado?. En principio, tanto los empresarios como los trabajadores le demandaban que interviniera en el conflicto social, aunque la forma de intervención que deseaban unos difería de la que reclamaban los otros.

Los trabajadores asociados procuraban la intervención estatal debido a que sabían que la libertad de contratación no era tal, ya que el trabajador individual no tenía el mismo poder y necesidad que el empresario. Por lo tanto, los trabajadores querían que el Estado, mediante las leyes, les asegurara unos mínimos- sobre todo, por lo que se refiere a las remuneraciones y las jornadas de trabajo- corrigiendo, de esta manera, la desventaja que los afectaba. Con el mismo objetivo, demandaban al Estado que garantizara la libertad de asociación y, en consecuencia, la negociación colectiva. Los trabajadores de la asociación de hiladores que, en fecha 2 de agosto de 1855, respondieron las invectivas de Laureà Figuerola, lo expresaron con otras palabras: “Ya no somos tan tontos que no conozcamos que si la política no va unida a la organización del trabajo es fácil que los obreros nos quedemos sin ocupación”.

Por otro lado- y sea dicho de forma sintética- los empresarios solo querían la intervención del Estado a fin de que, también mediante la ley, prohibiera la libertad de asociación de los trabajadores, así como la huelga y para que, mediante la fuerza, mantuviera el orden en la calle.

En definitiva, unos y otros- empresarios y trabajadores- necesitaban al Estado pero éste no quiso ocuparse de Cataluña y de nuevo, la abandonó en manos del despotismo militar de un virrey sanguinario: Juan Zapatero.

5.2 La sombra de la guerra de los matiners y “la cuestión catalana”.

Antes de que se declarara la huelga general de 1855, las autoridades civiles y militares, con la ayuda de la prensa y de los diputados liberales catalanes, ya habían hecho lo posible, en el aspecto propagandístico, para relacionar el movimiento obrero con el carlismo. Durante el mes de mayo de 1854, los consulados españoles en Francia denunciaban la existencia de depósitos de armas carlistas situados cerca de la frontera. Al finalizar este mes, Juan Zapatero se excusaba en la sublevación militar de Zaragoza y la aparición de pequeñas partidas carlistas en la franja de Aragón para declarar el estado de guerra en la provincia de Barcelona, el cual rápidamente extendió a toda Cataluña.

Marcel•lí Gonfaus, alias Marçal
Marcel•lí Gonfaus, alias Marçal

A partir de la declaración de la huelga general iniciada en el día 2 de julio de 1855, proliferaron las declaraciones promovidas por fuentes oficiales que acusaban al movimiento obrero de actuar en combinación con los carlistas. Precisamente, Marçal, el célebre jefe carlista gerundense, entró en el Principado al frente de 300 hombres, durante el día 2. A la mañana siguiente, El Constitucional y El Barcelonés enlazaban ambos movimientos opositores y concluían lo siguiente: “No pueden vencernos en el campo y nos vencerán en nuestras casas”. En fecha del día 2, Josep Sol i Padrís fue asesinado y alguien sugirió que los obreros que le habían dado muerte eran carlistas.

La alianza de las asociaciones de trabajadores con los carlistas, denunciada por las autoridades, más o menos oblicuamente pero periódicamente, ahora nos puede parecer un pretexto poco creíble ya que pensamos que el movimiento obrero forzosamente debe situarse en el ámbito ideológico de la izquierda y nadie duda de que el carlismo formaba parte del tradicionalismo más conservador. Pero, por aquel entonces, el enfrentamiento entre la ideología tradicionalista y el progresismo liberal y republicano, no resultaba un hecho irrefutable. En los periodos de crisis económica y social, los adversarios del régimen vigente se dividen inevitablemente en dos grandes grupos: los que piensan que antes de la crisis se vivía mejor y por lo tanto desean la vuelta al antiguo régimen y los que proponen la superación del desastre avanzando hacia un nuevo sistema que borre el presente y el pasado. Durante las revoluciones europeas de 1848, las dos tendencias mencionadas a menudo se aliaron contra los gobiernos liberales moderados. La alianza de los grupos opositores mencionados- es decir, de tradicionalistas con liberales de izquierda y republicanos- explica, precisamente, la guerra catalana de los “matiners” (1846-1849) y lo mismo sucedió en la Cataluña francesa durante el periodo previo a la revolución de febrero de 1848 que destronó a Louis Philippe d’Orleans [35].

Además, los carlistas catalanes, en su mayor parte, no eran demasiado partidarios del absolutismo. El conde de Montemolín (Carlos VI) había proclamado, mediante el llamamiento con el que inició la guerra de los “matiners“, que quería un régimen constitucional y entonces sus seguidores castellanos y vascos, acusaron de izquierdistas a los correligionarios catalanes. Es decir que la distancia entre los carlistas y los liberales de izquierda catalanes no era demasiada. Por lo tanto, la relación estrecha de los movimientos carlista y obrero que percibían los gobernantes y los políticos liberales puros durante el bienio progresista, no constituía una teoría irrazonable. Asimismo, la negación de esta teoría suponía que, por el contrario, debía admitirse que la coincidencia temporal de la revuelta obrera y del alzamiento carlista de 1855, resultaba el producto de la casualidad. Y las casualidades tienen poca defensa.

Pero lo cierto es que no existen pruebas sobre contactos o reuniones entre las asociaciones obreras y los jefes carlistas y sobre todo, no nos consta que durante este periodo se alzara alguna partida armada que no fuera carlista. O sea, aunque es evidente que las autoridades tenían muy presente la reciente experiencia de la alianza “carlo- progresista” [36] de la guerra de los “matiners”, en realidad, durante el alzamiento carlista de 1855, no pudieron obtener ninguna verificación de la continuidad de aquella amistad.

Está claro que si las autoridades hubiesen obtenido alguna prueba respecto la alianza de carlistas y las asociaciones de trabajadores, la hubieran divulgado a los cuatro vientos pero tuvieron que contentarse con fundarla en indicios tan débiles que no superaban las meras sospechas. Mádoz, en la sesión de las Cortes del 19 de abril de 1855, dijo que conocía ciertos voluntarios carlistas de Berga que habían abrazado el oficio de hilador y recordó que Berga había sido la capital de los carlistas catalanes. O’Donnell aprovechó que en un telar de Sants había aparecido una inscripción groseramente grabada en la madera, en la cual se leía “viva Carlos VI” y “muera la libertad”, para ensayar la pervivencia de la alianza “carlo-progresista”. Este mismo ministro, durante el debate en las Cortes del día 10 de noviembre de 1855, opinó que las masas obreras habían sido manipuladas (“movidas”) por la coalición de socialistas y carlistas y pretendió fundar su tesis en el supuesto de unos barceloneses que se habían enrolado en las filas de los Tristany. O’Donnell concluyó que no todos los trabajadores eran carlistas pero que sí que lo eran sus dirigentes. Laureà Figuerola, en la diatriba que dedicó a los líderes obreros Joan Alzina y Joaquim Molar, en julio de 1855 y que publicó La Corona de Aragón, no tan solo quiso implicarlos en los asesinatos de Sol i Padrís y de los Godó, sino que los señaló como cómplices de Marçal. Ciertamente, las autoridades y ciertos lacayos de la prensa sumisa se alarmaron cuando supieron que Pueyo y Arquer, condenados por los crímenes de Olesa, habían sido oficiales carlistas. Precisamente, Arquer estaba detenido, o bajo vigilancia en el Fort Pius cuando fue implicado en los crímenes de la masía Sant Jaume de Olesa. ¿Quizá el encarcelamiento, o retención vigilada a la que Arque fue sometido se debió a su condición de carlista?. Y si se hubiera dado el caso que Arquer, verdaderamente, fuera carlista, ¿no pudiera haber sucedido que las autoridades le implicasen en dichos crímenes para fundar la relación entre los carlistas y la asociación de hiladores a la cual también pertenecían otros acusados?. Pero, en cualquier caso, el periodista que cubría el juicio al que fueron sometidos estos hombres, ni tan solo se refirió a la vinculación entre el carlismo y el movimiento obrero, dando la impresión de que esa cuestión no había sido mencionada por el fiscal, ni por el presidente del tribunal.

Por el contrario, nos consta que los trabajadores asociados negaron explícitamente que sintieran alguna simpatía por el carlismo. Uno de los puntos de la declaración de huelga, formulada por los asociados en fecha del 2 de julio de 1855, decía lo siguiente: “Desgraciado el que se entrometa en la clase obrera para dar vivas a los carlistas, quemar fábricas y arruinar familias”. Ton Escoda y Francesc Ballera – oficiales de la Milicia Nacional y veteranos “matiners” que lucharon aliados con los carlistas durante la última contienda- previnieron a los trabajadores para que, en la coyuntura actual, no se dejaran manipular por los tradicionalistas. La prensa explicó que en Mataró los obreros se habían enfrentado a los payeses que amenazaban las fábricas del lugar con el argumento de que perjudicaban los cultivos agrarios (17 de agosto de 1854) y antes, en fecha del 17 de abril, había informado sobre la existencia de un movimiento de campesinos que buscaban firmas para apoyar el manifiesto que querían enviar a la reina para pedirle el cierre de todas las fábricas. En este caso, el cronista de los hechos recogía el rumor según el cual Ramón Cabrera había asistido a una de las reuniones convocadas por los protestones. Es decir, se suponía que los descontentos eran carlistas.

Al fin, la gente del pueblo, pobre y hambrienta, no tenía ideología. Los hombres de la blusa, fueran obreros sin trabajo o campesinos sin tierra, se alistaban a cualquier bandera opositora o se rebelaban por su cuenta, de forma espontánea e improvisada. Es cosa segura que hubo obreros que se enrolaron en las partidas carlistas, aunque solo fuera como alternativa laboral – la soldada oscilaba entre cuatro y cinco reales diarios- lo que no significa, claro está, que las asociaciones de trabajadores se hubieran aliado con el partido carlista. La falta de ideología de las gentes humildes fue recordada por el líder obrero Joaquim Molar en una conferencia que pronunció en Madrid y que reprodujo El Eco de la Clase Obrera, de 9 de diciembre de 1855: “Las masas eran entonces tenidas por liberales y hoy por carlistas; más yo, señores, aseguro que en su mayoría no son ni carlistas, ni progresistas, ni republicanas; llevan por objeto destruir la miseria”.

El levantamiento carlista de 1855- como sucedió con la guerra de los “matiners“- se circunscribió únicamente a Cataluña pero esta vez su incidencia fue poca. Marcel•lí Gonfaus, alias Marçal , el jefe carlista de más renombre- si atendemos a las noticias de la prensa- no pudo avanzar más allá de la zona fronteriza del Alt Empordà [37]. Se mantuvo en este territorio durante cuatro meses, entrando y saliendo de Francia, hasta que en noviembre fue cazado por el ejército y cumpliendo las órdenes de Juan Zapatero, fusilado inmediatamente. Los Tristany también participaron en algunas escaramuzas y Antoni murió, cerca del caserío familiar de Ardèvol, como resultado de las heridas que había sufrido en un encuentro cerca de Clariana de Cardener. Otro veterano matiner, Tòfol de Vallirana cayó en manos del ejército que le fusiló, junto con todos sus voluntarios. Josep Estartús se incorporó tarde y tímidamente a la lucha y publicó un bando mediante el cual excusaba a los habituales de su partida que no quisieran tomar las armas. Josep Borges quizá fue el comandante carlista más activo pero pronto, antes de que terminara el año, se exilió a Italia.

Desde el periodo de la guerra de los “matiners· y durante el bienio progresista aparece un sentimiento creciente de catalanidad que empapaba las distintas clases sociales, así como las distintas ideologías políticas. Este sentimiento crecía proporcionalmente al avance de la toma de conciencia sobre el maltrato que los sucesivos gobiernos sometían a los catalanes. Eso, desde entonces y posteriormente, se descubre más fácilmente a partir de las críticas y ataques de la prensa madrileña que por las afirmaciones de los cronistas catalanes.

En plena guerra de los “matiners”, el general Ramón Cabrera arengaba a sus voluntarios azuzando el patriotismo catalán. El general carlista envió una carta al periódico francés L’Union, con fecha de 15 de noviembre de 1848, mediante la cual afirmaba que “Cataluña está harta de los actos arbitrarios del gobierno de Madrid, de su sistema odioso de corrupción. Este es el yugo del que quiere librarse. Por lo que se refiere a mis voluntarios, casi todos son hijos de Cataluña y ella está orgullosa de su conducta y sobre todo, de su fidelidad y valor […] pero la pesadilla de Madrid es la fusión carlo-progresista. La desgracia siempre ha hermanado a los compatriotas…”. Y en fecha de 25 de marzo de 1849, el capitán general de los “matiners” se dirigía a la población del Principado con las siguientes palabras: “Catalanes […] por el bando de Concha, del 14 de abril, se os rebaja a ser esclavos de una banda que desde hace mucho tiempo progresa y mejora con vuestro sudor y vuestra sangre, arrastrando por el lodo la bandera que con tanto orgullo pasearon vuestros padres por el mundo. Ya es hora de que salgáis del marasmo en el que estáis y añadiendo otro esfuerzo a los que tan heroicamente habéis realizado, reconquistéis el orden y la paz, así como la independencia, que sin ningún pudor os han robado estos hipócritas y mentirosos”.

Por el lado del gobierno, la prensa oficial atacaba a los catalanes con los reproches que desde entonces se han hecho habituales. La Revista Militar de 12 de enero de 1848 los acusaba de mantenerse siempre hostiles a España, con el fin de “monopolizar la industria […] aplazar el cobro de las contribuciones y eludir las cargas generales”, amparándose en la revuelta como método egoísta y “costumbre inveterada”. La edición del periódico El Fomento, de 6 de 1849, reproducía un fragmento del periódico madrileño La España que decía lo siguiente: “… si viésemos que pasa el tiempo, sin que la campaña […] obtuviese ventajas positivas sobre el jefe carlista (Cabrera) nosotros no permaneceremos pasivos y hablaremos alto y claro al gobierno y la nación […] y haremos ver que no es razón, ni justicia, ni puede tolerarse más tiempo que una provincia de España sobre la cual han llovido y llueven beneficios y monopolios perjudiciales al resto de la nación, esté causando el mal estar y desasosiego de toda ella, recargándola en sus contribuciones ordinarias y de sangre, haciendo que las 45 provincias restantes, vayan a consumirse en las provincias rebeldes, regadas con sangre castellana…”.

Habiendo transcurrido cinco años, o casi seis, desde que hubo finalizado la guerra de los “matiners”, el general que entonces proclamó la victoria, Gutiérrez de la Concha, todavía mantenía la opinión del gobierno de Narváez que etiquetó aquella lucha como una guerra de Cataluña contra España. Hemos visto que, alrededor del día 25 de abril de 1854, recién llegado a Barcelona y habiendo sido nombrado presidente de la Junta provisional de gobierno, declaró que no podía admitir que “una provincia cualquiera aspire a sobreponerse, a encadenar sus intereses a las demás”. La parte más conservadora de la prensa madrileña seguía sosteniendo el discurso consistente en culpar a los catalanes de ser unos privilegiados desagradecidos, siempre beneficiados por los “monopolios”que les concedía el Estado, con los que podían vivir muy bien, en detrimento del resto de españoles. Añadían que en Andalucía o en Galicia la gente se moría de hambre mientras los opulentos catalanes se levantaban contra la monarquía y contra España. Algunos periódicos recomendaban que se diera a Cataluña el mismo trato que le dio Felipe V – por ejemplo, lo decía El Occidente de 7 de julio de 1855- o incluso exigían que Espartero bombardease nuevamente Barcelona, como lo había hecho en 1842 y 1843. El periódico Las Novedades de 8 de julio de 1855, decía lo siguiente: “Diríase que Cataluña mira con desdén al resto de la Península, más aún, con aversión y que procura engrandecerse cuanto puede a costa suya…”. El periódico El Parlamento, en su edición del día 14 de julio de 1855 comparaba Irlanda y Cataluña para distinguir la Cataluña industrial y la del interior, que era rural, pero al fin recomendaba que se sometiera a todos los catalanes con mano dura. Incluso la existencia de la lengua catalana molestaba al poder central que la consideraba una amenaza. Recordemos, a modo de ejemplo, que en el listado de principios que habían de conformar el proyecto de ley sobre “la cuestión industrial” y que acordaron los diputados catalanes y el ministro de Fomento en la reunión que celebraron el 14 de julio de 1855, en Madrid, incluía que la contratación laboral de jóvenes quedara condicionada a que supieran leer y escribir. Este requisito- no reclamado por los diputados, ni por los trabajadores- fue incorporado a iniciativa del gobierno y tenía por objetivo la extensión del conocimiento y uso de la lengua castellana- la única en la que era posible la alfabetización- como herramienta de españolización. En realidad, el cumplimiento de este requisito hubiera significado que los industriales no pudieran contratar trabajadores que no supieran hablar, leer y escribir en castellano.

Precisamente la única coincidencia ideológica y sentimental que hermanaba a los políticos, empresarios y trabajadores catalanes era la conciencia catalana y el convencimiento respecto la incomprensión que sufrían por parte del Estado . Por aquel entonces ya resultaba evidente que dicha incomprensión afectaba desfavorablemente tanto la cohesión social y económica del país, como la cultural. La reunión que se celebró en fecha del 4 de julio de 1855 en el ayuntamiento de Barcelona y en la que participaron regidores municipales y de la Diputación, miembros de la Milicia Nacional y representantes de los trabajadores- todos ellos catalanes- acabó en un rápido acuerdo. Los trabajadores aceptaron que dejarían de forzar el cierre de comercios y que no alterarían la paz en las calles a cambio de que la comisión de notables que habían viajado a Madrid para negociar la ley “industrial” cooperase con la comisión de trabajadores que se encontraban en la capital. Es decir, entre catalanes había cierto entendimiento o, por lo menos, la voluntad de entenderse. En el año 1854, el político republicano Francesc Pi i Margall escribía lo siguiente: : “[…] La paz es en España tanto más inasequible, cuanto que apenas hay un sistema de administración, de economía, de hacienda, que no lastime los intereses y las opiniones de una localidad […] Muchas de las antiguas provincias conservan todavía un carácter y una lengua que las distingue de lo demás del reino […] Levantáis unas provincias sobre la ruina de las otras; acabáis por destruirlas […] La unidad en la variedad es la ley del mundo […] Dejemos, por consiguiente, a las provincias que se gobiernen como quieran […] [38] .

Joan Mañé i Flaquer, Director del Diario de Barcelona
Joan Mañé i Flaquer, Director del Diario de Barcelona

Laureà Figuerola comparó el Madrid palatino y burócrata con la Barcelona industrial a fin de demostrar que el gobierno no era capaz de entender lo que sucedía en Cataluña (debate de las Cortes del 19 de mayo de 1855). Joan Mañé i Flaquer, director del Diario de Barcelona y monárquico conservador, publicó unos cuantos escritos en el periódico francés Le Messager du Midi, en agosto de 1855, mediante los cuales expresó su opinión sobre dicha cuestión. En uno de ellos decía lo siguiente: “España es una federación de pueblos, de nacionalidades, de razas distintas, con distintas tradiciones, costumbres e idiomas también diferentes […] Establecer la unidad de España significa introducir la uniformidad y la igualdad de la miseria, de la ignorancia y de la decadencia moral”[39] . Seguro que Mañé, como director del diario más importante de Cataluña, no podía publicar en casa una opinión de este calibre. Por entonces unos cuantos intelectuales (por ejemplo, Antoni de Bofarull, acusado de separatista por la prensa madrileña) e industriales (Joan Güell, Joan Illas…) clamaban contra el centralismo. La edición del Diario de Barcelona del día 27 de julio de 1854 recogía un artículo del periódico portugués El Progreso que tachaba la unificación administrativa española de exagerada y exótica. El suplemento del Diario de Barcelona, de fecha 21 de mayo de 1855, publicaba la “Exposición elevada a SM por el Excmo. Ayuntamiento de Barcelona”, por la cual la ciudad reclamaba la propiedad de los terrenos que ocupaba la muralla y terrenos adyacentes. Los letrados autores de esta exposición, al paso que relataban la historia de las fortificaciones de la ciudad, se lamentaban de la abolición de “la venerada y antiquísima Constitución de Cataluña” llevada a cabo por Felipe V.

Victor Balaguer, director de La Corona de Aragón y de El Catalán
Victor Balaguer, director de La Corona de Aragón y de El Catalán

El sentimiento de catalanidad, enfrentado a la centralización, también formaba parte de la mentalidad de los trabajadores. Lo adivinamos en el respeto que mostraban por las autoridades de las instituciones que consideraban propias, como los ayuntamientos y las diputaciones, así como por el apego a la lengua materna que las gentes del país y especialmente las clases populares utilizaban con toda naturalidad, incluso en circunstancias en las cuales el uso de la misma les podía resultar perjudicial para sus intereses. El general Francisco Mata y Alòs, en fecha del día 6 de diciembre de 1848, cuando ya había conseguido que Poses, cabecilla “matiner”, pasara al bando de la reina, tuvo que convencer a los seguidores del mismo cambiando de lengua para hablarles en catalán. Entonces, los voluntarios de Poses bajaron las armas con que le apuntaban y le escucharon. Antoni Geis, el hilador que vestía elegantemente, no debió ser un iletrado y el periodista que cubría el juicio por los crímenes de la masía Sant Jaume se sorprendió debido a que este acusado declaró ante el tribunal militar hablando únicamente en catalán… y claro está que Geis entendía perfectamente las cuestiones que le planteaban en castellano. Sin duda, la sorpresa del periodista se fundaba en que debió considerar al acusado un imprudente. Incluso parece que los hiladores, por lo menos, creían que sus intereses de clase y no los de los industriales, eran los propios del pueblo catalán. Durante el mes de julio de 1855, Joan Alzina y Joaquim Molar, comisionados por las asociaciones de los obreros catalanes que se trasladaron a Madrid, respondieron la diatriba de Laureà Figuerola, dándole a conocer que estaban muy contrariados porque un ataque tan furibundo proviniera de un “representante de la provincia” – es decir, que hubiera sido formulado por un catalán. Joan Alzina, al finalizar este año, discurseaba a los líderes de las incipientes asociaciones obreras madrileñas y después que se hubo excusado por no expresarse correctamente en castellano, se mostró orgulloso, como catalán, por la riqueza industrial de Cataluña: “La provincia de Cataluña, señores, ha de estar regida por las mismas leyes que las otras provincias de España; pero de distinta manera. El carácter del catalán es algo peculiar; si ha de decir una cosa la dice clara y terminantemente. Nos llaman por eso orgullosos […] Cataluña es industrial y no agrícola […] los habitantes de Cataluña no quieren que los manden a palos, sino con la persuasión; y por eso me atrevo a decir que las autoridades no han tenido allí bastante tacto en las críticas circunstancias que hemos atravesado” [40]. No ha faltado algún comentarista español que ha etiquetado a Josep Barceló como líder “nacionalista”.

5.3 La primera etapa; la destrucción de las máquinas: sacando provecho de la lección de Eric J. Hobsbawm.

Josep Benet y Casimir Martí afirman que “más bien podemos considerar la lucha contra las máquinas selfactinas […] como el último acto de la lucha violenta del obrero catalán contra las máquinas; el final, podríamos decir, de una etapa de la historia ascendente del movimiento obrero”[41] . El aserto de los autores de la obra citada es exacto, si tenemos en cuenta que se refieren exclusivamente al fin de una etapa de la evolución política de las asociaciones obreras.

Precisamente, las asociaciones de trabajadores abandonaron su fijación contra la mecanización, coincidiendo con la ejecución de Josep Barceló Cassadó. Podríamos sospechar que los dirigentes obreros- concretamente, los de la asociación de hiladores- entendieron que la causa verdadera del asesinato “legal” de Barceló había sido la lucha sin cuartel que habían llevado a cabo contra las “selfactinas” y la desafección al Estado que ésta había suscitado entre los grandes industriales- recordemos los discursos de Laureà Figuerola. La concentración de hiladores, encabezados por Ramon Maseda, en el lugar de la ejecución de Barceló, justo cuando se cumplía el primer aniversario de su muerte, emana la sensación de un punto a parte. Los manifestantes juraron venganza pero, a la vez, iniciaban una nueva etapa. El sacrificio de Barceló también tuvo un valor simbólico para Juan Zapatero ya que de esta manera terrible cerraba la época de veleidades protagonizada por las anteriores autoridades del Estado- De la Rocha, Mádoz, Franquet…- que se había significado por el acuerdo que promovió Barceló y que llevó a la prohibición del uso de las “selfactinas”.

Algunas de las ideas que expresó Eric J. Hobsbawm en el estudio titulado “Los destructores de máquinas”[42], referido al caso inglés, comparativamente, nos revelan las características de la lucha de los trabajadores catalanes contra el maquinismo que culminaron en las huelgas de 1854. En el momento que Hobsbawm escribió dicho estudio- durante la década de los sesenta del siglo XX- todavía perduraba la opinión de los apologistas económicos del siglo XIX- nos dice el autor- según la cual los trabajadores debían aprender a no ser tan cabezotas en la negación de las verdades de la ciencia económica, aunque éstas fueran difíciles de admitir. Hobsbawum distingue, entre dichos apologistas, a los liberales puros de los fabianos, de tendencia liberal. La diferencia que separa unos de otros es que los fabianos pensaban que los métodos de mano dura y represión no resultan tan eficaces como la negociación pero, al fin, los seguidores de ambos grupos creían que los trabajadores contrarios a la mecanización dañaban las máquinas ciegamente, como los animales de laboratorio cuando reciben descargas eléctricas. Por lo tanto, concluían que los destructores de máquinas deberían aceptar que su derrota resultaba inevitable.

La mentalidad de los liberales, descrita por Hobsbawm, queda demostrada por el artículo extraído de la prensa británica- sin fecha, ni cita de la fuente- que publicó el Diario de Barcelona de 21 de julio de 1854, el autor del cual predecía la victoria inevitable del capital sobre “los campeones del derecho del trabajo” y recomendaba a los trabajadores que se conformaran con su situación si no querían terminar en la casa de beneficencia. El Diario de Barcelona resumía otro artículo de El Barcelonés, del día 25, que coincidía en el mismo pronóstico y se refería al error que suponía la destrucción de máquinas ya que consideraba un hecho probado que con los nuevos ingenios cada vez había más fábricas y por lo tanto, aumentaban sensiblemente las posibilidades de ocupación laboral.

Hobsbawm distinguía dos clases de destructores de máquinas. Los había que sentían verdadera hostilidad contra los nuevos inventos ya que los consideraban los culpables directos del paro pero había otros que se esforzaban en estropearlas o destruirlas para forzar la negociación o para obligar a los fabricantes a la aplicación de condiciones de trabajo más favorables. Los obreros del primer grupo, en realidad, no únicamente se oponían a la mecanización sino que se enfrentaban a cualquier cambio productivo que amenazase su medio de subsistencia. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los trabajadores del sector de la tipografía jamás se opusieron a la introducción de prensas mecánicas, lo que prueba que si la mecanización no perjudicaba la ocupación, nadie la discutía.

La existencia del segundo grupo de trabajadores queda demostrada por el hecho que, en aquella época, no solamente se destrozaron máquinas sino que también se destruyeron materias primas y productos acabados, se incendiaron fábricas, se agredió a empresarios y a sus familias, así como se pegó fuego a sus viviendas. Averiando máquinas, provocando incendios y en definitiva, asustando a los empresarios, los obreros de este grupo, no solamente forzaban la negociación sino que también luchaban contra los esquiroles y, en definitiva, procuraban la efectividad de la huelga. Recordemos que muchos incendios de centros fabriles fueron descritos por la prensa como conatos- es decir, de efectos limitados- y también recordaremos que los empresarios perjudicados se resistían a reconocer que las llamas habían sido provocadas porqué, en parte, eran conscientes de las reglas del juego y querían recuperar la paz social interna en sus establecimientos.

Hobsbawum todavía descubre una tercera ventaja en la acción contra las máquinas, la cual consiste en la cohesión interna que las actuaciones de fuerza colectiva proporcionan al grupo. Los huelguistas se manifiestan y llevan a cabo actuaciones más o menos violentas para demostrarse y demostrar a todo el mundo, el empuje que poseen.

Finalmente, las asociaciones catalanas de operarios textiles, después de las huelgas de 1854 y la ejecución de Josep Barceló, concluyeron que el progreso técnico no puede detenerse. Cuando Joan Alzina presumía, en Madrid, ante los parlamentarios y obreros de la capital, del empuje de la industria catalana, sabía perfectamente que esta prosperidad, en parte importante, se debía a la mecanización. Recordemos que durante el año cincuenta y cuatro y en pleno apogeo de las huelgas, la prensa seguía celebrando la inauguración de nuevas fábricas, no únicamente textiles, sino que también de quincallería, ferretería e incluso de lavandería.

5.4 Segunda etapa: el asociacionismo obrero.

Evidentemente, existe la lucha obrera desde que existen obreros y las reivindicaciones que la han motivado siempre han sido las mismas: incremento de la ocupación, reducción de la jornada de trabajo, retribuciones dignas, protección del trabajador en los casos de infortunio, higiene y salud laboral y salvaguarda de asociación y de huelga (libertad sindical).

Pero en una primera fase, los trabajadores en lucha no se planteaban la reivindicación del derecho de asociación- aunque se asociaran más o menos informalmente- porqué creían que los conflictos con los empresarios constituían asuntos particulares que debían ser tratados en el marco contractual privado. En este aspecto, se constata la persistencia de la mentalidad propia de la casa solariega auto-suficiente, la cual contaba, entre sus medios, con un telar destinado a satisfacer las necesidades familiares y complementar la economía agraria con la venta del producto excedente. El origen agrario y menestral de la industria textil explica, en parte, el mito del patrón paternal que perdura hasta el siglo XX. Pero cuando se masifica la clase obrera y los trabajadores se desarraigan de las casas solariegas y de los pequeños talleres para convertirse en individuos despersonalizados, diluidos entre una masa de congéneres, apelotonados en grandes fábricas, mediatizados por capataces, sin afectos ni relaciones personales con quien los contrata, entonces es cuando la lucha de clases aparece en su faceta más dura.

Joaquim Molar, el dirigente obrero que estuvo en Madrid durante el verano de 1855, con sus compañeros Alzina i Francesch, a fin de promover la aprobación de la ley “sobre ejercicio, policía, sociedades, jurisdicción e inspección de la industria manufacturera”, pronunció un discurso, publicado por El Eco de la Clase Obrera, en el transcurso del cual afirmó que, en el momento que De la Rocha prohibió las asociaciones de trabajadores, éstas cumplían quince años de existencia- es decir, que fueron creadas alrededor de 1840, antes del levantamiento de la “jamancia”. La primera asociación que se fundó, fue la de los tejedores. Aquellas asociaciones primerizas tenían por único objeto la prestación de ayudas mutuales. Molar también explicó que, al llegar la prohibición impuesta por De la Rocha, las asociaciones catalanas contaban con 80.000 afiliados y que la agrupación de este tipo que acumuló un fondo económico más sustancioso, no reunió más de 2000 duros.

Molar y Alzina reiteraron ante los trabajadores madrileños que las asociaciones de trabajadores catalanas eran libres, que se regían por normas internas democráticas, aprobadas por los socios, que todos los cargos de las mismas – empezando por el nombramiento de sus presidentes- eran electos, que contaban con interventores económicos que fiscalizaban los gastos y que las ayudas que concedían a los parados se anunciaban públicamente, persona por persona.

No creemos que Molar y Alzina mintiesen, en el sentido que se sacaran de la manga un tipo de asociaciones que, en realidad, no existieran pero tampoco dudamos que se esforzaron en presentarlas en sus aspectos más atractivos para conseguir que fueran legalizadas. Sobre todo, Molar quiso demostrar que las asociaciones que representaban no acumulaban riquezas y que todo el capital que poseían se dedicaba a las ayudas mutuales.

La existencia de las asociaciones de trabajadores desde 1839, o 1840 y que se desarrollaron durante la dictadura de Narváez, demuestra que, por lo menos, durante más de un decenio fueron toleradas. En realidad, a lo largo de estos primeros quince años, solamente encontramos que son mencionadas indirectamente y muy ocasionalmente por la prensa. Por lo tanto, las asociaciones obreras, durante dicho periodo, no debieron molestar demasiado a los industriales y por dicha razón tampoco descubrimos informes o “exposiciones” suscritas por las organizaciones patronales que tratasen estrictamente sobre las relaciones laborales, sino que todas las conocidas constituyen análisis económicos, fiscales, o de mercados. El cualquier caso, la Junta de Fábricas no hablaba de los trabajadores [43].

En realidad, las asociaciones de trabajadores comienzan a ser mencionadas por la prensa con motivo de las huelgas de las “selfactinas”- y más claramente, con motivo de la huelga declarada en fecha del 14 de julio de 1854. Es decir, tenemos noticias de ellas a partir de que la huelga en las fábricas textiles demostró la capacidad organizativa y de lucha colectiva de los trabajadores. Hasta entonces, hubo tumultos, destrucción de telares, incendios de establecimientos y agresiones a empresarios, que no se atribuían directamente a las asociaciones. Pero, a partir de entonces- sea dicho con las mismas palabras que los hiladores utilizaron para criticar a Laureà Figuerola, en agosto de 1854- los trabajadores comprendieron que debían superar el simple mutualismo y las acciones espontáneas y locales de resistencia, por lo que declararon que “Ya no somos tan tontos que no conozcamos que si la política no va unida a la organización del trabajo es fácil que los obreros nos quedemos sin ocupación”. Es decir, los hiladores asociados entendieron que debían pasar a la fase de acción unitaria ante la Junta de Fábricas, mediante el ejercicio de la negociación colectiva, y ante el Estado, con el objetivo de conseguir una legislación que les protegiera. También tenían claro que no conseguirían estos objetivos si no adoptaban un programa reivindicativo unitario y lo acompañaban de la movilización contra el poder económico industrial.

En definitiva, el gran cambio en la evolución del asociacionismo obrero se produjo cuando los trabajadores a sueldo sumaron muchos miles. Entonces fue cuando las asociaciones se dieron cuenta de que los conflictos inherentes a la organización del trabajo también debían tratarse de forma global y en consecuencia, “políticamente”. Y fue a partir de este momento que los empresarios, lógicamente, se asustaron pues vieron que estaba en peligro el poder que tenían de dirigir libremente sus negocios. Pero no únicamente se espantaron los patrones, sino que también los gobernantes puesto que, precisamente, este cambio- es decir, la irrupción de los trabajadores en la escena política- provocó que la economía industrial del Estado dejara de ser un asunto en manos de los industriales para convertirse en una materia mediatizada por tres sujetos: Estado, empresarios y trabajadores.

El miedo que provocó la irrupción de los trabajadores organizados en la escena política era deudor, en gran parte, del empuje económico que adquirieron las asociaciones obreras- sobre todo, de las asociaciones de hiladores y tejedores- ya que no se sabía hasta donde podía llegar la incidencia de estas agrupaciones en tanto que “capitalistas”. Las clases dominantes temían que pudiera llegar el día en que la fuerza de los capitales “privados”, no solamente se viera contrarrestada por los capitales “corporativos” por lo que se refiere a las relaciones laborales, sino que éstos se constituyeran en “empresa” y compitieran en el mercado. El Estado incluso temía que el asociacionismo obrero se convirtiera en un Estado dentro del Estado. En un sentido más inmediato, el temor respecto el poder económico y la hegemonía ideológica que pudieran adquirir las asociaciones de trabajadores se fundaba en causas cercanas puesto que el gobierno y los partidos liberales sospechaban que financiaban, o podían financiar, las partidas armadas de todo tipo y a los partidos republicanos. Este temor se demostraba en las declaraciones que a menudo proferían los políticos conservadores referidas a las supuestas relaciones de las asociaciones con los carlistas.

Por las razones expuestas, los grandes empresarios y los gobernantes españoles se opusieron firmemente a que las asociaciones de trabajadores dispusieran libremente de los capitales que habían acumulado, los cuales quisieron que ingresaran en entidades controladas por el gobierno y así fiscalizar el gasto y el número de asociados; también pretendían encerrar las asociaciones en ámbitos territoriales locales y obstaculizar su alianza o fusión.

Hay que tener en cuenta que, como ya se ha dicho, el Estado español estaba en construcción, era institucionalmente muy débil, se sostenía solamente en el ejército- siempre dividido- y se encontraba a medio camino entre el antiguo régimen y el espejismo del modelo de Estado francés, pero sin república. El Estado liberal español no había conseguido el régimen jurídico y jurisdiccional, estructurado, estable y creíble, que le permitiera la estabilidad y la continuidad necesarias para desarrollar el país. Por eso, la irrupción de la clase trabajadora, eminentemente catalana, en la escena política, no podía ser digerida por unos gobernantes que no tenían capacidad mental ni práctica de reconducir un conflicto que no entendían. Además, las clases poderosas castellanas- sostenedoras de la idea nacional- todavía ancladas en una aristocracia decadente de latifundistas cerealistas y financieros especuladores- José María de Salamanca, fue un ejemplo paradigmático- así como de funcionarios madrileños, permanecían instaladas en la ceguera del centralismo uniformador y explotador de las “provincias” que, por principio, no podía admitir la existencia de diferencias culturales, sociales, económicas, ni de cualquier otro tipo que desdibujaran el imaginario de la España que querían conformar. Durante el siglo XIX las revueltas catalanas fueron incesantes y ante ellas los dirigentes españoles ni miraban, ni escuchaban, ni querían saber. Bombardeaban Barcelona periódicamente y abandonaban Cataluña en manos de un ejército drástico.

Habiendo transcurrido muchos años de luchas y cambios políticos, la tensión entre los tres protagonistas de las relaciones laborales, se fue encauzando por el camino que reclamaban las asociaciones obreras. El enfrentamiento entre el liberalismo extremo defendido por los empresarios y la intervención legislativa del Estado, defendida por los trabajadores, ha avanzado a favor de estos últimos- por lo menos, en los países europeos. Ciertamente, la tensión entre liberalismo e intervencionismo no se ha esfumado; siempre ha existido y siempre existirá, lo que queda demostrado por las progresivas reformas de las leyes laborales, las cuales, en los últimos tiempos, tienden a liberalizar la contratación laboral y a recortar los imperativos legales, aunque ampliando el ámbito de la negociación colectiva.

Pero, por lo menos en un supuesto, el propósito de aquellas primeras asociaciones de trabajadores no se ha cumplido. Efectivamente, los debutantes del sindicalismo nunca pudieron imaginar que las ayudas mutuales serían monopolizadas por el Estado y atribuidas a una institución administrativa: la Seguridad Social. De esta manera, el Estado ha evitado la acumulación “excesiva” de capitales en las organizaciones sindicales, a la vez que ha impedido que éstas alcanzaran la hegemonía total en el mundo del trabajo y ha dado sentido positivo y crédito al mismo Estado, en tanto que prestador de servicios sociales.

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[1] “ La selfactina era una máquina de hilar automática, movida por la fuerza del vapor que fue inventada en la Gran Bretaña. Se dice que durante el año 1832 el fabricante Bonaplata  introdujo el modelo llamado mule jenny en Cataluña. El modelo de telar perfeccionado de mediados del XIX solamente necesitaba un único operario que la atendiera. El funcionamiento de las máquinas precedentes exigían la intervención de dos o más trabajadores. La selfactina, derivada de la mule jenny, producía muchos hilados a la vez.

[2] ““Industrials i polítics del segle XIX”. Edit. Vicens Vives. Barcelona, 1961: “Història dels catalans”. Volumen 5º. Ediciones Ariel. Barcelona, 1963-1968.

[3] La cana era una medida de superficie y de longitud. Como medida de superficie tenía distintos valores, según se tratara de la cana de las comarcas gerundenses, barcelonesas, leridanas o tarraconenses pero las diferencias eran pocas. En Barcelona, una cana equivalía a 2, 438 m.2. La cana de longitud equivalía a 2,796 m.

[4] El edificio de esta parroquia sobrevivió hasta que, no hace demasiados años, se amplió el Palau de la Música. Joan Anchon se vió implicado en el asunto de los secuestros de Sants (10 de abril de 1848) ya que era un buen amigo de Joan Cros, uno de los industriales que resultó secuestrado. Cros durante su cautiverio, escribió a Joan Anchón para pedirle el pago del rescate exigido por los trabucaires. Sobre los hechos mencionados, podéis consultar la crónica titulada “Bajo dos o tres banderas”, publicada en esta mima web.

[5] Sobre dichos personajes, podéis leer “El comissari Ramon Serra i Monclús i la ronda de Jeroni Tarrés” en esta misma web.

[6] La Milicia Nacional era un cuerpo militar de carácter popular y formado por voluntarios locales. Los republicanos siempre estuvieron muy presentes en sus filas. Durante la “jamancia” los milicianos lucharon contra el ejército, al lado de los revoltosos.

[7] Según nos dice F.Curet, la pretensión de cobrar este gravamen a unos barceloneses que retornaban a sus domicilios, llevando unos pellejos de vino consigo, después que hubieran participado en una fiesta campestre, fue la mecha que incendió el levantamiento de 1842, a la cual siguió la revuelta de la “jamancia” (1843). La Jamancia, 1842-1843. Dalmau, editor. Barcelona, 1961.

[8] Existe una cierta confusión entre los telares llamados “molgenis” (“mule jenny”) y los llamados “bergadanes”- creadas entre 1790 y 1795-. Se dice que la “bergadana” se inspiraba en la “jenny” inglesa pero tenía mas husos (60, 70 e incluso 100, en los modelos del siglo XIX).

[9] Laureà Figuerola Ballester (1816-1903). Economista y político. Había estudiado economía, derecho y filosofía. Siempre defendió las ideas del liberalismo económico y, con algunas contradicciones, del librecambismo. Fue ministro de Hacienda, presidente del Senado y uno de los principales introductores de la peseta como moneda única española. Durante el bienio progresista se opuso a la legalización del asociacionismo obrero y a la regulación del mercado y de las relaciones laborales.

[10] El Constitucional del día 3 de abril reclamaba al gobierno el fomento decidido de la agricultura, la protección del comercio y el soporte constante de las artes y de las manufacturas. La opinión progresista también pedía una ley general de salud pública y otra “bancaria”. Para conseguir estos objetivos y otros de reforma y fomento, era necesario que, en primer lugar, se emprendiera la desamortización que debería afectar, además de los bienes eclesiásticos, los bienes propios y comunales locales, aunque se querían excluir aquellos que se dedicasen a la beneficencia. Asimismo, el periodista exigía la destitución inmediata de los funcionarios sobrantes. Los nuevos gobernantes justificaban el golpe militar que habían llevado a cabo por la necesidad de enfrentarse a la quiebra económica del Estado, la corrupción administrativa y financiera- de la cual, indirectamente, acusaban a la reina Isabel II y sobre todo, a su madre María Cristina.

[11] La noticia fue publicada por La Corona de Aragón y recogida por El Diario de Barcelona del día 2 de abril de 1855.

[12]Crims a la Catalunya del segle XIX”. Manuel Bofarull Terrades. Edicions Cosseitania. Valls, 2008.

[13] La prensa informó que un vecino de Poboleda, habiendo presenciado que las autoridades municipales repartían carne a los milicianos, en medio de la plaza del pueblo, volvió a su domicilio y mató a su mujer con unas tijeras de podar, mientras gritaba “¡yo también quiero comer carne!”. La insalubridad de la Barcelona amurallada era una queja popular antigua. El amontonamiento de casas, talleres, animales, basura y detritus de todo tipo, constituía un hecho denunciado por todos. Algunas reivindicaciones obreras incluían la petición de que se abrieran ventanas y patios en los talleres a fin de que circulara el aire y las autoridades eran muy conscientes de que la falta de higiene constituía la causa de las epidemias recurrentes que asolaban la ciudad.

[14] Suponemos que el primer grado que se le atribuía correspondía al ejército- o, a la milicia nacional- y el segundo, al cuerpo de los mozos de escuadra.

[15] Los apellidos de algunos detenidos, como es el caso de Aguiló y de Geis, son los que más usualmente daban los periodistas. Pero, en las informaciones de la prensa, a veces estos acusados parecían con los apellidos de Águila- el primero- i de Gis, Gueis o Guius- el segundo. Podemos sospechar que Antoni Geis y Antoni Gual- uno de los jefes de la asociación de hiladores que firmó, junto a Josep Barceló y otros, la exposición de reivindicaciones, fechada a 29 de julio- fueran la misma persona. Ciertamente, después de la detención y ejecución de los condenados por los crímenes de Olesa, no tenemos más noticias sobre Antoni Gual.

[16] Un hilador cobraba entre 4 y 5 reales diarios; es decir, una peseta o una peseta y media. Eso significa que un hilador en un mes podía ganar, si tenía trabajo, unos 7 duros, por lo que Geis llevaba en los bolsillos el sueldo acumulado de más de 7 meses. Parece excesivo.

[17] Pero, en realidad, la prohibición a la que se refería Figuerola no se formalizó hasta que se estableció mediante la disposición normativa de Ciril Franquet, gobernador civil, de 20 de abril de 1855 (publicada por la prensa el primero de mayo).

[18] También en este caso, como en el de la prohibición del asociacionismo obrero, Figuerola se avanzó a los acontecimientos. La detención de Josep Barceló se produjo al cabo de unos días, en el 27 de abril. Pau Melís, que implicó a Barceló en el crimen de la masía Sant Jaume, fue detenido el 19 de abril, en la misma fecha que Figuerola, en la sesión de las Cortes, daba por cierta la participación de Barceló en dicho crimen.

[19] Hemos de suponer que el coronel presidente era Josep, (o Magí) Ravell ya que éste fue quien después presidió el consejo de guerra que condenó a Josep Barceló.

[20] Si fuera cierto que Arquer estaba preso en Fort Pius, ¿cómo podía ser que saliera de la prisión y viajara hasta Olesa para asaltar la casa Sant Jaume?. Pero el asunto del encarcelamiento de Arquer es poco claro y nadie lo alegó, ni tan solo mencionó sin tapujos.

[21] Esta ley preveía la declaración del estado de sitio, la imposición de la ley marcial y la entrega de los sediciosos a los tribunales de guerra (comisiones militares).

[22] Conrad Roure. “Memorias de mi larga vida”. Edición al cuidado de Josep Pich i Mitjana. Eumo Edit. IUHJVV y Museu de la Història de la Ciutat. Barcelona, 2011.

[23] Principalmente, “Historia de las Escuadras de Cataluña: su origen, sus proezas, sus vicisitudes, intercalada con la vida y los hechos de los más célebres ladrones y bandoleros”. José Ortega y Espinós. 1858.

[24] Sobre este caso, podéis leer en esta misma web, “L’assassinat de la baronessa de Senaller (1855)”.

[25] En realidad, Mañé dice que a partir de esta intervención “la clase trabajadora dejó de ser considerada más tiempo fuera de la ley”. Pero obviamente se trata de una afirmación exagerada e incierta.

[26] Esta versión que culpabilizaba del crimen a los carlistas es mencionada en “Barcelona a mitjan segle XIX. El moviment obrer durant el bienni progressista”. Josep Benet y Casimir Martí. Curial Edicions Catalanes. Barcelona, 1976.

[27] Ildefons Cerdà i Sunyer (1815-1876), nacido en Centelles, fue ingeniero, urbanista, economista y político de ideología republicana, muy cercano a las teorías de Cabet y Proudhon. Autor del proyecto urbanístico del Eixample (Ensanche) de Barcelona que finalmente se adoptó (Pla Cerdà). También fue miembro de la Milicia Nacional, regidor del ayuntamiento de Barcelona y diputado por la candidatura progresista, junto a Estanislau Figueres, Pascual Mádoz y Jacint Feliu.

[28] En realidad, se llamaba Bartomeu Pozas- su padre era gallego- y nació en Sant Feliu de Codines. “Poses” era el alias, originado en la catalanización de su apellido. Fue un “matiner” de importancia, adscrito a la rama más liberal del carlismo. Durante el otoño de 1848 se pasó al ejército del gobierno y hasta el término de la guerra luchó contra sus antiguos correligionarios, aunque sin demasiado entusiasmo. Estaba destinado en El Ferrol cuando estalló la tercera guerra carlista y se alzó contra el gobierno proclamando la república federal.

[29] El bando de Zapatero se refería “a los directores del desorden, a los que en el día de ayer hicieron un ayuntamiento, una diputación y demás autoridades y a los que fueron a jurar venganza sobre el terreno en el que se ajustició a Barcelo”. Origen y estado actual de la cuestión del trabajo en Cataluña. Ceferino Tresserra. Barcelona, 1855.

[30] El Diario de Barcelona del día 7 calculaba que habían huido de la ciudad entre 11.000 i 12.000 personas.

[31] Diario de Barcelona del 28.7.1855. La destitución de Ballera estaba firmada en fecha del día 24.

[32] Josep Anselm Clavé (1824-1874). Político republicano federalista y músico. Tuvo gran ascendencia entre los obreros y los menestrales catalanes. Siendo muy joven participó en las revueltas de 1842 y 1843. Devino un activista cultural en beneficio de los obreros. Fue creador de la sociedad musical La Fraternal y de muchas otras corales, las cuales juntaron miles de cantores (Cors Clavé). Fue detenido y encarcelado dos o tres veces. Durante la Iª república ostentó algunos cargos políticos.

[33] Historia Contemporánea. Volumen II. Madrid, 1876.

[34] Sea dicho a modo de especulación: ¿quizá “la casa de la marquesa” era la mansión de aquellas “ilustres señoras” que, según informo el Diario de Barcelona, del día 12 de julio de 1855, fueron injustamente detenidas y después, sometidas a vigilancia, por orden de Juan Zapatero?. Recordemos que la causa más probable del cerco personal que sufrieron estas señoras se debió a que no quisieron ceder su domicilio a los militares. “La casa de la marquesa” se situaba en un lugar estratégico, en el acceso a Gràcia, viniendo de Barcelona. Si esta hipótesis fuerera cierta, quedaría probado que, al fin, las “ilustres señoras”  debieron someterse a las pretensiones del ejército y su casa se convirtió en un cuartel, o una aduana, en la cual, lógicamente, se refugiaron Ravell y el resto de oficiales destinados en Gràcia cuando los avatares del levantamiento popular les obligaron a un repliegue.

[35] Les semailles de la République dans les Pyrénées Orientales(1846-1852) ». Peter McPhee. Les publicacions de l’Olivier. Perpiñán, 1992.

[36] “carlo-progresista” constituía la expresión periodística habitual utilizada durante la guerra de los “matiners” para referirse a la alianza de carlistas, republicanos y liberales de izquierda.

[37]Mediante una proclama de fecha 27 de junio de 1855, firmada en Sant Gregori (Girona), Marçal anunciaba que Carlos VI le había nombrado interinamente el jefe superior de las tropas carlistas de Girona.

[38]“La reacción y la revolución”. Madrid,1854.

[39] Redacción a partir de la traducción al catalán de este artículo publicado por “Lo Somatent” en su edición del 6 de abril de 1897.

[40] El Eco de la clase obrera. 9 de desembre de 1855.

[41]Barcelona a mitjan segle XIX. El moviment obrer durant el bienni progresista (1854-1856)”. Curial, documents de cultura. Volúmen I. Barcelona, 1976.

[42] Trabajadores. Estudios de la historia de la clase obrera (Labouring men. Studies in the history of labour). Edit. Crítica. Barcelona, 1979.

[43] En realidad, las patronales solamente se preocupaban por los trabajadores cuando el paro llegaba a niveles muy altos. Durante la guerra de los “matiners”, la Junta de Fábricas realizó considerables aportaciones económicas destinadas, a través de la capitanía general, o del gobierno civil, a las asociaciones mutuales, a fin de que pudieran cubrir las necesidades básicas de los obreros sin trabajo. Estas donaciones se originaban en la preocupación de las autoridades por el enrolamiento de los parados en las partidas armadas de rebeldes.